El presidente López Obrador ha anunciado su intención de “desmontar” los órganos constitucionalmente autónomos como colofón de su mandato, a través de reformas que, aparentemente, se pondrán a discusión en el periodo legislativo de febrero a abril de 2024, es decir, justo en la campaña electoral.
A estas alturas, todavía no hay claridad sobre los alcances de esta pretendida reforma. La Constitución configura explícitamente 18 instituciones con alguna modalidad de autonomía. Si bien el Presidente se ha referido inicialmente al Inai, al IFT, a la Cofece y a los órganos reguladores del sector energético, en estricto sentido las autonomías constitucionales, como modelo de adjudicación funcional o de competencias públicas, son muchas más: desde el Banco de México, el INE, la CNDH, el INEGI o el Coneval, hasta los tribunales agrarios, de justicia administrativa, la FGR o los centros de conciliación laboral. ¿Al Presidente le incomoda el modelo de instituciones que no se adscriben a la clásica distribución entre poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial? ¿Sólo algunos de esos órganos autónomos? ¿Los que no ha podido colonizar o capturar? ¿Aquellos que tienen como misión inspeccionar el poder? No está claro.
Se abren, entonces, dos posibles escenarios. El Presidente quiere desaparecer un grupo específico de autonomías, bajo el argumento de que cuestan mucho o que sirven a intereses “antipopulares”. Una primera cuestión relevante será a qué órgano o poder público se le asignará la función que actualmente desarrollan las autonomías bajo la mira. ¿El nuevo garante de la transparencia y de los datos personales será una dependencia del propio Ejecutivo? ¿La regulación de ciertos mercados o servicios públicos se trasladará al Congreso o se concentrará nuevamente en el brazo administrativo del Presidente? ¿La intervención del Estado en la economía regresará a la exclusividad de la discreción presidencial?
El segundo escenario es que el Presidente en realidad esté pensando en cuestionar la legitimidad y pertinencia del modelo de autonomías. La incompatibilidad de esta forma de gobernanza con la versión popular de democracia en la que milita, es decir, con esa engañosa idea de que toda manifestación de poder político debe provenir de cuerpos electos directamente por el pueblo. Una reforma de este calado implicaría, sin duda, una cirugía mayor de la Constitución, pero sobre todo significaría una clarísima regresión en el proceso de racionalización del poder presidencial. La existencia –y proliferación– de los órganos constitucionales autónomos responde a la decisión de que ciertas funciones públicas se sometan a los imperativos de la imparcialidad, la especialización y la racionalidad técnica. Su lógica institucional es alejar competencias jurídicas del riesgo de captura, de los vaivenes de mayorías electorales, de la influencia de agendas de corto plazo y de la interferencia de lealtades políticas. Es una modalidad más intensa de descentralización del poder público para balancearlo mejor y someterlo a vigilancias.
Con independencia de la viabilidad política de estas reformas dada la aritmética actual del Congreso, todo parece indicar que López Obrador y su partido llevarán a la campaña el argumento de la restauración de la presidencia fuerte. El relato de que los estorbos burocráticos impiden la materialización de la voluntad popular. El riesgo no es menor: las encuestas reflejan ciertas predisposiciones del electorado a los gobiernos sin contenciones y “austeros”. La oposición debe tomar posición sin rubores en la defensa de un sistema presidencial acotado que coexista con autonomías eficientes. Quizás ese es el dilema de la elección que andan buscando: la vieja presidencia de un solo hombre o una presidencia moderna, funcional y, sobre todo, eficaz.