La 4T busca imponerse. Consideran que tienen suficiente legitimidad, con el 54 por ciento de los sufragios. Y hablan con ese porcentaje a nombre del pueblo, pero excluyen al otro 46 por ciento de los votantes. Se debe gobernar para todos, pero la ideologización prevalece sobre la realidad. La reforma judicial no la ordenó el pueblo, sino AMLO, y la confirmó Claudia Sheinbaum. Destruye la división de poderes y al Estado de derecho al concentrar el poder en una persona, que no puede gobernar bien, sola y aislada de la realidad. El INE y el TEPJF son los directos responsables de la supermayoría que destruye la pluralidad en el Congreso. Los jueces han emitido diversos amparos contra la reforma y contra el Congreso. La presidenta dice que ella no tiene por qué acatar lo dispuesto por los juzgadores, lo cual acaba con el derecho y el amparo contra actos de la autoridad.
Como es claro que no aplica la desobediencia a una sentencia, ahora la 4T quiere blindarse acabando con el amparo y aplicando la retroactividad para evitar que la SCJN se pronuncie contra la reforma judicial por deficiencias en el procedimiento o que se acaten resoluciones de los juzgados. Así se les ocurrió otra reforma constitucional para acabar con el amparo y las facultades de los jueces contra todo lo que apruebe el Congreso, no importan contenidos, ni procedimientos violentados, ni derechos humanos. No procede inconstitucionalidad, ni aplican los tratados internacionales. La ideología de que ‘están del lado correcto de la historia’, los ciega y pierden de vista la realidad.
Se anunció que se retiraba el control de convencionalidad de la iniciativa, que era muy grave porque se restringía a toda norma independiente de su jerarquía. Pero se limitan los mecanismos de defensa constitucional y los compromisos internacionales asumidos. Aunque se modifique parte de la iniciativa, es necesario que no se retroceda en la protección de los derechos humanos y se defiendan los principios constitucionales básicos. La 4T se enreda en su propio autoritarismo porque hay alternativas para garantizar la gobernabilidad y la estabilidad constitucional sin afectar derechos humanos.
La flexibilidad interpretativa de los juzgadores que tanto combate la 4T, no ha generado incertidumbre, por el contrario, ha permitido avanzar en la progresividad de los derechos humanos. Limitar el amparo a las reformas constitucionales abarca un amplio campo de posibilidades porque depende de qué reforma se trate. Pueden ser de cualquier tipo, para regular propiedad privada, para acabar la autonomía de Banco de México, para impedir libertad de expresión y de prensa, para regular salud y educación, según su propia ideología, para regular la inversión extranjera o la nacional, para permitir expropiaciones sin pago, para prohibir la libre manifestación de ideas, para sancionar donativos a ONGs, todo lo que se les ocurra y más. Mucho más. Para eso ejercen el poder absoluto sin contrapesos. No hay lugar para escuchar otras voces. El país lo toman como propio.
Al considerar improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad para cuestionar las adiciones a las reformas constitucionales y determinar que no procederá el juicio de amparo contra reformas o adiciones constitucionales, estamos ahora sí, ante un golpe de Estado. Avanzamos a un autoritarismo de partido hegemónico. Se dice que se trata de inhibir interpretaciones sesgadas de ciudadanos y jueces, pero en realidad esto implica acabar con derechos humanos y transgredir tratados internacionales porque ¿quién determina si hay un sesgo? Entonces es mejor acabar con interpretaciones y defensa frente a ellas. Así se impone un solo punto de vista, el del Congreso y el Ejecutivo.
Si ya de por sí es grave la reforma judicial al acabar con la certeza jurídica que limita inversiones, las nuevas disposiciones en proceso de ser aprobadas solo demuestran que los jueces sí tenían facultades para resolver los amparos y que no tienen asegurado el voto de los ministros de la SCJN para pronunciarse en torno al procedimiento de aprobación de dicha reforma. Por tanto, aún quedan pocos días para que la Corte actúe. Ya los partidos PAN y PRI han urgido a la SCJN para que se pronuncie y resuelva al respecto. Las presiones y amenazas deben ser muy duras, pero pedimos a los ministros que no abandonen su deber para con el país. No pueden dejarnos solos.
Buscar cambiar la realidad mediante disposiciones ideológicas convertidas en reformas constitucionales, no lograrán borrar los costos que seguirán a sus fantasías de dominación absoluta. Tanto los mercados, como las calificadoras, como los inversionistas y el mundo globalizado pasarán facturas y pagarán los mexicanos. Nos acercamos inevitablemente a la soberbia de un gobierno superideologizado que gobierna por dogmas, sin atender a la realidad del país y del contexto mundial.
Si para resolver problemas, a veces no basta tener la razón, hoy vemos que la razón no importa, porque yo tengo los votos y la legitimidad para decidir si la soberanía de la nación persiste y bajo qué modalidades. Atropellar los derechos humanos y la dignidad humana es algo que no les importa porque en realidad no son demócratas, sino rémoras de viejos sistemas que ya han fracasado en el pasado. No hay, ni habrá diálogo, ni espacio para la disidencia, ni intercambio de información para tomar mejores decisiones, ni respeto a la pluralidad. Solo será válido lo que el Ejecutivo envíe al Congreso y éste apruebe con su supermayoría.
Muchos mexicanos ni siquiera entienden lo que hoy vivimos. El tamaño de la regresión democrática y la anulación de nuestros derechos humanos. Se irán enterando con el tiempo y las nuevas prácticas. Pero no por una cultura política de mayor participación. Esta también es una triste realidad que nos pesará a todos, gobierno y ciudadanos. Pero en el INE y en TEPJF sí hay plena conciencia de lo que hicieron para que el país avance al autoritarismo. Queda en sus conciencias este actuar.
A unas cuantas semanas del nuevo gobierno, ya no hay máscaras. Ni rubor por decisiones antes impensables. Tampoco hay dudas, pese a costos. Están dispuestos a asumirlos porque los minimizan. Porque su realidad responde a su ideario de transformación, y no importa lo que opinen los otros. Está en marcha ya un nuevo sistema de gobierno. Al que no le agrade, se puede marchar.