Rosario Robles fue la máxima responsable de la Sedesol cuando de esa secretaría se desviaron 2 mil 200 millones de pesos en el esquema llamado la ‘estafa maestra’. Ayer en Palacio Nacional se informó que auditorías oficiales han detectado en Segalmex faltantes por 9 mil 500 millones de pesos. La experredista está encarcelada sin sentencia; el exdirector de Segalmex, en cambio, cobra en la Secretaría de Gobernación. ¿Tiene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dos estándares para combatir la corrupción?
Este jueves el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, dio los detalles de un esfuerzo interinstitucional para documentar serias irregularidades en Segalmex, el organismo creado por la actual administración a partir de la concentración de Liconsa y Diconsa.
Salcedo explicó que tanto la SFP, la Oficialía Mayor de Hacienda, la Segob, la Secretaría de Agricultura y la Procuraduría Fiscal formaron un grupo especial de trabajo para investigar “los resultados de diversas auditorías”, así como “denuncias presentadas por servidores públicos” y el “deterioro de la calidad de la rendición de cuentas de Segalmex, Liconsa y Diconsa”.
En concreto, dijo Salcedo, investigan “actos de presunta corrupción de algunos servidores públicos, que además ocasionaron una desarticulación administrativa”.
El relato del funcionario, con el Presidente a su lado, exhibe desorden y desacato por parte de los encargados de Segalmex: “Se observó que se incrementaron las inconsistencias en el registro de operaciones y los casos en los que no se aportó la información requerida por los auditores”.
Y el total de las observaciones, dijo el titular de la Función Pública, asciende a 9 mil 500 millones”: más de cuatro veces lo que se le achaca a la gestión de Rosario Robles. Por ello se han presentado 38 denuncias “por la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de la Función Pública y la propia Fiscalía General de la República por la presunta comisión de delitos que podrían haber ocasionado un daño patrimonial a Segalmex, Diconsa y Liconsa”.
Fue el propio López Obrador quien dijo que Salcedo estaría en la mañanera para “dar un informe sobre posibles hechos de corrupción en Segalmex”.
La pregunta ahora es: a la par del curso que sigan las acciones judiciales, qué manejo político dará el Presidente al caso que más tempranamente comenzó a despertar denuncias sobre irregularidades y posibles delitos, y para nada menores, en su administración.
Si a Rosario Robles se le ha querido convertir en un símbolo de la corrupción del pasado al punto de que se ha violentado su derecho a llevar su proceso en libertad –el fin de semana cumplió tres años indebidamente presa–, qué hará el Presidente con Ignacio Ovalle, el exdirector de Segalmex bajo cuya tutela se cometieron las graves irregularidades denunciadas ayer en Palacio Nacional.
Ovalle ni siquiera ha perdido la chamba en el gobierno. Luego de que fuera sacado de Segalmex, en abril pasado, se le dio de inmediato un hueso en Segob, donde se supone que se encarga del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed). Suena irónico que le den una chamba de adorno con ese título, pues en esta administración si algo no interesa es el federalismo o apoyar a ayuntamientos.
Toda la enjundia oficial en contra de Rosario Robles, o para el caso la que exhiben los morenistas en contra del priista Alejandro Alito Moreno, palidece frente a la tolerancia y los mimos políticos a Ovalle.
A Ovalle, amigo de AMLO, se le ‘perdieron’ cuatro ‘estafas maestras’. ¿Cómo era? ¿Nadie por encima de la ley? O el otro: ¿justicia, gracia y hueso para mi cuate?