Este jueves la Fiscalía General de la República dio un golpe prometedor en el camino para desmontar una red que se asentó en Quintana Roo, desde donde operó durante varios años, según acusaciones internacionales, una banda que robó cientos de millones de dólares a través de tarjetas bancarias que eran clonadas en cajeros automáticos alterados.
La FGR detuvo ayer en la Ciudad de México con fines de extradición a Florian Tudor, ciudadano de origen rumano y cuyas actividades en suelo mexicano se pueden rastrear desde 2014. Tudor ha sido señalado por contar con una red de protección de tal nivel que habría logrado la expulsión de Quintana Roo de un exdelegado de la Fiscalía General de la República que le investigaba, y por haber acosado mediáticamente a Alberto Capella, secretario de Seguridad que por otros hechos luego se separó del puesto.
Columnistas, entre ellos particularmente Héctor de Mauleón, dieron cuenta la primavera del año pasado del modus operandi de Tudor y su grupo. Aquí dos de sus entregas: https://www.eluniversal.com.mx/opinion/hector-de-mauleon/los-rumanos-y-su-red y https://www.eluniversal.com.mx/opinion/hector-de-mauleon/el-negocio-de-la-mafia-rumana-en-cancun
Semanas después, un grupo de periodistas, entre los que había extranjeros y mexicanos, daría a conocer un minucioso reportaje que establecía la dimensión de los robos y cómo éstos ya habían llamado la atención de autoridades en Estados Unidos y Rumanía. Esa investigación se publicó en varios idiomas el 3 de junio pasado.
En el reporte se estableció que Tudor, que ya había sido detenido en Italia, y su grupo comenzaron operaciones mexicanas hace siete años, cuando consiguieron una licencia para instalar, con otra marca comercial –Intacash–, cajeros automáticos de Multiva en distintos puntos turísticos de México, principalmente, no sólo en la Riviera Maya.
Según un testimonio llegaron a operar hasta 100 cajeros. Éstos eran alterados para que clonaran las tarjetas de los solicitantes de efectivo y, según la declaración de ese involucrado, llegaron a tener ganancias de 20 millones de dólares, que eran dispersados en países de Asia, el Caribe y Sudamérica.
Tudor fue señalado como el líder de la banda, pero él siempre negó esas acusaciones y dijo que los funcionarios policiacos mexicanos querían extorsionarle.
La realidad es que policías que le enfrentaron terminaron por ser removidos, como Javier Ocampo García, entonces delegado de la FGR en Quintana Roo, o sujetos a campañas mediáticas, como Alberto Capella.
Ya fuera de Quintana Roo, Ocampo García declaró a los autores del reportaje De Rumanía a Cancún, la banda de la Riviera Maya: bandidos globales de cajeros que estaba dispuesto a “declarar ante una institución de investigación formal” sus indicios de que había autoridades que brindaban protección a Tudor.
“La fama pública internacional de este grupo de seudoempresarios es, creo, de lo peor que hemos visto”, dijo por su parte Capella en entrevista con los periodistas del reportaje internacional.
Tras la revelación de ese reportaje, y luego de nuevos señalamientos de otros medios, las noticias más destacadas con respecto al caso fueron en dos sentidos: por una parte, Tudor logró que alguien en una mañanera en Palacio Nacional pidiera al Presidente de la República una cita para él, pues se decía víctima; y que desde su país de origen llegara una solicitud de extradición.
El contraste no podía ser mayor: mientras en Europa era solicitado por la justicia, en México lograría entrevistarse con la secretaria Rosa Icela Rodríguez.
Tras el golpe de ayer, sólo resta preguntar por qué tardó el gobierno de México en proceder, y si las autoridades federales investigarán todas las complicidades que hicieron posible que una banda de esas dimensiones operara por años tranquilamente desde Cancún.