Si durante décadas el gradualismo reposado anuló el cambio sin ruptura, hoy el radicalismo desbocado espolea la ruptura sin cambio. En ese meneo pendular de la política –a veces, circular– resurge la amenaza de perder una vez más la oportunidad de darle perspectiva al país.
Así como cuando triunfó Andrés Manuel López Obrador se instaba a quienes lo resistían a aceptar no sólo el resultado electoral, sino también la consecuencia política, ahora cabe formular el mismo exhorto al presidente de la República: a casi diez meses de las elecciones intermedias, el mandatario reconoce el resultado, pero no el efecto.
Sea o no una balandrona, que el Ejecutivo tilde de traidores a la patria a quienes en un órgano plural como lo es la Cámara de Diputados votaron contra la reforma del sector eléctrico, que Morena pretenda absurdamente acusarlos por ese delito, mientras su coordinador ¿parlamentario?, Ignacio Mier, celebra llevarlos al paredón para fusilarlos políticamente es –las cosas por su nombre, como ellos piden– una tentación fascista, cerrar la puerta a la política y abrirla a lo que sigue.
Animar actitudes antipolíticas como esa, cuando la violencia criminal sacude una y otra vez la conciencia nacional y cuando el índice inflacionario amaga con frenar la recuperación, es conjugar el malestar ciudadano de no importa qué bando con la incertidumbre económica y la inestabilidad política.
¿Se quiere romper sin cambiar?
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Ya habrá oportunidad de revisar el contenido de la reforma constitucional del régimen electoral, pero el momento y el marco en que ahora se presenta ponen en duda su viabilidad.
Diez meses después de anunciarla, finalmente el Ejecutivo formaliza la propuesta al cierre del periodo ordinario legislativo y a días de consecuentar o animar a su partido a llevar ante el Ministerio Público a los presuntos traidores a la patria. Obviamente, es impensable un periodo extraordinario para abordarla en medio de la campaña electoral por las seis gubernaturas en juego, y mucho menos después echar a andar el linchamiento de los diputados opositores.
¿En serio, intentará Morena llevar a la cárcel a 223 legisladores, al tiempo de entrar a negociar con ellos el proyecto de reforma? ¿Va a dialogar y acordar con algunos supuestos traidores a la patria, convirtiéndose en cómplice de ellos? O, como en el caso de la reforma eléctrica, ¿sólo la presenta para ser rechazada y fortalecer la acusación contra los opositores y buscar dividendos electorales?
Morena confundió un laberinto con el paraíso político o, bien, resolvió ir por la revancha del juicio de desafuero que padeció su líder, sentando en el banquillo a los diputados opositores. Un lance de enorme gravedad que, increíblemente, los coordinadores de los diputados del PAN y el PRI, Jorge Romero y Rubén Moreira, no han calibrado en su justa dimensión.
Mal no harían los 223 legisladores señalados como traidores a la patria en acudir de conjunto ante la Fiscalía General de la República y ponerse a disposición del Ministerio Público y, así, darle al asunto la debida relevancia. Pero no, la imaginación política de la oposición no da para eso.
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A saber qué lectura de la circunstancia está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador y qué interpretación de ella hacen o le hacen sus operadores, pero hay una realidad ineludible, ante la cual gobierno y partido están reaccionado de manera precipitada e inmediata, sin calcular los efectos ulteriores.
Son ya varios los sucesos políticos, económicos y criminales, así como las decisiones judiciales que constituyen un revés al proyecto presidencial y vulneran el deseo del mandatario de ser él quien fije la agenda a debate. Cada vez es más notorio el esfuerzo por cambiar el rumbo de los cuestionamientos que recibe o, de plano, por distraer la atención pública de los problemas que acechan al país. La iniciativa política del Ejecutivo ha pasado de la actitud proactiva a la reactiva.
¿Cuáles han sido esos hechos que integran una colección de reveses? Entre otros, el pleito entre el exconsejero jurídico presidencial, Julio Scherer, y el fiscal Alejandro Gertz que pone en duda la honorabilidad con que el Ejecutivo quería revestir al gobierno. Las resoluciones de la Corte invalidando la prohibición de trabajar por diez años en el sector privado después de estar en el servicio público o la disposición discrecional por parte del Ejecutivo de los recursos derivados de la austeridad. La inauguración de la construcción sin operación del nuevo aeropuerto. El desgaste de altos funcionarios, dirigentes, legisladores y gobernantes de Morena para impulsar la ratificación del mandato, sin alcanzar el resultado pretendido. El deterioro de la relación con Estados Unidos y Europa, producto del afán de sacar adelante la reforma eléctrica para, luego, dejarla caer. El boquete financiero que se está provocando con el subsidio al precio de la gasolina. Las divisiones al interior de Morena por las posturas que adopta el partido. El crecimiento de los feminicidios…
No son pocos los reveses que, en las últimas semanas, ha sufrido el gobierno.
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Ante esa realidad, más pertinente y prudente sería reflexionar sobre la postura política, que radicalizar la adoptada sin reparar en la consecuencia que no de inmediato, pero sí más tarde puede acarrear.
En todo caso, los desplantes tanto del mandatario como de varios de sus operadores revelan desbocamiento y desesperación, posturas proclives a generar una ruptura sin cambio.
En esa circunstancia, la larga lucha y el movimiento desplegado por el presidente de la República y sus simpatizantes perderían todo sentido. Es hora de reflexionar, no de radicalizar.