Los montos presupuestarios y financieros, dependientes del Estado, que el Presidente ha identificado como parte de los fondos a usar contra el coronavirus no son suficientes. Este debería ser el punto de partida de todo plan destinado a ordenar la acción estatal para la emergencia sanitaria.
Ni la suspensión de actividades, ni la irrupción inesperada del desempleo abierto, mucho menos las magnitudes demográficas y laborales informales dañadas por el brote sanitario son abordables con reducciones 'sensatas' en el lado del gasto público. Mucho menos la arbitraria disminución del sueldo de funcionarios federales que no conmueve a nadie.
Más bien, es de preverse un incremento sustancial del dinero estatal para el gasto corriente, adicional al directamente exigido por nuestro sistema público de salud, al que habrá que agregar en un tiempo relativamente breve nuevas inversiones en el propio sector salud y en otros campos donde esta inversión puede tener efectos prontos en cuanto a la protección y aumento del empleo y de las capacidades productivas del país en su conjunto. Tal cual.
Ponerle números a estos aumentos y relaciones, algunas de ellas fundamentales dado el alto nivel de interdependencia alcanzado, es factible y contamos con los funcionarios y técnicos capaces de hacerlo. Ahí están en la Secretaría de Hacienda y el Banco de México y tal vez también en Nafin y Bancomext, así como en Banobras. Por si hiciera falta, ahí están los varios colegios profesionales, los de ingenieros y desde luego la Academia Nacional de Medicina para echarles el hombro. También algunos gabinetes de investigación del sector privado, como el CEESP y el IDIC. En fin, que recursos humanos hay; quizá un tanto oxidados dada la furia liberista de años, pero dispuestos a una tarea tan vital como fascinante como la de formular una estrategia y sus políticas para el país entero.
El telón de fondo de unas iniciativas como las mencionadas es la idea de proyecto nacional; de plan de acción inmediata y más allá, pero más robusta, la idea de un 'acuerdo en lo fundamental' formulada en el siglo XIX por don Mariano Otero e inspirada nada menos que por Edmund Burke, el gran conservador irlandés y británico del siglo anterior, según cuenta don Jesús Reyes Heroles en su sabrosa introducción y estudio de las Obras de Otero (Mariano Otero, Obras. Recopilación, selección, comentarios y estudio preliminar de Jesús Reyes Heroles. Editorial Porrúa S. A. México, 1995). Hay pues, historia y pensamiento de donde nutrirse para darle cauce y sentido a un debate que, como le ocurría venturosamente a don Mariano, debe estar imbuido de la convicción intensa de que hay que actuar ya y lo menos mal que se pueda.
Con la intención de contribuir a una reflexión como ésta, en el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, agrupación ad honorem formada en 2009 con el auspicio del doctor José Narro, entonces rector, y mantenida con el apoyo del actual rector de la UNAM, Dr. Enrique Graue, realizamos un ejercicio en la dirección apuntada. Persuadir de la urgencia de actuar y convencer a la autoridad y a las fuerzas productivas de la nación de que vivimos horas de angustia y emergencia. Circunstancia que reclama de todos rigor técnico e intelectual y la decisión de poner en juego energías y recursos extraordinarios que impidan una depresión económica destructiva y modulen, al máximo posible, un receso productivo que ha empezado a desplegarse al ser precipitado por las primeras e inevitables medidas de contención de la pandemia.
Ofrezco aquí, con la licencia de El Financiero, un resumen del Pronunciamiento del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo hecho el pasado 28 de marzo (los documentos pueden ser consultados en la página www.nuevocursodedesarrollo.unam.mx).
Enfrentamos una crisis sanitaria que se extendió de manera intempestiva al conjunto social y a la economía. Las prioridades centrales son, por supuesto, la protección de la salud de toda la población, el fortalecimiento urgente del sistema sanitario y de su presupuesto, y el acceso a los servicios sobre todo para los grupos más vulnerables.
La crisis sanitaria tuvo un impacto global inmediato y repercusiones profundas en nuestra economía, que afectarán medios de vida y subsistencia, especialmente para quienes se encuentran en condiciones de pobreza. Esta emergencia excede las dificultades por las que transitamos en otras crisis profundas, e incidirá, además, en el potencial de desarrollo futuro, en la convivencia social y las relaciones colectivas, en la cohesión y otros aspectos vitales de la sociedad mexicana.
El panorama es inédito y los escenarios son ominosos. Estamos obligados, sociedad y gobierno, a responder de común acuerdo con un verdadero Pacto de Estado, con medidas a la altura de las circunstancias y la magnitud de este nuevo desafío. Al tiempo de atender la prioridad central de protección de la salud, debemos responder de inmediato para amortiguar los impactos económicos y sociales a la vista. No podemos subestimar o negar los riesgos que tenemos enfrente. Nos parece que las prioridades son:
• Proteger el empleo y el ingreso, sobre todo de los grupos más vulnerables.
• Salvaguardar la planta productiva, con énfasis en las Pymes.
• Mantener la continuidad de los servicios estratégicos, sean públicos, concesionados o privados en todos los ordenes, y
• Apoyar más proyectos de inversión pública, privada y mixta para la recuperación y el apuntalamiento del crecimiento potencial.
Las circunstancias demandan un cambio de estrategia en la política económica, en particular en las finanzas públicas. Estamos en tiempos anormales que exigen políticas extraordinarias. Muchos países han alterado sus previsiones y dispuesto programas de apoyo para amortiguar las pérdidas de empleo y el desplome del consumo, y más que nada para fortalecer las capacidades de sus sistemas sanitarios. El pasado 24 de marzo el gobierno federal dio un primer paso positivo al anunciar que utilizará fondos hasta por 400 mil millones de pesos adicionales al Presupuesto, sin reducir el gasto previsto. ¿Será esto suficiente, ante la dimensión de las crisis sanitaria y económica? Nos parece urgente poner en marcha un programa más ambicioso de acción inmediata y disponer de apoyos sustancialmente mayores a lo anunciado.
Se imponen cambios a las reglas del Presupuesto: reconsiderar los límites del endeudamiento público y aumentar el tope de requerimientos financieros del sector público por 2.6 por ciento del PIB previsto para 2020, para llevarlo hasta el límite que demanden las necesidades de intervención urgente impuestas por las nuevas circunstancias. Una intervención estatal de gran magnitud para enfrentar la pandemia y mitigar la crisis económica implica abandonar la idea de que el Estado no debe contratar más deuda. Podemos echar mano de este recurso, sobre todo ahora que las tasas de interés en el mundo facilitan y hace más económica la tarea.
En el nuevo contexto se requiere el uso de las líneas de crédito ya abiertas con organismos financieros internacionales, así como explorar la idea de emitir bonos de emergencia de largo plazo a ser adquiridos inicialmente por el Banco de México. Es momento de que la banca de desarrollo despliegue todo su potencial y adquiera un papel protagónico ante la emergencia. Como estos no son tiempos normales, es necesario hacer ver que la expansión tiene un sentido de urgencia y que como tal es temporal.
No es este un momento para la polarización. Es preciso se convoque a un auténtico pacto de Estado entre gobierno y sectores sociales, trabajadores y empresarios, los poderes Legislativo y Judicial, los estados de la República e incluso los municipios de las principales zonas metropolitanas, para deliberar y concertar las medidas inmediatas para las nuevas circunstancias. Lo mismo podremos hacer, pasada la emergencia, para la necesaria reconstrucción de un México menos vulnerable, mejor preparado, más seguro y sustentable.