El autor es Senador y coordinador de la bancada de Morena
Recientemente presenté ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa para crear el Instituto Nacional de Mercados y Competencia (Inmecob), la cual ha generado diversas opiniones y críticas valiosas, sobre las cuales vale la pena hacer algunas precisiones.
La iniciativa pretende reformar el artículo 28 de nuestra Carta Magna, para crear el Instituto como un órgano constitucional autónomo que contará con personalidad jurídica, autonomía técnica, operativa y de gestión, y el cual fusionará —no desaparecerá— el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Con la creación del Instituto, al contrario de lo que se ha expresado en la opinión pública, no estarían en riesgo ni la autonomía ni el carácter técnico ni los procesos que desempeñan actualmente los órganos que lo integrarían, sino que se fortalecerían sus funciones, a partir de las similitudes en sus procesos, para garantizar la competencia y la libre concurrencia en los sectores que cada uno atiende hoy en día. Tal es el objetivo de la iniciativa.
De ser aprobada su creación, el Instituto generaría ahorros aproximados de 500 millones de pesos anuales, equivalentes a un ahorro estimado del 21 por ciento, pero fundamentalmente daría coherencia a los reguladores, y certeza a los regulados. Además, se mejoraría la agilidad en la atención de los asuntos que gestionará el Instituto, al reducir los tiempos administrativos que muchas veces afectan la rentabilidad de los proyectos.
Lo anterior facilitará, entre otros asuntos, el fomento y el desarrollo eficiente del sector energético, al brindarle confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios. Además, tendrá por objeto el desarrollo efectivo de la radiodifusión y las telecomunicaciones.
Esto no es algo nuevo: en España, en octubre de 2013, se creó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a partir de la integración de los extintos Comisión Nacional de la Competencia, Comisión Nacional de Energía, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Comisión Nacional del Sector Postal, Consejo Estatal de Medios Audiovisuales y Comité de Regulación Ferroviaria y Aeroportuaria.
Hoy, siete años después, el caso español presenta resultados favorables que deben ser considerados, así como áreas de oportunidad que tienen que ser atendidas. En materia de ahorro, en noviembre de 2015, la CNMC reportó que la reforma eléctrica tuvo resultados positivos, al haber logrado un superávit de 500 millones de euros, tras más de diez años de déficit. Además, en materia de monitoreo y sanción de prácticas monopólicas, informó sobre la imposición de una multa de 20 millones de euros a Repsol, por coordinarse y llevar a cabo una estrategia para fijar precios en su red de gasolineras. Ambas acciones demuestran la potencialidad que la iniciativa puede tener para el desarrollo económico de nuestro país.
También se tiene que tomar en cuenta que este tipo de organismos en muchas ocasiones están sujetos a fuertes presiones por parte de los grandes corporativos, que tienen poderosos intereses económicos. Por ello, la creación del Inmecob tendrá como uno de sus objetivos centrales el fortalecimiento de la autonomía, para blindar a las instituciones de los intereses privados que menoscaban el bienestar de la sociedad y el desarrollo económico equitativo.
Se trata de una iniciativa que aún tiene que ser discutida, modificada y, en su caso, aprobada por una mayoría calificada, pues se trata de una reforma constitucional. Esto implica que alrededor de la propuesta se debe dar una discusión amplia que incluso podría ameritar un proceso de Parlamento abierto, para escuchar todas las voces. Es normal que cambios profundos como éste, que buscan la modernización jurídica del país, generen inquietud, por ello, el intercambio de ideas y el diálogo deben ser centrales.
Por tanto, como proponente de la iniciativa para crear el Inmecob, celebro las críticas constructivas y el debate que se puedan generar en torno a ella. Es un proceso abierto, en el cual se habrán de analizar sus implicaciones, sus ventajas y desventajas. Solamente a través del consenso se podrán construir las bases en las que se cimente la transformación del país.