Entre disparos criminales y disparates políticos es de pronóstico reservado dilucidar cómo y cuándo el país remontará la adversa circunstancia social, económica y política en la cual se encuentra y adentra.
En medio de ese marasmo y extravío cada vez más inquietante, el elenco de la clase política está dejando ver la estatura de quienes mueven los hilos del poder, como también a quienes ven en la debacle la oportunidad de sacar raja política –o, al menos, un tablón para sobrevivir al naufragio–, así como a quienes se calaron de tiempo atrás un chaleco salvavidas, antes de gritar: ¡sálvese el que pueda!
Entre disparos y disparates se ha puesto en duda la viabilidad del Estado de derecho y la democracia, en el marco de un sórdido espectáculo.
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La confusión pareciera haber hecho presa a más de un actor político.
De diestra o siniestra, más de uno habla de multiplicar y sumar fuerzas en su respectivo bando, cuando en realidad dividen y restan. En ese escenario el crimen organizado se regocija ante la política desorganizada y celebra la ventana de oportunidad que, hasta ahora, la alternancia en el poder le ha abierto a su industria.
Hoy los cárteles criminales les compiten a los partidos políticos. La expansión y diversificación de su negocio a campos distintos al de la producción, tráfico y comercio de drogas, así como la errática política emprendida, sexenio a sexenio, les ha permitido ampliar su industria e, incluso, incursionar en terrenos antes exclusivos de los partidos. Cómo no estar de fiesta y echar balazos al aire o quien le peguen.
La enjundia presidencial por separar a la economía de la política o, si se quiere, al mercado del Estado, no avizoró la necesidad de llevar a cabo una operación de semejante o mayor calado para separar al crimen de la política y, obvio, los delincuentes profesionales aprovechan el momento.
El empeño por fortalecer al Estado frente al mercado no incluyó fortalecer al Estado frente al crimen.
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El gobierno no logró integrar y articular una política anticriminal para encarar al crimen desde el frente social y policial. Ahora, la delincuencia organizada lo ha puesto contra la pared.
Si durante el calderonismo se privilegió el uso de la fuerza ignorando el componente social que alienta a la delincuencia, ahora se invirtieron los términos. Se privilegió el uso de la asistencia social sobre la aplicación de la fuerza, ignorando cómo los profesionales del delito no aspiran a contar con una beca.
No distinguir entre crimen organizado y lo que se podría denominar delincuencia social negó la posibilidad de dar un trato diferenciado a quienes infringen la ley. No se entendió qué es delinquir por hambre y falta de empleo y qué es tener hambre por delinquir y hacer de esa práctica una empresa. A esa confusión se agregó otra: equiparar el uso legítimo de la fuerza del Estado con el arbitrario ejercicio de la represión. Así, el acento se puso en evitar la violación de los derechos humanos y la comisión de matanzas por parte del Estado, pero no en evitar que el crimen cargara violenta cuando no sanguinariamente contra la sociedad o, bien, contra los enemigos o competidores de un determinado clan.
Se confundió la mano dura con la mano blanda, sin pensar siquiera en una mano firme.
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Los partidos, a su vez, entendieron el problema de la inseguridad y el borramiento de la frontera entre política y delito no como un asunto de Estado, sino como una bandera propagandística para hacer proselitismo.
Ninguna formación hizo la autocrítica de su actuación cuando ejerció el poder y, por lo mismo, menos imagina formular una propuesta para, en conjunto, encarar el amago criminal al Estado y la democracia, y darle un horizonte a la nación. Acción Nacional se siente con autoridad política y moral para descalificar al gobierno en materia de seguridad, sin reparar que allende el Bravo tiene sujeto a juicio a Genaro García Luna, el hombre fuerte de Felipe Calderón en el combate al crimen, justa y presuntamente por haberse asociado con él.
Y del cinismo del Revolucionario Institucional ni qué decir. El ejemplo por antonomasia del cinismo lo encarna su todavía dirigente Alejandro Moreno. En su lógica, a falta de Estado lo procedente es armar a la sociedad para que no se defienda con un tenedor ante el crimen organizado. Nomás le falta proponer brigadas de autodefensa armada contra la gobernadora Layda Sansores. Con tal de salvar su pellejo, a Moreno poco le importa empinar al país.
Al lado están los precandidatos presidenciales con absoluta claridad de adónde quieren ir, aunque no para qué. El esfuerzo mayor de unos no es plantearle al electorado qué políticas sostener, corregir o liquidar, sino halagar el oído de su padrino, diciendo que todo será igual. El esfuerzo mayor de otros es levantar la mano sin incomodar a los dirigentes de los partidos que integran esa alianza opositora que, día a día, se desmorona y sólo atina a decir qué no quiere, pero no qué quiere.
Y los consejeros electorales envueltos en la boleta nacional dan muestra de enorme preocupación por la defensa del régimen electoral sin reparar en el desfondamiento del régimen político. Podrá no haber Estado ni democracia, pero sí reglas electorales. Qué dicha.
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Así, entre disparos criminales y disparates políticos se avanza de prisa a una circunstancia nacional cada día más compleja. A ver si los cárteles criminales no le solicitan al Instituto Cultural Electoral el registro condicionado de su organización y la verificación de su padrón de militantes.
Quienes guardan algo de sensatez e inteligencia y se están reuniendo para elaborar un proyecto alternativo deberían dar señales de vida.