En términos de los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la Prodecon es un organismo público descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica, funcional y de gestión que tiene por objeto proteger los derechos y garantías de los contribuyentes mediante la orientación, asesoría, representación legal y defensa, acuerdos conclusivos, quejas y emisión de recomendaciones en materia fiscal, entre otras funciones.
La Procuraduría es un ombudsman en materia fiscal, por lo que este organismo tiene la responsabilidad de desenvolverse en forma imparcial en sus funciones como defensor del contribuyente. Solo para referencia del nivel de eficiencia de la Prodecon, se reportó que en 2022, derivado de la figura de acuerdos conclusivos, se logró una conciliación amistosa entre empresas y el SAT, para una recaudación federal de más de 33 mil millones de pesos, lo que significó un incremento anual de 44.9% respecto del año anterior.
A pesar de las características legales y eficiencia del organismo, pareciere incómodo para el Gobierno Federal.
El estatuto de la Procuraduría establece un procedimiento para la designación de su Titular, quien además de cumplir con los requisitos del artículo 7 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente deberá ser designado por el Senado de la República o, en su caso, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, de entre la terna que someta a su consideración la persona titular de la Presidencia de la República en términos del artículo 9 del mismo ordenamiento.
En este punto es necesario hacer una pausa y recordar que desde el pasado 30 de abril de 2019 la Procuraduría no ha tenido un Titular al frente del organismo, sino un Encargado del Despacho.
También es importante recordar que, desde hace varios años el procedimiento de designación del Titular de la Prodecon se encuentra detenido por la suspensión otorgada por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León en el amparo indirecto 560/2020 en el que el quejoso está controvirtiendo la terna para la designación del Procurador de la Defensa del Contribuyente, alegando que los candidatos propuestos no cumplen con los requisitos de la Ley Orgánica respectiva, para ser designados como Titular.
La más reciente noticia surge cuando el pasado 3 de abril de 2023, en la página oficial del Gobierno Federal, aparece una publicación titulada “Nombra Secretario de Gobernación a Subprocurador de Asesoría y Defensa del Contribuyente”. Comunicado del que poco se puede decir ya que, en éste, solo reitera el nombramiento y nos da una breve semblanza de la trayectoria del designado, que dicho sea de paso, no cumple con los requisitos legales establecidos para ser Titular de la PRODECON.
La verdadera preocupación legal es que el Secretario de Gobernación no cuenta con las facultades necesarias para nombrar servidores públicos de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, ya que como vimos en líneas anteriores, en términos del artículo 15 fracción IV del Estatuto de la Prodecon, esta es facultad exclusiva de su titular.
Adicionalmente, a partir del referido nombramiento irregular, la Prodecon ha sufrido un desmembramiento de personal ya que ha habido un despido de diversos funcionarios y algunas renuncias que allanaron el camino al recién designado Subprocurador, quien tomará la Titularidad, y que con fundamento en el artículo 15 fracción IV del Estatuto de la Prodecon, contará con la facultad de nombrar y remover a los servidores públicos de la Procuraduría.
Desde luego que eso es inaceptable. El sector empresarial organizado, los colegios de abogados e IMCP observaron enérgicamente estas maniobras como irregulares. La actuación del Ejecutivo Federal es preocupante y pareciera tener una clara intención de tener el control de quienes serán los funcionarios del Ombudsman Fiscal.
Otro tema más para la lista de temas que deberán judicializarse, sabiendo de antemano que las van a perder, no porque exista un favoritismo judicial, sino porque la Ley es la Ley y se tiene que cumplir. No se trata de caprichos, están en juego derechos humanos de las empresas, particularmente de millones de microempresarios que no tienen acceso a una asesoría y defensa profesional justa ¿Por qué destruir lo que funciona para bien? ¿Qué incomodidad genera hacer que se cumpla la Ley? Es por demás, solo queda el camino institucional de los tribunales, pues como dijo Josep Pla, escritor y periodista español: “Los derechos se toman, no tienes que pedírselos a nadie, pero también se arrancan y no se mendigan”.