Arturo Zaldívar construyó su presidencia en la Corte con el cuento de la cercanía estratégica ante un Presidente particularmente popular y con mayorías casi calificadas en el Congreso. El impredecible líder social que podía desaparecer al Poder Judicial de un manotazo. Según Zaldívar, no eran tiempos de custodias contramayoritarias de la Constitución. Los jueces debían cortejar al nuevo inquilino de Palacio Nacional, sintonizar con sus causas, adoptar su lenguaje. Había que concederle triunfos, administrar sus tiempos, facilitar su agenda. Nadie mejor que él para apaciguar al volcán popular. Mejor ser Chamberlain, que iniciar la guerra.
Todo parece indicar que la Corte de Zaldívar hacía feliz al Presidente. Hoy sabemos que no sólo se guardaban asuntos en el cajón, sino que el exministro intervenía desde su posición en asuntos a petición del gobierno. Con inusitado desparpajo, López Obrador confiesa que la liberación de Emilio Lozoya y otros de los tantos reveses judiciales, no hubieran ocurrido en tiempos de Zaldívar. Probablemente se trata de la revelación más escandalosa que se haya escuchado de un presidente. La siniestra manipulación de la justicia a través de la cabeza del Poder Judicial. Una complicidad declarada para violar la Constitución y cometer delitos. Un pacto ominoso que ahora explica el intento de ampliar burdamente su plazo en la presidencia de la Corte y su renuncia para regalar un ministro al movimiento.
Este episodio amerita el inicio de un juicio político contra Zaldívar. Ése es el mecanismo constitucional diseñado no sólo para enlazar consecuencias a una conducta oficial ilícita cometida por altos funcionarios públicos, sino para proteger a la democracia y al Estado de derecho de que otros imiten ese tipo de comportamientos en el futuro. Es un proceso político para esclarecer la verdad sobre hechos pasados y para corregir institucionalmente las fallas estructurales del sistema político. De esos espacios que permiten la desviación del poder. Una forma de hacer pedagogía social. El instrumento para elevar los riesgos y hacer creíble la amenaza de las consecuencias. El último recurso que tiene la Constitución para hacerse valer.
No prejuzgo la responsabilidad de Zaldívar. Tiene que dar explicaciones. Pero no son suficientes las expiaciones tiktokeras. El Congreso tiene que hacer comparecer a implicados, testigos y víctimas en un procedimiento reglado, en igualdad de armas, con las formalidades de la ley. El país merece saber en qué casos el ministro presidente intervino por instrucciones del gobierno. ¿La renuncia forzada de un ministro? ¿El desafuero de un gobernador? ¿Los ‘comités’ de judicializaciones? ¿La prisión preventiva que tiene a Murillo Karam muriendo lentamente en prisión? ¿Los amparos negados a perseguidos políticos? ¿Las amenazas veladas y explícitas a ministros y jueces? Todas esas dudas no pueden quedar entre López Obrador y su secretario de justicia.
El Presidente ha hecho una revelación sobre su injerencia en un poder de la República. El otro poder, la representación popular, debe velar por un principio esencial: la rendición de cuentas. La democracia no puede garantizar gobiernos eficientes y eficaces, pero sí es el único régimen que permite asignar responsabilidades a los que hacen mal. Por el bien de todos, Zaldívar a juicio.