Este lunes en la capital del país se reportó que una persona que solía moverse en círculos de alto poder adquisitivo había sido detenida por acusaciones que implican el participar en el crimen organizado. El revuelo causado por la detención acaso sirva para recordarnos que en México la delincuencia domina toda dinámica social, un resultado lógico si los gobiernos y la sociedad no atienden con la urgencia que se debería ese problema. Jalisco es un ejemplo de ello.
Las notas se repiten con tal frecuencia que es difícil dar seguimiento de los casos de jóvenes desaparecidos en la entidad jalisciense. El rapto y asesinato de tres hermanos en la capital este mes sacó a la calle a algunos colectivos de esa zona metropolitana, pero no habían terminado de darse las movilizaciones cuando ya se reportaba en los medios que otros dos hermanos fueron secuestrados desde marzo sin que se conozca aún su paradero. Y la cadena de denuncias parecidas es constante.
Luego de ser sustraídos de su hogar en Guadalajara, los hermanos José Alberto, Luis Ángel y Ana Karen González Moreno fallecieron a manos de la delincuencia que tiene por rehén a Jalisco. El poderío de los criminales no encuentra respuesta en un estado que padece, por un lado, el desdén del presidente López Obrador a atender el problema nacional de la violencia, por otro la incapacidad estatal para desarrollar mecanismos policiacos efectivos para proteger a su población y constituirse en una amenaza creíble para los criminales, y finalmente, pero no menos importante, la descoordinación entre las autoridades federales y locales.
Ese coctel de deficiencias institucionales corona una realidad que se agrava con el paso del tiempo. Si las organizaciones delincuenciales no son enfrentadas por las instituciones, los ciudadanos harán lo único medianamente sensato que les queda: normalizar que los criminales son quienes mandan, y allanarse a ese nuevo orden, donde habría que estar loco para denunciar movimientos sospechosos de algunos vecinos y menos aún acudir a la policía para reportar presuntos delitos.
De esa forma, la convivencia se trastoca por completo, y la ciudadanía se ve forzada a sobrevivir en una dinámica donde los malos se saben a salvo porque tanto por la vía del temor, de las amenazas reales e incluso de convertirse en personajes de estilo de ‘vida aspiracional’ son incorporados a la normalidad y dejarán toda clandestinidad. Se esconden a plena luz del día porque no habrá quién les desafíe, hecho que si se extiende por años no hará más que propagarse tanto a nivel regional como en cuanto a extractos socioeconómicos.
Estamos hablando de Jalisco, pero lo mismo podría decirse de Michoacán, visibilizado en semanas recientes con los sucesos de Aguililla, o de Sonora y el brutal asesinato del candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme. Todas esas dinámicas de violencia no se entienden sin que de tiempo atrás haya una debilidad institucional que provocó que las sociedades no pudieran resistir la instalación entre los suyos de delincuentes, que actuarán en impunidad total lo mismo extrayendo rentas de los mercados negros que perpetrando por igual asesinatos colectivos o atentados en contra de personajes como un exgobernador de Jalisco o un candidato a alcalde.
Más que nunca las sociedades están a merced de los delincuentes, dado que el panorama no podría ser más desolador: por un lado autoridades estatales incapaces y/o corruptas y por el otro una federación concentrada en todo menos en procurar la seguridad de la población. En medio de eso, los criminales sólo extenderán su poderío, de la tiendita de barrio al campo de golf.