Al arrancar el sexenio –diciembre de 2018– surgió el primer indicio de lo que sería la relación de López Obrador con las instituciones de educación superior. En la contrarreforma educativa la bancada oficial en el Congreso jugueteó con la idea de suprimir la autonomía universitaria. El amago fue conjurado, pero la intención quedó clara: el gobierno de AMLO buscaría meterse en ese terreno.
Tras el primer amago siguieron otros: coqueteos con la idea de reducir el presupuesto universitario; morenistas que se pronunciaban a favor de modificar leyes orgánicas de algunas universidades estatales; la manifestación en la ley de que los programas de esos centros de estudio deberán ajustarse con los planes educativos de los gobiernos estatales o federal; el embate verbal del Presidente contra la UNAM y, por supuesto, la desaseada renovación del titular del CIDE. Y sólo va la primera mitad del sexenio.
Habrá quien diga que salvo lo ocurrido en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, donde el Conacyt optó por nombrar como director a un personaje menor, atrabiliario y cuestionado, hasta ahora el gobierno ha fracasado en cada uno de esos intentos por incidir en la educación superior. Creo que ese balance constituiría no sólo un corte de caja prematuro, sino escaso de miras, uno que no advierte la verdadera intención del Presidente.
López Obrador recurre a dos métodos para hacer las cosas. En donde puede, echa a andar por sí mismo la maquinaria que hará que sus propósitos se concreten, ya sea a través de una ‘consulta’ popular (aeropuerto de Texcoco, revocación), de una decisión administrativa que no repara en consecuencias (cancelación de compra consolidada de medicamentos, cancelación de contratos de ductos, decretos y ahora ley sobre mercado eléctrico, extinción de fideicomisos…) o de una reforma legal que incluso concita apoyo de otros partidos (creación de la Guardia Nacional).
Pero con respecto a otros campos su estrategia es provocar una turbulencia que haga que sean los propios actores quienes terminen inmersos en una dinámica que les hará enfrentarse internamente. Lo hace, por ejemplo, con el PRI, al que intenta poner contra la pared y contra sí mismo en razón a la reforma eléctrica, pero también con las universidades.
Andrés Manuel es temerario. Es decir, no muestra temor por sus actos, pero tampoco asume responsabilidad por las consecuencias de los mismos. Ejemplo: hay que tronar la corrupción del sector farmacéutico, y mantenerse en esa ruta aunque un “daño colateral” (Patricia Armendáriz dixit) sea el desabasto de medicamentos oncológicos para niños.
Con las universidades opera igual. Pretende renovar esos centros de estudios sin dotar a éstos de los recursos y apoyos que requerirían para ampliar sus matrículas, por ejemplo.
Lo que importa no es conducir un cambio, sino ser visto como el factor del cambio. Por eso no estima conveniente razonar si sus emplazamientos a que la Universidad Nacional Autónoma de México se sacuda traerán o no indeseables consecuencias. Porque lo que es crucial para López Obrador es que haya un A.L.O. y un D.L.O. Su más genuino impulso es que la República experimente en este sexenio un parteaguas, que todo mundo sepa que hay un antes y un después de su presidencia.
Así que irá sembrando crisis, o caos, donde pueda porque además esto le acarrea otros beneficios.
Al desatar vientos en centros como la UNAM o el CIDE divide a esas comunidades, las obliga a abocarse a resolver sus tensiones internas, y al ocuparse en ello les quita filo como instancias críticas que podrían dedicarse a analizar su administración.
Es el caos como método. Y en él gana AMLO.