Ayer se consumó un albazo en la Cámara de Diputados. El gobierno tomó control del proceso electoral, aun sin reforma constitucional. En democracia se gobierna con mayorías, pero conforme a los Derechos Humanos establecidos en la Carta Magna, se hace de conformidad con el respeto a la dignidad humana. Los derechos político-electorales deben estar tutelados por el Estado, pero no controlados por éste. Ese matiz es importante porque el INE y el TEPJF son autónomos en su organización y funcionamiento para poder cumplir los criterios de certeza, legalidad e imparcialidad, para evitar que el proceso electoral se convierta en un conflicto. Estos principios fueron vulnerados imponiendo criterios de modificación en sus áreas y funciones, reduciendo su presupuesto. Mucho habíamos avanzado en el camino electoral y éramos reconocidos mundialmente. El respeto al voto y a los resultados electorales han sido claros y confiables.
Aunque nunca lo probó, AMLO quedó resentido por los resultados de 2006, cuando ya tenía el triunfo en encuestas, y por sus propios errores, perdió la elección, y como siempre, alegó fraude y culpó al INE. Resintió perder la presidencia, hoy se asegura de quitar obstáculos para instrumentar una elección de Estado. Garantizar así el triunfo de su corcholata.
Ayer AMLO, siempre dispuesto a sorprendernos, envío a la Cámara de Diputados el paquete de reformas a seis leyes electorales, a la de responsabilidades de servidores públicos, de comunicación social y otras. Solicitó un proceso de fast track para que se aprobaran ese mismo día, sin la posibilidad de que los legisladores en comisiones las leyeran, analizaran y propusieran mejoras o modificaciones para formular un dictamen. La mayoría se impondría tras la disculpa de trámites. Cambiaron así las reglas del arbitraje político y del proceso de atención a las quejas o denuncias sobre irregularidades en el proceso electoral. Permiten a los servidores públicos participar en procesos electorales y quitan prohibiciones a la comunicación de programas de gobierno con el nombre y el mensaje del responsable. Se prohíben críticas al gobierno en campaña. Con estas reformas, AMLO rompe con todo lo que le impedía posicionar a sus candidaturas.
Es la primera vez que un gobierno impone una reforma electoral a modo. No hubo negociación, ni se buscó el consenso, tan solo negoció con sus aliados los temas de financiamiento público y permanencia del registro de los partidos, además de que pueden conservar los recursos no ejercidos. A los partidos del bloque opositor los relegó, los sorprendió y los minimizó. En resumen, los saboteó. No se aceptó que las iniciativas pasaran a comisiones legislativas para su análisis y dictaminación. Trámite que se regula en ley.
Se acota el servicio profesional de carrera y se obliga al INE, con su reestructura, a despedir personal, además de aumentar cargas de trabajo, para alegar que no cumple con sus funciones y desacreditarlo. Le quita los fideicomisos que utiliza para apoyar procesos electorales, como lo fue la revocación del mandato. Desaparece el Secretariado Ejecutivo, brazo operador del INE. Se fusionan áreas, afectando funciones.
Se regresa al esquema de que los partidos políticos coaligados decidan el porcentaje de votación que cada uno recibirá del total, según el reparto que ellos decidan, y no con base en los votos emitidos para cada uno. No perderán registro los partidos a nivel federal si logran un 3 por ciento en elección local.
Un aspecto de fuerte retroceso para los derechos políticos de las mujeres es el autorizar cambios en las listas plurinominales, mediante una regla de ajuste. Es decir, la paridad la establecen 50/50 y no como principio constitucional donde el número de legisladores corresponde a la votación registrada, y pueden ser mayoría las mujeres.
Se cambian criterios sobre número mínimo de militantes de un partido y establecen los registros contables de los gastos de campaña con nuevas reglas, más relajadas, para que el incumplir con la entrega no sea una causal de anular registro. La fiscalización se le retira al INE y se pasa a los OPLE´s, donde los gobernadores pueden influir. También se prohíbe al INE realizar elecciones de dirigentes partidistas o de candidaturas.
El bloque opositor abandonó el recinto en protesta por las irregularidades en el proceso legislativo; regresaron para votar en contra. Ahora corresponde al Senado decidir el proceso legislativo de la minuta. Monreal aseguró que se enviará a comisiones para que ahí se discuta y se elaboren los dictámenes. Sin embargo, Adán Augusto aseguró que hablaría con Monreal para que se aplique el procedimiento fast-track en la Cámara alta.
¿Qué decidirá el Senado? Ahí puede darse una solución para defender el proceso electoral, o bien, puede retardarse o modificarse el contenido. De cualquier forma, parece que el asunto terminará en la SCJN, donde se habrá de analizar desde el debido proceso legislativo hasta los contenidos posiblemente inconstitucionales del plan B.
Hoy, frente al atropello, lo importante es participar. Alzar la voz. La marcha del 13 de noviembre frenó la reforma constitucional de AMLO; logró reagrupar a los partidos de Va por México y votaron en contra de la propuesta. Por tanto, hay que seguir demostrando que somos muchos los que queremos evitar un fraude electoral, que queremos elecciones limpias y transparentes, legales. Habremos de convocarnos y seguir visitando autoridades con nuestras preocupaciones, expresar públicamente nuestro rechazo a modificaciones que benefician a Morena, como gobierno.
Muchas de las reformas hechas fueron sus anteriores demandas; hoy, desde el poder, temen una derrota en las urnas, no importa cuán popular sea AMLO, adecúan el marco electoral a sus intereses, violentan a la República, no podemos permitirlo. AMLO dijo que no ganó con el INE, sino con el voto del pueblo. Es cierto, nos corresponde a nosotros decidir y tenemos la obligación de votar, ahí será decisiva nuestra actuación.