Rosario Guerra

Prisión preventiva

El nuevo sistema penal acusatorio no funciona adecuadamente y las víctimas son quienes se encuentran en situación de pobreza. Como siempre, ¡primero los pobres!

Aunque AMLO dice que admira a Benito Juárez, no sigue el precepto de que “el respeto al derecho ajeno es la paz”. Tampoco cumple con lo que aquel dijo: “no se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes…”. Desde luego, aquello de “La emisión de las ideas por la prensa debe ser tan libre, como es libre en el hombre la facultad de pensar”, ni siquiera lo ha leído. Menos aún su vocación: “siempre he procurado hacer cuanto ha estado en mi mano para defender y sostener nuestras instituciones”. Tampoco sabe que “los hombres no son nada, los principios lo son todo”.

Continúo con la afirmación de Juárez, quien señaló que “no deshonra a un hombre equivocarse; lo que deshonra es perseverar en el error”. Y en materia de seguridad y justicia AMLO no parece tener estrategia alguna. Y no corrige el error. Habla de todo menos de lo que nos interesa, seguridad, niveles de pobreza, educación, salud, programas para mujeres y niñez. Usa las instituciones a modo, o las destruye.

La prisión preventiva oficiosa tiene a miles en la cárcel, sin juicio ni pruebas contundentes de culpabilidad. Los casos más conocidos son el de Rosario Robles, quien se regresó de España para enfrentar las acusaciones. El juicio aún no inicia, pero pasó tres años en prisión bajo el supuesto de que podría huir de México. Fue una acción política y no de justificación jurídica. Finalmente enfrentará en libertad el proceso.

Qué decir del uso de esta macana política en el caso de Jesús Murillo Karam, a quien también se le dictó prisión preventiva. Y se persigue a militares en lugar de atrapar a los narcotraficantes de la zona de cultivo de la amapola en Iguala. Se les acusa de delitos graves, que por lo menos no son imputables a Murillo Karam, como exprocurador general de la República, y se teme por su vida, debido a su precaria salud y su edad. Pero para efectos propagandísticos, se requiere alguien que sea culpable de un supuesto ‘engaño’ sobre lo sucedido a los 43 de Ayotzinapa. Lo cierto es que todas las desapariciones investigadas apuntan a su asesinato.

En el caso del controvertido Alejandro Moreno, se le acusa de enriquecimiento inexplicable y otros delitos, cuando en realidad, todos lo vimos, engañó a AMLO y a muchos ciudadanos de que el PRI podría votar la reforma eléctrica y no lo hizo. Imaginen cómo se sentirá el Presidente, que hizo Parlamento abierto, otorgó posiciones en el Congreso y no obtuvo los votos para sus propósitos. Enojado, yo creo que algo más. En el PRI también se critica a Moreno, pues se cerró a la participación de varios grupos, que hoy lo acusan de perder elecciones, cuando ha quedado más que claro que los gobernadores del PRI entregaron las plazas a Morena, bajo la presión del narco, o por acuerdos con el Presidente.

De cualquier forma, Alito, como le llaman, está en una de las prioridades de la macana de AMLO, que lo quiere desaforar con procedimientos desaseados y amenazas a su familia e integridad. Aunque Osorio Chong pidió al PRD y al PAN deslindarse de Alito, los partidos han cerrado filas para que la alianza no se rompa. La posición de la presidencia del PRI es muy deseada por quienes quieren disponer de las candidaturas en 2024, y, en materia de lealtades, todo es una sospecha. En septiembre veremos el desenlace de esta historia.

Por eso, si la SCJN decide acotar la prisión preventiva, se atendería la validez de los derechos humanos y la presunción de inocencia. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado esta práctica. Por eso, la Corte quiere dejar a los jueces en libertad para decidir si un inculpado merece o no la prisión preventiva y no hacer de ésta una práctica obligatoria. Esto implicaría que la prisión preventiva sea plenamente justificada, y no se aplique criterios arbitrarios o incluso violatorios de derechos.

El ministro ponente, Luis María Aguilar, afirma que 40.8 por ciento de los presos no han sido sentenciados y que a partir de las reformas constitucionales de 2019, se ha incrementado el número de encarcelados en 14.6 por ciento. El nuevo sistema penal acusatorio no funciona adecuadamente y las víctimas son quienes se encuentran en situación de pobreza. Como siempre, ¡primero los pobres!

COLUMNAS ANTERIORES

Caída libre
SCJN

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.