El gobierno no quiere oír reclamos; su interpretación es la realidad y, para que esto quede claro, el secretario de Gobernación se encarga de reiterarlo: los manifestantes de este domingo, dice, querían la libertad del señor García Luna, declarado culpable en una corte de Nueva York hace unos días. Querer encontrar relación entre la condena al otrora secretario de Seguridad y la concentración del domingo es secreto de gobierno y, en un descuido, de Estado; quizá, tema de columnas de investigación o tareas a emprender de los agotados analistas del FBI o hasta de la CIA, nunca de la apabullada opinión pública mexicana.
Eso que solíamos llamar ‘opinión pública’ está punto menos que exhausta en medio de tantos abalorios; entre redes sociales y medios informativos, todos opinamos sin saber en verdad de qué se trata, pero todos nos volvemos analistas del más alto nivel. Y así, en medio de tanto ruido, proceden los días sin que el respetable se declare indispuesto a seguir como comparsa de una siniestra rutina que no puede sino redundar en mayor desgaste del espíritu público, si es que algo de eso queda.
El secretario de Gobernación, para volver al inicio de nuestro asunto, es el encargado de construir las condiciones de una buena relación entre los diferentes actores políticos que dan sentido a nuestra pluralidad. Enorme y compleja constelación de pasiones, intereses y ambiciones, que conforman el mundo de la sociedad civil organizada, hoy portadora de lo mejor de las agrupaciones comprometidas con el bien común o el bienestar general, la equidad social y la búsqueda de la igualdad.
La posibilidad de tender todo tipo de puentes para el entendimiento, hasta para emprendimientos de reforma política, son tareas que muchos siguen viendo como propias de esa dependencia, lo cual no implica dejar de reconocer los abusos y excesos en que han incurrido muchos de sus mandos, encabezando o apoyando algunos de los peores emprendimientos represivos.
Funciones nada fáciles para un secretario quien, además, quiere ser presidente de la República. Pero será por su desempeño en estas tareas que el aspirante será evaluado, tal es el tamaño de la encomienda que puso en sus manos el presidente de la República, también los cometidos que se esperan de él por parte de una buena parte de la opinión pública.
Frente a estos posibles criterios de evaluación el secretario encara, por lo pronto, una reprimenda y una desaprobación por sus desafortunados dichos en relación con la concentración del domingo pasado. Descalificar la concentración y acusar a los manifestantes de defender a un inculpado, sin que exista elemento alguno para hacerlo, es un despropósito que resalta en la medida de su (en)cargo: responsable del orden interno del país y del Estado. Sobre todo, si le damos valor presente a nuestras tradiciones.
Desde una perspectiva no política, o no electoral para ser preciso, me atrevería a proponer que el secretario ha incurrido en conductas inaceptables para un servidor público. Disculparse ante los manifestantes y buscar una buena conversación de entendimiento con sus organizadores, es su opción única.
Hacer una clara profesión de fe democrática y respetar toda manifestación pública, sin importar su carácter, debería ser compromiso primero de los servidores públicos. Solo así podremos recuperar el espíritu fundador de toda democracia: la voluntad de erigir y respetar plataformas de entendimiento, basadas en el ejercicio de la libertad, para dar lugar a sociedades responsables, deliberantes y siempre plurales.
No hay salidas fáciles para circunstancias como la nuestra. Pero tenemos recursos y experiencias; desde el Estado debe cederse y concederse, y desde la crítica y la oposición apoyar(se) en la idea y el proyecto de un Estado reformado, cuya fortaleza radica en la libre y plural discusión y en la actitud respetuosa.
Precisamente ha sido con esas fortalezas, voluntad, diálogo y respeto, que pudo arribarse a una reforma electoral que devino política y que hoy merece respeto, pero desde luego someterse a las pruebas de ácido de la crítica. En tiempo y forma, pero sin pausa, como lo mandatan la Constitución y sus agregados.
Tener presente, y vigente, en nuestras deliberaciones políticas al respeto, valor universal e imprescindible variable política del intercambio democrático, es lo que esperamos del gobierno y sus principales dirigentes, en particular del secretario de Gobernación y del propio presidente de la República.
Los parámetros del litigio sucesorio no están fijos, pueden desfigurarse si no recuperamos pronto, y para todos, el valor y la centralidad de estos criterios, articulados por el respeto, sin el cual no podremos avanzar un ápice.