El 19 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial que exenta de pagos de aranceles y da facilidades administrativas a 15 empresas para que importen alimentos.
Con esa medida Andrés Manuel López Obrador pretende que bajen los precios de la canasta básica: es su segunda iniciativa, en pocos meses, para combatir la inflación.
Sin embargo, lo que ese farragoso texto no dice es algo que ya fue informado a los empresarios: si solicitaran aprobación de Senasica, éste debe dar el visto bueno en 24 horas.
A quien le sorprenda el batidillo que está ocurriendo con el caso Ayotzinapa es que pasa por alto, deliberadamente o por error, que la marca de la casa lopezobradorista es lo malhecho. El desfondamiento del informe de esa comisión de la verdad se debe enteramente a que la actual administración está concebida sola y únicamente para atender las órdenes, exigencias o prontos del señor Presidente.
Así, lo que pudo y debió ser la madre de todas las relatorías, una que finalmente aportara verdad sobre la tragedia de 2014 que conmocionó a México, hoy es una torre de Babel, donde los dimes y diretes son lo único en firme.
Y algo parecido, con la debida proporción, ocurre con las ideas del Presidente con respecto a cómo abatir la inflación.
López Obrador ha declarado abiertamente que su única prioridad es que los hogares de bajos recursos no sufran demasiado la escalada inflacionaria que impacta al mundo y al país. Pero el cómo pretenden lograr tan noble afán resulta cuestionable.
Y es que en una segunda fase del plan gubernamental en contra de la carestía, unas cuantas empresas, grandes distribuidoras, tendrán demasiadas facilidades para importar. Lo cual supone preferencia por sobre otros actores e implica riesgos sanitarios.
Cuando a principios de mes se dio el anuncio de esas facilidades, hubo voces que alertaron que dejar sin efecto las supervisiones del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) podría acarrear graves riesgos para la población, impactar en las exportaciones mexicanas y, de paso, abrir el escenario para que México fuera observado por no cumplir acuerdos internacionales.
Al interior del gobierno se dio una batalla por esa decisión presidencial, dado que el ocupante de Palacio Nacional es transparente en su manía contra esas agencias, que, al igual que con otras reguladoras y órganos autónomos, considera que sólo generan burocracia y que están capturadas por grupos de interés. AMLO, en vez de esforzarse para erradicar ambos supuestos, prefiere dejar sin efecto este tipo de instituciones.
Y eso es lo que al final de cuentas podría pasar con el Senasica y las importaciones que se realicen en el marco de este decreto antiinflacionario: en los hechos le quitan margen de maniobra a la autoridad que supervisa los temas fitosanitarios y zoosanitarios.
Si bien el decreto no dice que las empresas se pueden saltar a las agencias inspectoras, y en cambio sí dice que las importadoras podrán pedir la intervención de éstas, en corto a los empresarios se les ha dicho que Senasica tiene la orden de responder en 24 horas a sus peticiones.
La inflación impacta a los más pobres, lo sabemos. Y en los alimentos es más alta que en otros productos y servicios. Pero atar de manos a Senasica podría derivar, de nuevo, en riesgos a la salud y a la economía, sobre todo de los sectores con menos recursos. AMLO, en su tozudez administrativa, podría ocasionarles más daños.