El diario El Occidental anunció este lunes que dejará de ser un cotidiano para volverse un semanal, con renovada presencia en internet. No extraña que la empresa editora de ese rotativo busque presentar tan dramático cambio como una apuesta a la modernidad, como una ambiciosa migración a la vida digital, pero es lo que es: cierra un periódico, y ello debería llamarnos a la reflexión.
Junto con El Informador, un decano de la prensa jalisciense y nacional, El Occidental conformaba históricamente parte de la estructura periodística de ese estado. En el plano del anecdotario personal, rescato la etapa en que fue dirigido por Guillermo Chao Ebergenyi.
Ese panorama informativo cambiaría con la irrupción de Siglo 21, en 1991, pero justo es decir que en términos generales el surgimiento de éste formó parte de una modernización de todo el ámbito periodístico de esa región occidental, que por aquellas épocas vivió trascendentes retos: violencia inédita marcada por masacres como la de la discoteca Christine o el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo; explosión en el sector Reforma con 200 muertos como cifra oficial, alternancia en el poder, etcétera.
Treinta años después uno de los protagonistas de la crónica de esos eventos cambia a formato semanal, pero salvo una sorpresa –que sería muy agradecible– insisto en que estamos ante el cierre de un diario, uno más de la prensa local.
La noticia llega unas semanas después de que Lado B, un portal de periodismo serio en Puebla, anunciara que haría una pausa. El mensaje es claro: periodistas de los estados, que casi siempre son los que más padecen las presiones de poderes establecidos, y de los fácticos como el crimen organizado ni qué decir, están quedándose sin medios.
A nivel federal y estatal, los gobiernos de las alternancias han descubierto que la prensa que les ayudó a llegar al poder es estorbosa. Se sirvieron de ese periodismo cuando fueron opositores, pero al volverse gobierno le hacen complicada la vida a quienes en un momento vieron como aliados.
Eso explica, en parte, que ni los estados ni la Federación tengan reglas claras sobre la publicidad oficial. Unos y otros partidos son iguales: cuando les toca su turno dan premios a plataformas informativas aliadas, y dejan con lo mínimo, e incluso con prácticamente nada, a otros medios. Todos han actuado igual. Todos.
Pero debemos reconocer que el cierre de medios también se debe a que hemos fallado en modernizar las empresas periodísticas, esfuerzo que supone mucho más que la transición a lo digital (parezco trasnochado hablando de eso en pleno 2022, pero en fin).
Los recientes asesinatos de Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, dos periodistas en Baja California baleados mortalmente en enero con una semana de diferencia, provocó la indignación de la tropa periodística, que reclamó justicia pero que también hizo críticas muy puntuales por la precarización de las condiciones en que muchas y muchos desempeñan el oficio.
En otras palabras, nacionalmente la profesión está amenazada por la violencia, por un entorno cambiante de modelo de negocio, por gandallez de concentradores de contenidos, por gobiernos miopes en términos democráticos que no entienden que fortalecer el ejercicio de la prensa es en beneficio de todos, y porque las empresas periodísticas muchas veces no tienen, por mucho, la gestión adecuada en términos de entendimiento de sus recursos humanos.
Y es que –ojalá me equivoque en este caso– pocas veces la migración de un impreso al mundo online implica que lo que se deje de gastar en papel o distribución se invertirá en periodistas. Prácticamente nunca.