El TEPJF otorgó la constancia a Claudia Sheinbaum como presidenta electa en la pasada contienda electoral. Es la primera vez que México tiene como mujer a quien ejercerá la titularidad del Poder Ejecutivo. No es una feminista militante en las luchas por los derechos de las mujeres, pero ha enfrentado, como todas, las limitaciones y discriminaciones de los estereotipos de género que la sociedad impone. Es pues un momento histórico. Hay muchos puntos de enigma de cómo será su gobierno. Tenemos presidenta, pero aún no sabemos cómo va a gobernar. Si bien ha sido dócil y ha sabido leer a AMLO, hay declaraciones y gabinete compartido que marcan ciertas distinciones.
Sheinbaum recibe un país en quiebra. No hay dinero, todos los fondos y fideicomisos los utilizó AMLO en las obras de su gobierno que duplicaron y triplicaron su costo y no funcionan. Se habla de que se ampliarán los apoyos sociales, pero no se ve la fuente de financiamiento, ya no digamos para aumentarlos, tan solo para sostener los existentes.
Sheinbaum ha comentado que impulsará el uso de energías limpias, lo cual ayudará a la competitividad de nuestra economía. Ha señalado que buscará de nuevo la inversión privada en infraestructura, lo cual ayudaría a focalizar el gasto público en prioridades sociales y avanzar vía concesiones en la creación de lo que requerimos para el nearshoring.
Altagracia Gómez tiene clara una propuesta, que sin duda aceptarían las fuerzas políticas y económicas para rescatar al país. Se rumora que se revisa y adecua la ley de Asociaciones Públicas y Privadas que cambiará su nombre por Bienestar. Sea cual sea la nomenclatura, las APP tienen varias ventajas, no son deuda pública, requieren de estudios financieros, sociales, medioambientales y técnicos para lograr la viabilidad. Se requiere demostrar que es socialmente más rentable hacer la obra hoy con recursos privados, que con recursos públicos.
Las obras deben ser concursadas. El gobierno debe supervisarlas y recibir una contraprestación. Si no funcionan adecuadamente, se puede cambiar de operario privado sin sanciones, conforme contratos. México tiene recursos privados en cuantía para acceder a este financiamiento vía banca de desarrollo, comercial, e incluso banca mundial.
Hasta aquí lo que alienta del gobierno de Sheinbaum. Lo que preocupa es que AMLO ha designado a la parte política de su gabinete. Quiere mantener el control del Congreso, acabar con la SCJN, seguir siendo el caudillo tras el trono. Amenaza, corrompe, cautiva, promete, y desesperado, todo lo quiere arreglar en septiembre con una sobrerrepresentación que espera lograr de los órganos electorales, sometiendo a Taddei y a Soto. Si bien la interpretación letrística de la Constitución no corresponde al espíritu de la legislación y el 8 por ciento solo se aplica a la coalición, y no se triplica por partidos, lo que es un abuso pues niega la pluralidad y la existencia de las minorías que obtuvieron, pese a una elección inequitativa, más de 44 por ciento de los votos. Cada voto debe traducirse en su proporcionalidad en las curules, otra opción es una devaluación del valor de nuestro voto.
Además, AMLO le deja a Sheinbaum una herencia muy difícil, pues al desaparecer los órganos autónomos viola tratados internacionales, atenta contra los derechos humanos de la población y genera controversias internacionales que el nuevo gobierno deberá afrontar. La politización de la justicia, sin tocar fiscalías que actúan más como defensorías políticas, como lo vimos ayer en el caso de Javier Corral, y sin cambiar a los ministerios públicos, es una simple vendetta contra el Poder Judicial.
