La guerra intestina en el Cártel de Sinaloa que se libra desde hace 11 días, que comenzó en Culiacán y se ha extendido a prácticamente todo el estado, metió al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en la mayor contradicción de su estrategia de seguridad, no sólo porque está estallando en pedazos en los últimos días de su sexenio, sino porque la descomposición en esa organización criminal, que detonó la captura de su jefe máximo, Ismael el Mayo Zambada, lo dejó en medio del conflicto del grupo criminal con el cual fue tolerante, además de beneficiario del combate contra sus rivales del Cártel Jalisco Nueva Generación.
El Presidente y los altos jefes militares están enredados. El general Jesús Leana Ojeda, comandante de la 3ª Región Militar en Sinaloa, dijo el lunes que la paz en el estado estaba en manos de las facciones del cártel, lo que el Presidente no quiso desmentir ayer cuando le preguntaron sobare los dichos, y se limitó a señalar que su gobierno estaba trabajando en la protección de la población. Qué significa y qué alcance tiene esa protección, no precisó.
La economista Cristina Ibarra analizó en Ríodoce el impacto económico de lo que está provocando la guerra: en 2020, un día de actividad económica equivalía a mil 800 millones de pesos, pero al pararse en seco por esta guerra, las pérdidas diarias podrían llegar a cuando menos 900 millones de pesos, al dejar de trabajar con normalidad más de 700 mil personas, la mitad de la fuerza laboral. El Debate reportó que el sector más afectado ha sido el transporte público porque los grupos en conflicto secuestran las unidades y las incendian. El transporte de carga y turístico han sufrido al evitar la circulación por la carretera federal 15, una de las vías más importantes de comunicación, pero bañada por el conflicto.
El secretario de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval, dijo que el gobierno desconocía qué información tenían los grupos leales a Zambada y a los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán sobre las circunstancias de la detención del Mayo, y sugirió que podrían estar especulando sobre lo que sucedió. El general desmintió en su cara al Presidente. López Obrador ha explicado la violencia en Sinaloa a partir de la captura de Zambada y su posterior carta acusando a los hijos del Chapo de traición, a la cual él y la Fiscalía General de la República, que inició carpetas de investigación sobre sus dichos, le han dado total credibilidad.
El choque de declaraciones esconde la información que tienen sobre la captura de Zambada, que proviene de fuentes del cártel, que no pueden revelar ni actuar en consecuencia. Datos nuevos sobre la extracción del Mayo señalan a un grupo de oficiales y soldados que participaron en la seguridad perimetral del comando que lo detuvo, y que en un aeródromo que tienen bajo control clonaron la matrícula del avión en que lo transportaron ilegalmente a Estados Unidos desde otro aeródromo que también tienen bajo su cuidado.
La información apunta a que esos militares actuaron a espaldas de sus superiores, pero el gobierno está atrapado en sus propias contradicciones. El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, que inició una carpeta de investigación contra Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo a quien Zambada acusa de haberle puesto una trampa, por el presunto delito de traición a la patria, no puede abrir otra contra los militares involucrados en su captura por la misma razón. Tampoco puede hacerlo contra funcionarios de Migración en Sinaloa y Tamaulipas, un estado que fue parte de la ruta que siguió el avión que trasladó a Zambada. Admitirlo sería reconocer que un comando estadounidense operó sin autorización en territorio mexicano, lo que obligaría a López Obrador a tomar medidas diplomáticas extremas, lo que no quiere y prefiere tragarse la realidad de lo que sucedió.
Tampoco puede el gobierno ir contra el gobernador Rubén Rocha Moya, a quien involucró Zambada con el Cártel de Sinaloa, y que, de acuerdo con la información que dieron varios de sus miembros al gobierno, traicionó a su jefe al entregarlo a Estados Unidos –no está claro si hizo lo mismo con Guzmán López–. El gobernador, según fuentes de primer nivel, sí tenía relación con el Cártel de Sinaloa y era el enlace político-electoral de la Ciudad de México con el Mayo. Rocha Moya ha negado cualquier vinculación con los narcotraficantes, pero su vida, por la imputación de Zambada, está en peligro.
Rocha Moya, según la información confirmada en la carta de Zambada, tenía nexos con las dos facciones del cártel, al que varias políticas del gobierno benefició. Una carretera que comunica a Badiraguato, donde nacieron varios de los más importantes narcotraficantes, a Parral, Chihuahua, cruzando la sierra, que con territorios controlados por las milicias del Mayo, ha facilitado el trasiego de drogas hacia Estados Unidos. A Los Chapitos se les advirtió desde el gobierno que había fuertes presiones de Washington para acabar con el fentanilo y les pidieron que dejaran de producirlo. Lo hicieron por breve tiempo, y luego de que regresaron a lo mismo, altos funcionarios de ese país concluyeron que el gobierno de López Obrador los estaba engañando y dejaron de hablar con él.
La guerra que estalló en Culiacán los dejó descolocados y profundamente desinformados, o intentando encubrir y controlar daños. El general Sandoval dijo el miércoles que hasta la sexta semana tras la captura de Zambada tuvieron señales de que se preparaban enfrentamientos, aunque el 12 de agosto, a casi tres semanas de la detención, The Wall Street Journal reveló que las dos facciones del cártel estaban comprando armas y reclutando sicarios para los enfrentamientos que venían.
A esta historia, definitivamente, le faltan muchos episodios.