El mundo está de cabeza, y lo que antes era derecho ahora es chueco. Esta es la nueva normalidad, una donde no opera lo que solía ser normal: antaño, por ejemplo, el PAN perseguía la corrupción del PRI, pero ahora hay panistas que cazan a exfuncionarios panistas en cruzadas que sólo pueden tener por beneficiarios a… priistas que fueron íconos de escandalosos abusos.
Un ejemplo de esta nueva realidad ocurre desde hace semanas en Chihuahua, el estado que durante el peñismo fue escenario de sonoros escándalos, instrumentados por políticos de ese PRI que en 2012 se presentó como renovado, pero que terminó con un puñado de gobernadores fugados o en la cárcel, entre ellos un chihuahuense.
Viajen en su memoria 10 años atrás. En ese momento, en el palacio de gobierno del estado más grande de la República mexicana se enseñoraba un político que había ganado poder en la Cámara de Diputados en tiempos de Felipe Calderón, pero cuya fama nacional vendría por casos que luego le llevaron a decidir que tenía que esconderse en Estados Unidos.
En esa Chihuahua, una financiera privada recibió miles de millones de pesos (sí, miles de millones) del erario. ¿La primera irregularidad de esos traspasos? Esa entidad mercantil, que soñaba con convertirse en un banco, estaba ligada al gobernador y a su secretario de Finanzas. Confrontado por la prensa cuando se denunciaron esas transferencias, el gobernador dijo no recordar haber firmado los papeles de la financiera. Quihubo.
Ese fue uno de los escándalos de los tiempos de ese gobernador, años en que la ciudadanía de ese estado denunció múltiples irregularidades. El hedor de las cosas que ocurrían en Chihuahua se convirtió en un clamor popular que en 2016 catapultó a la gubernatura a un panista.
Con ese nuevo gobernador se persiguieron desvíos y delitos que resonaron en todo México. Hay por lo menos tres casos así: la pesquisa misma contra el mandatario saliente, una nómina secreta de éste por un monto de alrededor de mil millones de pesos, y en la que aparecían políticos de todos los partidos e incluso líderes religiosos, y la operación Safiro, un mecanismo de financiamiento de campañas del PRI aceitado desde la Secretaría de Hacienda federal y cuyos fondos terminaron en comicios estatales de 2016.
Pesquisas como esas, con el exgobernador en fuga, con un diputado suplente que no pudo tomar posesión en 2017 pues fue procesado por tales desvíos, con el PRI de tiempos de Peña Nieto con las manos en la masa de fondos federales, con una nómina donde aparecían sobornos por 10 millones de pesos a la entonces alcaldesa de Chihuahua, para más señas una panista, con todos esos elementos la historia parecía ir por el camino correcto: para eso son las alternancias, ¿no?, para que los ciudadanos dispongan que los que abusaron se van a la calle o a la cárcel, y quienes llegan deban limpiar la casa.
Pero esa era la vieja normalidad. En la nueva, la panista que aparecía en la nómina del exgobernador se vuelve candidata y luego gobernadora, y en lugar de seguir castigando los delitos del pasado priista, en vez de reforzar las indagatorias para que sea total el pago de cuentas pendientes, la emprende en contra de Francisco González Arredondo, exfiscal que procesó los abusos del gobernador que sigue en prisión.
Y ahí estamos: el exfiscal del gobierno panista que persiguió la corrupción es enviado a la cárcel –incriminado por criminales confesos de tiempos del PRI que ahora cambian sus testimonios– por la nueva gobernante panista. Prioridades. Qué tiempos estos. De cabeza.