La guerra fratricida en el Cártel de Sinaloa comenzó tres semanas antes de que Claudia Sheinbaum asumiera la Presidencia, pero definirá todo su gobierno. La guerra está por cumplir tres meses el próximo domingo, con asesinatos casi a diario, y una creciente calidad de violencia y crueldad entre las dos facciones enfrentadas. Desde que inició su administración se estableció que Sinaloa sería la prioridad del gobierno, pero no están pudiendo contenerla, menos aún acabar con ella.
No se puede decir que se deba a falta de capacidad de fuego, sino a la dubitación presidencial sobre qué tanto y hasta dónde podría autorizar a las fuerzas federales para restablecer el orden, la paz y la gobernabilidad en el estado, sin que su mentor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, se sienta agredido por el contraste que harían los balazos frente a sus abrazos. Sheinbaum parece estar atrapada en la red de López Obrador y sus contradicciones entre lealtades y sumisiones.
El análisis no debería ser político, pero lo es. Importa más Palenque que Sinaloa, cuando menos hasta ahora.
Mientras tanto, ya hubo 523 muertos entre el 9 de septiembre y el 28 de noviembre, de acuerdo con las cifras de la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, 131 privaciones oficiales de la libertad –la cifra negra de secuestros se estima en al menos tres veces más–, casi 60 balaceras y una crisis económica profunda. La estadística sigue subiendo, pero todos sus números tienen nombre y apellido.
La guerra entre las milicias de Ismael el Mayo Zambada –preso en Brooklyn, en espera de juicio– y los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán –preso en la cárcel de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, donde purga su sentencia de cadena perpetua– se libra a lo largo de 220 kilómetros, desde Culiacán a Mazatlán.
La guerra la comenzaron Iván y Alfredo Guzmán Salazar, que rearmaron a sus sicarios y reclutaron combatientes desde que el Mayo Zambada fue detenido en Estados Unidos el 25 de julio, para hacerse del control del cártel, la organización criminal más importante del mundo, que desde que iniciaron las hostilidades no han tenido un solo día para descansar, de acuerdo con personas con conocimiento, que los ha desgastado y explica lo que fue sucediendo después.
La ofensiva en las zonas rurales del municipio de Culiacán, controladas por La Mayiza, como identifican a las milicias de Zambada encabezadas por su hijo, Ismael Zambada Sicairos, el Mayito Flaco, tuvo una contraofensiva que no ha parado. Primero se dio en Culiacán, enclave de los Guzmán López, que, de acuerdo con información de inteligencia mexicana, tuvieron que salir de la capital de Sinaloa para irse al sur, al puerto de Mazatlán, también controlado por ellos, a donde se extendió la guerra en las últimas semanas.
Aunque en el mapa ampliado de la guerra van ganando los leales a Zambada, estableciendo incluso cabezas de playa en la zona urbana de Culiacán, no es un conflicto que tenga ganadores definitivos. Lo vivieron los culichis este martes, que fueron despertados por una explosión causada por un proyectil artesanal que llevaba un dron, en Limita de Itaje, un sector rural dentro del municipio de Culiacán, donde opera el grupo llamado Los Rusos, milicias de Zambada, que siguió a una balacera y a un mensaje aparentemente para el gobierno: restos humanos en dos contenedores de plástico dejados frente a la Unidad de Servicios Estatales, donde se hacen trámites municipales, junto con los cuerpos de tres hombres tirados a la orilla de la carretera hacia Mazatlán, con narcomensajes firmados por La Mayiza y La Chapiza.
La guerra fratricida del Cártel de Sinaloa comenzó ante la indiferencia e inacción de López Obrador, que la dejó avanzar, preocupándose más por saber cómo las agencias estadounidenses capturaron y se llevaron a Zambada y a Joaquín Guzmán López, también hijo del Chapo, a Nuevo México, que por evitar el colapso de Culiacán. Sheinbaum inició su presidencia con la autorización a las fuerzas federales para actuar, contener, neutralizar y terminar con la violencia.
Varios cientos de miembros de las unidades de élite del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, conocidos como los Gafes, tropas convencionales y elementos de la Guardia Nacional fueron movilizados a Culiacán y a otros puntos del estado, para actuar a partir de la información del Centro Nacional de Inteligencia, que permitió golpes importantes, que, sin embargo, le metieron dudas y temores políticos a la Presidenta.
El operativo que desencadenó sus dubitaciones fue el 23 de octubre, cuando en una operación para detener a Edwin Antonio Rubio, el Max, el jefe de los comandos que estaban atacando a Los Chapitos en Culiacán, fue detenido por los Gafes tras un enfrentamiento donde mataron a 19 de sus escoltas. No hubo ningún militar muerto o herido. El índice de letalidad espantó en Palacio Nacional, no por lo que significó el uso de un poder de fuego muy superior al de los criminales, sino por lo que significaba políticamente, que leyó correctamente la prensa cuando subrayó que la estrategia de López Obrador era cosa del pasado y que ahora sí enfrentarían a los criminales que tuvieron un largo y productivo día de campo en su gobierno.
La instrucción, como reveló cándidamente el gobernador Rubén Rocha Moya hace unos días, fue reducir los ‘encuentros’ entre las fuerzas del gobierno y los grupos criminales. El hablantín gobernador reveló de esa manera que el ímpetu inicial de Sheinbaum se frenó, y regresó la política de abrazos y no balazos. Esto, sin embargo, no resistirá.
El capital de tolerancia con la narcopolítica que utilizó López Obrador se agotó. Sheinbaum no tiene esos márgenes y tampoco parece quererlos. Pero está atrapada en la contradicción de la lealtad al expresidente y la sumisión política, y la urgencia por recuperar Culiacán, en momentos donde la están viendo con atención desde Mar-a-Lago para ver de qué está hecha, si tiene el valor y la determinación política de enfrentar a los criminales para salvar a Sinaloa y, aunque no lo vea aún, su sexenio.