Hoy los militares mexicanos hacen política, amplían su margen de acción en la vida pública y pretenden una cobertura constitucional para encargarse de la seguridad incluso en tiempos en que Andrés Manuel López Obrador ya no esté en la Presidencia.
Los militares están a punto de lograr una extensión de cuatro años al mandato constitucional para estar en las calles combatiendo a la delincuencia.
Se trataría de un triunfo, nada menor, de la Secretaría de la Defensa Nacional, que habría logrado que el PRI promueva en San Lázaro la iniciativa que da cobertura transexenal a la idea lopezobradorista de la Guardia Nacional militarizada.
Desde el domingo inició el ruido sobre esta iniciativa de reforma constitucional. Ese día el diputado Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, denunció un supuesto acuerdo del “PRIMOR” para ampliar el mandato de la Sedena que terminaba en marzo de 2024 y que ahora acabaría hasta 2028. El legislador de MC citó como prueba de esa negociación la iniciativa de la diputada priista Yolanda de la Torre.
Un día después, el impacto de esa propuesta pegó en la línea de flotación de la alianza opositora. PAN y PRD reclamaron a su socio que violentara la anunciada moratoria legislativa aliancista. Y si bien ese resulta el saldo más ruidoso, que la oposición entra en crisis en su acuerdo de no presentar ni aprobar reformas constitucionales en el presente periodo, la relevancia de la iniciativa es mucho mayor que la eventualidad de una ruptura entre los opositores a López Obrador, que no es poca cosa.
Independientemente de si estamos ante un cambalache entre la dirigencia del PRI y el régimen de AMLO, mediante el cual éste perdonaría al líder nacional priista, Alejandro Alito Moreno, el trasfondo es aún más relevante: por lo que se ha sabido, los militares promueven abiertamente la reforma presentada por la diputada De la Torre, modificación que les conferiría margen de acción y protección legal para cuando se vaya Andrés Manuel.
Se ha anunciado que la iniciativa priista, que ha sido saludada por el presidente López Obrador y por Morena y que reforma un artículo transitorio de la ley aprobada en 2019, podría votarse tan pronto como el 13 de septiembre, fecha cargada de sentimientos patrióticos, por si faltara algún simbolismo.
La milicia tiene ascendente sobre el PRI por razones históricas, pero también sobre los gobernadores por razones prácticas. Por ello, que nadie descarte que esta jugada a cargo de priistas en San Lázaro termine siendo apoyada por legisladores de Acción Nacional o incluso MC: ¿los mandatarios estatales extraídos de esas filas se darán el lujo de desairar al Ejército?
Así que mientras México estaba por atestiguar qué hacía el Senado con las iniciativas que militarizaban aún más a la Guardia Nacional, ha surgido una nueva enmienda legislativa que impactará por su origen, el Ejército, y por sus alcances: la protección de los militares más allá del fin del sexenio de López Obrador, el Presidente que más atribuciones les ha dado en el gobierno. Esa cobertura, además, podría ser una especie de escudo si alguien luego pretende acusarlos ante algún tribunal internacional.
Las vencidas estarán al máximo en las próximas horas. El propio PRI está dividido al respecto de esa iniciativa, que fue rechazada ayer por los tricolores del Senado, quienes conminaron públicamente a su partido a privilegiar la alianza, que vive su peor crisis.
Los militares siempre tuvieron algún tipo de representación e influencia en el Congreso. Pero ahora tienen enorme peso en el gobierno, y lo usarán para cuidarse a ellos mismos.