En 1881, el canciller alemán Otto von Bismarck ideó la Ley de Seguridad de Pensión Social de su país, a partir de la cual diversas naciones de Europa comenzaron a generar sus propios sistemas de seguridad social, con algunas distinciones.
En Austria, por ejemplo, se generó una pensión para los mineros, en 1884, y un seguro de pensiones en 1909. Dinamarca gestó una primera reforma de previsión familiar en 1890, en la cual figuró el pago por vejez, y para el año siguiente creó un sistema de pensiones por separado. Francia instauró un régimen de seguros para trabajadores del Estado y mineros en 1894, e Italia creó una Caja Nacional de Ahorros para la vejez en 1898.
El problema es que el modelo de pensiones ideado por el canciller alemán fue concebido bajo la idea de que el número de trabajadores en el sector formal sería cada vez más grande y que la cantidad de personas que trabajan en la informalidad iría disminuyendo con el tiempo. Sin embargo, esta teoría no convergió con la realidad y causó que el crecimiento de los sistemas de pensiones hiciera que los países enfrentaran complicaciones y problemáticas que no tienen una solución sencilla: un laberinto sin salida evidente que el mismo Bismarck no pudo vislumbrar.
En el caso particular de México, hablar de pensiones nos obliga a abordar el tema de la informalidad económica. El sistema de pensiones actual emana directamente del carácter social que se le imprimió a la Constitución de 1917. Desde entonces y hasta la fecha, el Estado mexicano ha intentado en diversas ocasiones crear un modelo de pensiones eficiente, que pueda robustecer el derecho humano a la seguridad social. Sin embargo, en la práctica el sistema de pensiones se fue fragmentando, lo que causó terribles desigualdades entre las y los ahorradores y trabajadores de los diferentes sectores productivos. Después, se convirtió en un proyecto financieramente inviable para el Estado.
De manera paralela, junto al intento insuficiente de crear un sistema de seguridad social eficaz, la economía informal de México fue aumentando exponencialmente para llegar al nivel actual, en el que 57 por ciento de la población ocupada se emplea en la informalidad. Esta situación dificulta que las personas puedan acceder a un sistema de seguridad social y, aún más, que les sea posible contar con el tiempo y la constancia necesarios de cotización para ser acreedoras a una pensión.
Bajo la normatividad actual, vigente desde 1997, las y los trabajadores tienen que contar con mil 250 semanas cotizadas para que la Administradora de Fondos para el Retiro en la que depositaron sus ahorros durante más de dos décadas les permita tener una pensión de aproximadamente el 30 por ciento de su último sueldo; lo que se conoce como tasa de reemplazo.
Considerando las condiciones actuales de la economía nacional, estos dos factores —largo tiempo de cotización y baja tasa de reemplazo— hacen que encontrar una solución viable para el Estado, y sustentable para las y los trabajadores sea cada vez más difícil.
Durante décadas, estos dos problemas se volvieron más interdependientes y alcanzaron tal grado de complejidad y peligrosidad política, que los gobiernos anteriores prefirieron ignorar la situación. Sin embargo, el carácter social del proyecto que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado el primer paso para encontrar una salida, al poner sobre la mesa una iniciativa de reforma al sistema de pensiones en México, que se enfoca en tres aspectos neurálgicos: el aumento de las aportaciones patronales; el incremento en la tasa de reemplazo, y la disminución en las semanas de cotización, de mil 250 a 750.
Estos tres puntos no son la solución única para un problema que lleva décadas volviéndose cada vez más complejo, pero sin duda atienden una prioridad impostergable. En primer lugar, permitirán que las personas que tuvieron que entrar y salir del sector formal de la economía cuenten con mayores posibilidades de acceder a una pensión. Esto es importante para ese 56 por ciento de personas que se encuentran actualmente en la informalidad y al mismo tiempo generará incentivos para que aspiren a formalizar sus actividades.
En segundo lugar, este esquema logrará que las personas reciban una pensión más elevada, lo cual no solamente aumentará la calidad de vida de las y los adultos mayores, sino que mantendrá económicamente activo a este sector.
Estas acciones importantes empiezan a dibujar una hoja de ruta para poder resolver el complejo entramado en el que nos encontramos. Durante años, las y los mexicanos estuvieron encerrados en este espacio, sin la mínima señal de un posible camino que mostrara cómo resolver la situación. La iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo federal es un primer mapa en la larga ruta para encontrar una manera de transitar y resolver este impostergable problema, para finalmente salir del laberinto de Bismarck.