Las fronteras entre lo privado y lo público determinan las discusiones y litigios más apasionantes de toda legislatura: más o menos con estas palabras el gran conservador inglés-irlandés Burke definió la agenda no solo de su tiempo sino de los por venir.
Por un largo periodo, éstas fueron deliberaciones que reclamaron el interés y la energía de muchos juristas constitucionales y de expertos en la administración pública y la gestión económica. Programación o planeación; programas sectoriales de acción y promoción; redefinición de tareas en la siempre difícil dimensión regional de un país centralista por obsesión de sus élites y regional por sus diversas vocaciones, temas que han reclamado los trabajos y los días de miles de servidores públicos y políticos. Con resultados y desenlaces muy disímbolos y, en ocasiones, desafortunados cuando se trata de hacer las cuentas regionales.
Asumir que México es un país de regiones fue lección de los primeros constitucionalistas en 1824, pero no hizo verano. Más bien se impuso una dura y sangrienta disputa entre centralistas y federalistas, liberales y conservadores, que hicieron añicos lo que podía haber quedado de unidad política heredada de la Nueva España. El país se partió y uno de sus primeros y crueles resultados fue la pérdida de más de la mitad del territorio y una humillación nacional que nos ha marcado.
Ahora, por iniciativa del presidente López Obrador, el país todo tiene que abordar la cuestión de los linderos y las relaciones entre lo público y lo privado, al calor de un proyecto de reforma constitucional que pretende darle al sector público la preminencia de la que gozó hasta los años ochenta del siglo pasado en materia eléctrica. La delimitación de esas fronteras debería dar lugar a una definición mayor que, por fuerza, nos remite a la cuestión estructural decisiva sobre nuestra capacidad de generación de electricidad para un horizonte económico de crecimiento mayor a 4.0 por ciento. De eso debería tratarse la cuestión y ahí debería inscribirse el examen de la propuesta presidencial, lo que hasta el momento no se ha hecho.
Junto con el horizonte de crecimiento señalado, toda reforma eléctrica digna de tal nombre debe responder explícitamente a los compromisos y restricciones consignados en los Acuerdos de París y en la Agenda para el Desarrollo Sostenible acordada en la Asamblea General de la ONU. Compromisos firmados por México, nada simbólicos y sí estratégicos, que se tienen que honrar no solo porque se comprometió sino porque en ellos se contienen los vectores decisivos para el futuro desarrollo de la nación.
Recientemente Clemente Ruiz Durán nos ofreció (El Financiero, 5 de octubre) un espléndido repaso de la numeralia básica que subyace a los dilemas planteados por la reforma presidencial. Hemos avanzado significativamente en la expansión de nuestras capacidades basada en fuentes alternativas y limpias de energía, pero es mucho lo que resta y hay que hacerlo pronto. Es primordial, como lo argumenta Clemente, reconocer la potencialidad de una economía mixta como fuente decisiva de la inversión que se tendría que desplegar para concretar los planes que derivan de nuestros compromisos firmados.
En el centro del debate debería estar el papel estratégico de una economía mixta para asegurar la generación necesaria en una perspectiva diferente de crecimiento, desde luego superior a la trayectoria seguida desde los años ochenta del siglo pasado. Lo mismo hay que decir del valor que tiene para el país no solo el mantenimiento del esquema de colaboración público-privado gestado por la reforma anterior, sino su ampliación y, de ser el caso, su reformulación para dar lugar a una auténtica sociedad energética.
“Lo que se ve en el mundo es la convivencia de diferentes fuentes de energía, en donde se combinan las fuentes de abastecimiento, no recargando todo en una sola empresa, se requiere de mucha inversión (…) parece absurdo que se busque limitar la inversión en el sector”, afirma Clemente.
Si de lo que se trata es de insertarse en una transformación vasta y profunda, que va a modificar sustancialmente los modos de producción y comunicación e imponer nuevas estructuras productivas y de investigación científica básica y para el desarrollo y la innovación, no debería jugarse con la electricidad y sus fuentes de generación.
Recuperar el patriotismo de Cárdenas o López Mateos, como lo propone el Presidente, no tiene que ver con un nacionalismo ramplón. La cuestión energética convoca a entender que el meollo está en saber invertir, cooperar y ser responsables frente a las amenazas del cambio climático. Hablamos de desarrollo sustentable que solo es posible trazar si el ánimo es de colaboración y está a la altura de la empresa transformadora que el país debe encarar ya, sin distracciones ni ditirambos.