Cierto, la confrontación y la polarización política exasperan de más en más, sobre todo porque –tras casi tres años de gobierno– no hay certeza del rumbo nacional. Pero, por lo que viene más vale bajarle a la tensión.
En los próximos siete meses y en medio del peligro de un estancamiento económico, el gobierno y los partidos habrán de fijar postura ante asuntos y dificultades, dentro y fuera de su propia esfera, que determinarán la condición y posición en que llegarán, finalmente, a la contienda presidencial de 2024. La sucesión parece lejos, pero por haberla precipitado está cerca y adquiere el tinte de un conflicto, al interior del partido en el poder y el bloque opositor, que desde hoy contamina más de un problema.
Insistir, de un lado o del otro, en hacer de cada cuestión sustantiva o accesoria motivo de disputa o división, complicará aún más el cuadro. Por ello no sobra decir: calma y nos amanecemos.
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Dos dichos presidenciales alientan la idea de que, quizás, el Ejecutivo cobra conciencia del laberinto en el cual se inserta el país.
Antier, al hablar sobre corrupción, el mandatario dijo: “A veces algunos se molestan porque se dan nombres y se hacen juicios sumarios sin que haya pruebas. Sí, está mal. Hay que moderarnos en eso, hay que tener elementos siempre, pruebas…” Y ayer, al responder si aceptaría cambios a la iniciativa de reforma del sector eléctrico, señaló: “Pues sí, siempre y cuando se mantenga la esencia de la iniciativa. ¿Cuál es la esencia de la iniciativa? Que la industria eléctrica sea una industria estratégica propiedad de la nación, de todos los mexicanos, y que la generación, la distribución de la energía eléctrica, no tenga propósito de lucro. Si eso se sostiene, la rectoría del Estado en el manejo de la industria eléctrica, adelante.”
Tales declaraciones permitirían suponer un giro, pero tal ha sido la inconsistencia presidencial en cuanto a moderación y apertura, que es difícil acreditar un cambio de actitud.
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Giro o no presidencial, la agenda de las próximas semanas y meses advierte de un momento delicado.
Viene, de inmediato, el desahogo del Paquete Económico 2022 que –como se vio en la Cámara de Diputados– puede dar lugar a trifulcas que, llevadas al extremo, pueden cerrar la puerta a la política y abrirla a la violencia. Y siendo que el Presupuesto resume la política oficial, la pugna no es menor. Sobre todo, ahora que ya no hay guardaditos ni fideicomisos de los cuales echar mano. Menudo apuro continuar programas y concluir obras, teniendo urgencia por atender servicios y necesidades vitales.
Luego, tocará turno a la reforma eléctrica donde, aun dentro de Morena hay posiciones diferentes que hacen de pronóstico reservado el destino de la iniciativa, sobre todo, al carecer de los votos requeridos para aprobarla. Las diferencias entre el jefe de los senadores, Ricardo Monreal, con el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, e incluso con el Ejecutivo, hablan de ausencia de debate y consenso al interior de la fuerza en el poder. Y el que el nuevo interlocutor del senador Monreal sea el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y ya no el presidente López Obrador, revela falta de fluidez en la comunicación y de un enfriamiento derivado de la precipitación del juego sucesorio.
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El arranque noviembre será clave.
El día primero inicia la recolección de firmas para solicitar la consulta de revocación del mandato presidencial que tiende a convertir un instrumento valioso de participación, en un lance absurdo y oneroso –tres mil 820 millones de pesos–, justo cuando no hay dinero. Quienes anhelan que el Ejecutivo se vaya cuantos antes, impugnan el ejercicio; quienes desean ratificarlo van a solicitar firmas para revocarlo; y quienes aspiran a sucederlo terminarán haciendo campaña a favor de él y no de ellos. Una insensatez que, de no suspenderse, prolongará un enredo hasta marzo.
En paralelo, el 3 de noviembre habrá de definirse si Emilio Lozoya es o no un delator confiable y si debe seguir gozando de la libertad que se le niega a la exsecretaria Rosario Robles. Sería contraproducente ampliar el plazo para que el cenador (sí, con ‘c’) Lozoya presente pruebas y, entonces, en lo que se resuelva hacer con el soplón privilegiado, se jugará la credibilidad del Ejecutivo en el combate a la corrupción como también la autonomía y eficacia del fiscal Alejandro Gertz.
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En medio de todo esto, la precipitación del juego sucesorio exigirá tomar decisiones al gobierno y su partido.
Si, pese al dicho presidencial, la favorita es Claudia Sheinbaum. Será menester darle proyección nacional, incorporándola al gabinete o liberándola del gobierno capitalino, al tiempo de contener al canciller Marcelo Ebrard y remover y neutralizar de la jefatura del Senado a Ricardo Monreal, antes que desate un cisma.
A su vez, la oposición panista tendrá que decidir si tolera o no su corrimiento a la extrema derecha; la priista si le regala la franquicia del partido a Alejandro Moreno y compañía; la perredista si se refunda o refunde; y los tres si se pliegan a sus nuevos patrocinadores.
Luego, sólo restará a los partidos prepararse para competir por las seis gubernaturas en juego el año entrante y cuyas precampañas arrancan el 10 de febrero para rematar con la jornada electoral el 5 de junio del 2022.
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Siete meses que, por el carácter de los asuntos en cartera, tensarán las relaciones hacia adentro y hacia fuera del gobierno y los partidos. Por eso, más vale mesurar y pulir expresiones, actitudes y actos para restarle filo a los días que vienen y hacer divisa del refrán: “calma y nos amanecemos”.