En el momento en que más empoderado se sentía, el Ejército mexicano ha sufrido un ataque cibernético sin precedente. El hackeo de 4.1 millones de documentos castrenses desnudará a la institución más importante del país –salvo la Presidencia de la República–, pero también la que más ha resistido la transparencia.
Desde el jueves, con la primicia del portal Latinus, ha iniciado el goteo de información sustraída a la Secretaría de la Defensa Nacional por la organización autodenominada Guacamaya. Y lo que saldrá en los siguientes días nos presentará un retrato de ese gran conocido/desconocido que es el Ejército.
Si bien las primeras noticias de esta filtración versaban sobre la salud del Presidente, la información promete ser mucho más trascendental incluso que el tema no menor de las enfermedades que padece Andrés Manuel López Obrador. Éste confirmó el viernes la validez de los documentos inicialmente revelados y otros medios han ido sacando más carnita de este hackeo.
Por ejemplo, El País México reseñó este fin de semana una serie de denuncias por violaciones cometidas por integrantes y mandos del Ejército en contra de personas de la misma institución y de civiles. De lo publicado por ese diario destaca que en algunos casos no hubo sanción y que incluso se terminó por cambiar de localidad a la persona violentada, porque temía represalias de su agresor.
Igualmente, ese medio publicó que entre los documentos se hallan archivos sobre el seguimiento que se hace a miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y ya circulan datos de otros “seguimientos” a colectivos u organizaciones, como la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG).
Es decir, las mexicanas y los mexicanos tendrán la oportunidad de ver las entrañas del Ejército –cómo opera hacia adentro–, pero también podrán analizar las actividades del más importante y numeroso contingente de nuestras Fuerzas Armadas en campos que es obligado cuestionar por qué y con qué mandato judicial actúa el Ejército: como cuando da “seguimiento” a organizaciones civiles o gremiales como el CETEG. Delicado.
Esta filtración es distinta a otras del pasado reciente. Panama Leaks o Bahamas Leaks, por ejemplo, fueron del conocimiento del público una vez que, durante meses, periodistas de varias partes del mundo convocados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación analizaron en total discreción los documentos luego revelados.
En ese sentido, en unos cuantos días el público pudo tener un panorama de lo que los documentos en cuestión contenían porque hubo un relato periodístico: se publicaron entregas informativas con los hallazgos más relevantes. Se trataba de materiales que jerarquizaban lo más importante de entre miles y miles de documentos y que sometían a éstos a una validación, contraste y verificación. Finalmente, esos papeles eran piezas que activaban acuciosos reportajes más allá del archivo en sí, tanto para aportar contexto que ayudara a las y los lectores como para destacar su trascendencia, algunos personajes implicados o su conexión con otros casos de presunta corrupción.
En esta ocasión no ha sido así. A marchas forzadas un puñado de organizaciones periodísticas mexicanas peina los 4.1 millones de documentos del Ejército. Así que las revelaciones tomarán días y provendrán de distintas plataformas informativas. Y a ello se sumará la labor de expertos en tantísimos campos.
Una cosa es clara. La sociedad mexicana, incluida su clase política, tiene el deber de ver en esta oportunidad una ocasión para democratizar a las Fuerzas Armadas. Que no espíen, que rindan cuentas, que se sometan a controles.
Y que expliquen todo lo que saldrá ahora que han quedado al desnudo