Hace unos días se transmitió en TV Azteca una entrevista que ha generado muchas y muy variadas reacciones que nos muestran el interés nacional por analizar y discutir los temas que nos afectan a todos. El presidente, por supuesto, fue el primero y el de más sonoras reacciones.
Esa entrevista, dijo mi amigo Andrés Manuel López Obrador, es una muestra de la libertad de expresión que existe. De acuerdo, la libertad de expresión existe, aunque no como una concesión, sino como parte de nuestra vida cotidiana. Cuando un gobernante se vanagloria de esa condición está de algún modo convalidando a quienes la niegan o la ven en riesgo.
Un punto muy escandaloso fue el tema de los robos en el gobierno, particularmente con las pensiones de los viejitos. “Si se roba alguien, de los 400 mil millones de pesos que están repartiendo a los viejitos y que no los repartió correctamente, ¿tú crees que los persiga?, ¿tú crees que han hecho una auditoría a los 500 mil millones de pesos que reciben los viejitos en pensiones?, ¿tú crees que ha habido una auditoría de que realmente todas las personas adultos mayores recibieron ese dinero? No, ¿verdad? Todos los que se murieron, ¿tú crees que no siguen cobrando?”.
El presidente dice que yo los acusé de robarse 400 mil millones de pesos y exigió que presente las pruebas correspondientes. Es evidente que sus ayudantes no le funcionan, que no le acercan la información correcta para debatir, a sabiendas de que va a reclamar y lo va a hacer inadecuadamente.
Pruebas pide el presidente, y pruebas ha habido en muchos casos denunciados. Esto de los viejitos no es un invento del Tío Richie, es un asunto que se ha debatido ampliamente, que se ha mencionado con visos de realidad. El presidente, como cabeza de las instituciones, como depositario de todos los instrumentos legales del país debería iniciar una investigación por su cuenta y aclararle a la nación qué ha pasado en casos como ese. Es él quien está obligado a investigar y a aclarar, y en su caso a sancionar, pero prefiere instalarse cómodamente en el rechazo, en la exigencia de que sea el ciudadano quien ejerce esa labor a que está obligado el gobierno.
Lejos de aclarar, el presidente revela que me ofreció “una quita de ocho mil millones” de lo que considera deuda fiscal. Yo he sostenido que se trata de una maniobra indebida que, encima de no querer reconocer las pérdidas fiscales, exigen que se las regresen al doble. No estamos pidiendo quitas ni privilegios, estamos luchando por una verdadera justicia fiscal. Por eso no hemos llegado a un acuerdo.
Como es usual en estos casos, detrás del presidente salió toda la caterva de gobiernícolas a acusarme de todo lo que Andrés Manuel vio mal, conforme su particular criterio. Desde editorialistas y medios que dependen en buena medida del gobierno, hasta los medios oficiales, todo ese mundo se hizo eco de las reacciones con más entrega que convicción.
Ese es precisamente el contexto en que se dio la entrevista que a muchos murmuradores de la confabulación les pareció indebida: se trataba de festejar los 30 años de Televisión Azteca, treinta años de grandes esfuerzos para dotar al país de voces diferentes, de puntos de vista distintos que enriquezcan el debate nacional y la toma de decisiones.
Cuando iniciamos el proyecto, México era rehén de una televisora, de un partido, de un gobierno que usurpaba hasta las tareas empresariales y estoy seguro de nuestra contribución para que las cosas sigan cambiando.
Lo que sí resulta lamentable es que entre todos esos seguidores incondicionales de la línea oficial, nadie se haya referido a una demanda central: corregir la abdicación del Estado a la función primordial, que es garantizar la seguridad física y la integridad de las personas que aquí viven. Eso me parece una abdicación terrible, del gobierno y de quienes se lo consienten.
Por eso... NO CONSENTIR.