Menuda situación la del presidente de la República, está entrampado.
En el afán de separar el poder político del económico y encontrar un nuevo punto de apoyo, al tiempo de hacerse de una fuerza de tarea disciplinada para la realización de sus proyectos, el mandatario llevó a cabo una operación rápida, pero riesgosa. Separó aquellos poderes, pero acercó el poder político al poder militar, acrecentado la fuerza, el peso y la participación de este último en menesteres propios y ajenos a su vocación. Ahora, esa relación lo enreda.
Quizá, de ahí vienen las presiones que el Ejecutivo dice tener en el propósito de resolver la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, a la luz del informe elaborado por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Una investigación que involucra en lo sucedido aquella noche en Iguala a criminales y políticos, como también a elementos y mandos militares. Tras el retiro inexplicado de ochenta y tres órdenes de aprehensión, dieciséis de las cuales recaían sobre militares, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, no duda en decir que sólo son cuatro golondrinas las que llevan uniforme y no hacen verano… pero, aun así, al parecer la parvada ofrece resistencia a la idea de ver sometidos a juicio a aquellos presuntos pájaros de cuenta.
Tal circunstancia coloca al mandatario en un apuro. Dada la falta de seguridad pública, no puede prescindir de la participación de las Fuerzas Armadas en ese campo, pero sí requiere reequilibrar la relación entre poder civil y militar. La llave de esa posibilidad se halla, paradójicamente, en otro poder: el Legislativo. Si vía el Congreso se condiciona la prórroga de la participación militar en tareas de seguridad; se obliga a rendir cuentas a las Fuerzas Armadas; y se rediseña la estrategia ante el crimen, priorizando la necesidad de rehacer, profesionalizar y fortalecer a las policías civiles, se podría transitar en dirección de un reequilibrio.
Se dice fácil, sin embargo, renivelar la relación entre lo civil y lo militar exige, a su vez, una precondición difícil de cumplir por el Ejecutivo, sobre todo, luego de ejercer el poder como un acto personal a partir de su fuerte liderazgo. Reclama voluntad de negociar y acordar, en suma hacer política con los adversarios. Sólo así saldrá del entrampamiento y conseguirá civilizar –en el doble sentido de la expresión– las relaciones, en vez de militarizarlas.
No cumplir con esa precondición, tarde que temprano, provocará un desencuentro entre el pueblo desuniformado y las Fuerzas Armadas y hará del cierre del sexenio un enredo superior al hasta ahora visto.
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Si a lo largo del sexenio, el tiempo ha sido una obsesión que más de una vez ha hecho confundir al mandatario la velocidad con la prisa por transformar el régimen, ahora ese factor se puede convertir en una angustia.
El día de mañana marca el inicio del último bienio del sexenio. Tramo en el cual, idealmente, todo gobierno debe entregar la obra realizada, preparar la retirada y reconocer cómo el margen de maniobra se reduce. Esta vez, sin embargo, por precipitar el juego sucesorio, ese margen será aún más estrecho y, en tal virtud, las decisiones, acciones y pasos presidenciales deben considerar no sólo el propósito manifiesto de ellas, sino también los efectos que pueden acarrear.
Desde esa perspectiva y en la circunstancia en la cual se encuentra el presidente de la República, el debido empeño en darle marco jurídico a la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028 debe centrarse en la negociación política que, sobre el particular, está en curso en el Senado. Es ahí donde el mandatario puede reequilibrar la relación entre lo civil y lo militar, no en la preparación de una consulta popular mal hecha y disfrazada.
Impulsar la negociación en el Senado, a fin de condicionar el rol de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, distribuiría el peso de la responsabilidad en la pluralidad y el acuerdo, al tiempo de quitarle presión al mandatario. Poner el empeño en la consulta, podría arrojar un resultado contraproducente y un efecto delicado. El resultado: en vez de acotar, podría acrecentar y legitimar el poder adquirido por los militares, dejando un mayor desequilibrio. El efecto: encargar a Gobernación la tarea de realizarla, sería darle a un precandidato presidencial una plataforma de promoción que, sin duda, inconformará a quienes también buscar hacer suya la candidatura. So pretexto de organizar una consulta cuyo resultado podría ser contraproducente, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, estaría en posibilidad de emprender una anteprecampaña en favor de sí mismo. ¿Se quiere ese resultado y ese efecto?
Privilegiar la consulta popular y no la negociación en el parlamento no sacará al presidente López Obrador de la circunstancia en que se encuentra. Lo entrampará aún más.
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Hasta ahora, el mandatario no ha cumplido los compromisos de esclarecer lo sucedido aquella noche de septiembre de hace ocho años y de ofrecerle seguridad a la ciudadanía.
El Ejecutivo corre el riesgo de quedar mal con los familiares, amigos y compañeros de aquellos estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos y brutalmente ultimados, mal con los militares, mal con la ciudadanía que quisiera contar con policías civiles y profesionales y, sobre todo, mal con las millares de personas que en la búsqueda de aquellos desaparecidos cifran la esperanza de encontrar algún día a los suyos.
En este último tramo de su mandato, el presidente de la República está obligado a calcular muy bien sus pasos, antes que la obsesión por el tiempo se convierta en una angustia.