Jueces y magistrados reciben de las fiscalías los informes y averiguaciones procedentes en la comisión de un delito y esa es su materia para tomar decisiones. Si ya vienen sesgos, es difícil que un juez logre determinarlo, menos un magistrado. Ya se movilizan y llamarán a paro. El daño será enorme. Ya de por sí hay rezagos por falta de personal, ahora imaginen un país sin juzgadores. El voto o la tómbola son simples ocurrencias para destruir lo avanzado en la carrera judicial que ha rendido frutos.
La duda está en si los legisladores obedecerán a AMLO, o serán un apoyo de Sheinbaum. Los morenistas están divididos; los radicales que buscan el poder autoritario y los moderados, más preocupados por sacar adelante al país. La inflación sigue en ascenso; no se espera que IMSS Bienestar resuelva la crisis de salud; el gobierno esconde la evaluación educativa; la seguridad sigue corriendo por dos vías, la de Omar Harfuch y la de las Fuerzas Armadas, sin una estrategia o programa realmente coordinado.
Así pues, tenemos presidenta, pero no tenemos claridad si habrá gobierno. La última ocurrencia de AMLO es retirar apoyos a las organizaciones de la sociedad civil, por venganza contra Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Olvida que estas organizaciones ayudan a todo lo que el Estado no quiere y no puede atender: niños con cáncer, enfermos terminales de sida, atención a parálisis cerebral, síndrome de down, adicciones, cuidado de enfermos terminales, alimentación, protección a pueblos indígenas, defensa de derechos humanos, apoyo a la comunidad LGBTTQ+, rehabilitaciones, y una muy amplia gama de acciones de apoyo a la sociedad mexicana, especialmente a grupos vulnerables.
Pero para AMLO todo es teoría de la conspiración y acabar con quienes piensan o actúan fuera de sus lineamientos, por muy sectarios que sean, son una amenaza que debe ser erradicada.
Hoy, lo más importante es evitar la sobrerrepresentación. El propio INE y el TEPJF desaparecerán. Se cambiará el sistema. No habrá elecciones independientes, ni justicia electoral. Se anulará la representación plurinominal para volver a la época de solo elegir mayorías y reducir el número de legisladores, para que Morena y sus aliados tengan cómodamente la mayoría de votos por siempre. Es regresar a la época del caudillismo. Ni siquiera a la del PRI hegemónico.
Durante la época de la transición democrática, todos los cambios electorales se hacían por negociación y se votaban por mayorías y las leyes secundarias se adecuaban. El problema es que cuando se trataba de acotar al Ejecutivo, las reformas ya no avanzaban y nos quedamos sin hacer los cambios que previnieran que por la vía electoral, el Poder Ejecutivo pudiese realizar sin consenso, políticas para forjar un régimen autoritario.
Septiembre está a la vuelta de la esquina. Antes del 23 de agosto, el INE asignará la distribución de las curules plurinominales. No hay unanimidad en el pleno, pero es posible lograr mayoría. Veremos cómo pasarán a la historia los consejeros, a quienes seguro les hicieron promesas que Morena no cumplirá, ya empoderada.
Por eso la sociedad civil de la llamada marea rosa sigue en pie de lucha. El domingo, pese a que Taddei les negó la explanada del INE para manifestarse, cerca de 4 mil personas asistieron a entregar un documento jurídico, político para rechazar la sobrerrepresentación, que leyó el ex Consejero Presidente del IFE, Leonardo Valdés. Si la sobrerrepresentación es avalada por los órganos electorales, entraremos a una nueva etapa de la República.
Y aunque la ley favorezca al autoritarismo, la sociedad resistirá. Y seguirán los movimientos y manifestaciones en contra de los atropellos a la democracia y los derechos políticos de una sociedad plural. Sheinbaum tiene pues dos frentes, ninguno sencillo. Rescatar la economía del país y encauzar el nearshoring, y, determinar en el ámbito político si gobernará sola y en confrontación constante, o buscará algunos acuerdos para poder transitar. Desde luego esta decisión no es personal. Depende de un entretejido de intereses que el propio AMLO encabeza. Veremos pues, qué gobierno se asienta.