A los actores políticos no escapa la necesidad de emprender otra reforma electoral. Lo tienen claro y lo saben. Sin embargo, en su conjunto –incluidos promotores y detractores de la intención de operar una nueva enmienda– han hecho todo por frustrarla, creando una atmósfera adversa a la posibilidad de concretarla.
Hoy, es un enigma la suerte del eventual ajuste del sistema electoral y, de realizarse, si éste servirá o no al propósito de consolidar la democracia. La única certeza es que entre mentirillas, desplantes y exageraciones, los actores políticos han conseguido generar una sólida incertidumbre.
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Quieren desaparecer al INE. Quienes denuncian que el gobierno y su partido pretenden desaparecer al INE y han hecho de ello argumento de su resistencia son en una muy buena porción, quienes desaparecieron al IFE o, peor aún, son quienes primero criticaron la eliminación del anterior instituto y, luego, se integraron gustosos al nuevo.
Esa manía tan de moda que practica la memoria selectiva para contar a gusto y a modo la historia, de pronto, quiere borrar un hecho: la anterior reforma hizo un mazacote de la legislación y el sistema electoral. Al instituto nacional le restaron lo bueno del instituto federal y le sumaron lo malo.
Prueba de ello, el documento “Observaciones a la minuta de reforma política de la Consejera María Marván y los Consejeros Electorales Marco Antonio Baños, Lorenzo Córdova y Benito Nacif presentada a la opinión pública y las Cámaras de Diputados y Senadores el pasado 5 de diciembre 2013″. Ojo, 2013.
El hoy presidente del instituto nacional, Lorenzo Córdova, entonces consejero del instituto federal suscribió ese documento, cuyo primer párrafo es elocuente:
“La minuta de reforma electoral carece de un modelo de institución electoral, lo cual genera incertidumbre sobre la capacidad de mantener altos estándares en la realización y regulación de los procesos electorales. La minuta contiene múltiples imprecisiones y poca claridad respecto a la división de competencias y facultades del Instituto Nacional Electoral y de los órganos electorales locales. Esta falta de certeza en la distribución de competencias podría poner en riesgo la operación de las elecciones mexicanas.”
En refuerzo de ese argumento, líneas adelante se añadía: “La falta de claridad en la distribución de competencias creará duplicidad de estructuras o procedimientos redundantes entre el INE y los órganos locales –incrementando el costo de los procesos electorales.”
¿Cómo justificar así la resistencia a corregir una reforma mal hecha, a evitar duplicidades y bajar el costo de las elecciones?
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Hagan lo necesario para no hacer nada. Si, en verdad, el gobierno y su partido pretenden llevar a cabo la reforma electoral propuesta, se esmeraron en hacer lo necesario para sabotearla.
Al margen de la absurda idea de elegir mediante voto popular a los consejeros y magistrados electorales –¿se crearía el Instituto Nacional Prelectoral?–, el proyecto de reforma elaborado por Pablo Gómez y Horacio Duarte tiene aspectos rescatables. Sin embargo, el propio presidente de la República, así como tres de sus operadores políticos –el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; el presidente de Morena, Mario Delgado; y el coordinador parlamentario de ese partido en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier– se lucieron en restarle viabilidad y legitimidad a la iniciativa legislativa, vulnerando su posibilidad.
La frecuente denostación del órgano electoral y la hostilidad hacia los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama mal emplazaron el proyecto de reforma. ¿Qué se quería, restarle credibilidad al instituto y autoridad a esos consejeros? Si sólo esa era la intención, ni caso haber puesto a trabajar a Pablo Gómez y Horacio Duarte. Y, en esto hay algo curioso, no sólo éste, varios de los proyectos oficialistas se han frustrado a causa de la forma en que se plantean.
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Rómpase la moratoria constitucional, pero manténgase la huelga de dedos caídos. El conjunto de los partidos políticos, así como los legisladores saben que la confianza ciudadana en ellos está por los suelos. No hay metáfora en esto.
De acuerdo con el resumen ejecutivo del “Informe País 2020: El Curso de la Democracia en México”, diputados y senadores ocupan el antepenúltimo lugar en confianza con 23 por ciento y los partidos políticos, el último, sí, el último con 22 por ciento. No tienen crédito ciudadano y, entonces, asombra su postura. El PAN y el PRI, en supuesta moratoria constitucional, anunciaron su respectiva propuesta de reforma electoral, al conocer la iniciativa oficial. La anunciaron, divulgaron los supuestos ejes de ellas, pero por lo visto no se pusieron a arrastrar el lápiz o, al menos, se desconoce si lo hicieron.
Dirigentes partidistas y legisladores saben que a la percepción ciudadana no escapa cómo los partidos se financian con recursos públicos que mal aplican, al tiempo que aceptan dinero ilegal en sus campañas; cómo ajustan estructura e integración del Congreso de la Unión y los órganos autónomos (incluido, desde luego, el INE) sobre la base de cuotas y cuates; cómo las prerrogativas han ahondado la distancia con la militancia y la ciudadanía… y, aun así, preferirían –conforme al estilo en boga– no moverle una coma a la legislación y el sistema electoral.
Dice la ciudadanía –tampoco es metáfora– que no hay democracia sin partidos, pero que los partidos no sirven de nada, ni los representan.
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A saber, cuál será la suerte y el sentido de la reforma electoral. La única certeza es que los actores políticos son los grandes creadores de la incertidumbre, por la irrenunciable manía de mentir y exagerar, y actuar sobre la base de su interés particular.