Sí, existe el peligro injerencista de Estados Unidos en México, como ha ocurrido en otros países. No hay duda al respecto.
Ante ello, el encendido discurso nacionalista presidencial del domingo pasado cumple no sin riesgos con una función, pero presenta más de una contradicción. Entre ellas, una mayor: no se puede llamar a defender la soberanía y, de soslayo, a encubrir a los políticos locales de talla que la han expuesto al haberse asociado presumiblemente al crimen.
Disuena ser patriota y cómplice de traidores o confundir soberanía con impunidad.
***
Sin coincidir a plenitud con el planteamiento, la mandataria no yerra al decir:
“Cuando desde el exterior se dicta quién es culpable y quién no; cuando se busca presionar a nuestras instituciones desde fuera; cuando se normaliza la idea de que ‘otro país puede intervenir en asuntos que sólo corresponden a los mexicanos’ ya no estamos hablando de cooperación, estamos hablando de injerencia. México, que se oiga claro y que se oiga fuerte: ¡no acepta injerencias! ¡Somos un país libre, independiente y soberano! Porque es legítimo dudar del verdadero interés en los juicios de extradición para autoridades electas porque primero, hay que tenerlo claro, vienen por unos, luego por otros, hasta que oficinas del Departamento de Justicia se vuelven el principal elector de México”.
Cierto, cabe dudar de la legitimidad de ese interés, pero la respuesta no es incurrir en encubrimiento, emprender indagatorias con desgano o, peor aún, argüir que, si se entrega a los primeros, luego pedirán otros. Por razones de Estado, lo conducente es investigar por voluntad propia y soberana la veracidad de los señalamientos hechos y, en su caso, procesar aquí con el mayor rigor a los indiciados.
No se trata de doblegarse ante ese cuestionable interés. Se trata --ahí radica el problema y la oportunidad de la Presidenta, si resuelve actuar como tal y no como albacea de un proyecto y movimiento-- de romper el vínculo política y delito, así implique a gobernadores, secretarios de Estado y dirigentes partidistas. Romperlo por decisión voluntaria, no por imposición extranjera. Romperlo con aquellos ya señalados, pero igual con quienes, sin ser aún mencionados fuera, dentro cargan con el prestigio de los más avezados malandrines.
¿Qué ciudadano querrá defender la soberanía marchando del brazo con Rubén Rocha Moya? No se puede convocar a defenderla y, al mismo tiempo, encubrir a quienes la han expuesto. No cabe.
***
El problema de no indagar y, en su caso, procesar aquí a esos políticos tiene filos muy peligrosos.
De entrada, se pierde la oportunidad de marcar un “hasta aquí” --esa, sí sería una transformación-- a los políticos que, asociados al crimen, tienden a convertir a este en el elector principal. En esa lógica absurda, la disyuntiva no es a quién se quiere como gran elector: a una fuerza política extranjera con socios locales o a un cártel local con tentáculos transnacionales. De salida, no indagar con determinación a los políticos con vínculos presumibles con el crimen abre la puerta a la sospecha de hasta dónde llega la penetración del crimen en la política.
En ese sentido, extraña el agradecimiento de la presidenta Claudia Sheinbaum al manifiesto apoyo incondicional del expresidente Andrés Manuel López Obrador a sí mismo, no a ella. Bajo el tenor de un “respetuoso” reclamo, esa misiva tiene también un retintín a ruego: Trump domestica a tus halcones, como si el domador no formara parte del circo. Y, como añadido, sin querer o adrede pone al descubierto el alineamiento de la narrativa de la sucesora y el antecesor que no ayuda a la mandataria, así como una contradicción del discurso presidencial del domingo.
Esa contradicción es simple. Si se elevó a rango constitucional la causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera, ¿por qué no se hizo lo mismo, en caso de intromisión criminal? Tal omisión, quizá, producto de la improvisación o la manía de legislar con los pies y votar con las manos, obliga a pensar en algo siniestro: en la disyuntiva de optar por un factor de poder influyente en los comicios se favoreció al local criminal con tentáculos fuera. Terrible
***
Según el dicho presidencial, el eje de la intención injerencista es una campaña mediática de mentiras y odio promovida desde del exterior y articulada con sectores ultraderechistas de dentro y fuera, a fin de vulnerar al gobierno y al movimiento que lo acompaña.
Tal argumento es vulnerable por una razón. El oficialismo ha dado pie a esa campaña al cometer errores sin reconocerlo o emprender acciones sin destino cierto. En el campo de la democracia y el Estado de derecho han ido más lejos, al impulsar reformas o acciones tendientes a vulnerar los pilares de ambas instancias y a concentrar el poder, al tiempo de consolidar la idea de un poder hegemónico. A título de ilustración cabe mencionar dos: declarándose antirreeleccionista, abrió la puerta de esa posibilidad a los magistrados electorales que, cuesta arriba, legalizaron la sobrerrepresentación parlamentaria de Morena y diciéndose resueltos a mejorar al Poder Judicial, operaron ajustes procedimentales en materia electoral de ese poder, siendo que éste reclama ajustes sustanciales.
Así, con el control de los tres Poderes de la Unión, sin contrapesos ni una oposición eficaz y la colonización de los órganos electorales, al oficialismo le irrita la prensa fuera de su dominio y le achaca ser el medio de aquella campaña. En el furor, ya no distingue tropiezos de zancadillas y menos revisa si su actuación anima esa campaña que acusa como una intromisión.
***
En todo caso, si se quiere defender la soberanía es menester descubrir, no encubrir a los políticos que la han expuesto.
Defender la soberanía obliga a indagar y, en su caso, procesar a los políticos asociados al crimen. Es imposible defenderla, al tiempo de encubrir a quienes la han expuesto.