Independientemente de lo que decida la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto del llamado plan B electoral, México ha entrado en el torbellino de una pugna política que no cesará de aquí a los comicios presidenciales y que tendrá como eje la elección misma.
Ésa es la novedad, el reto y el peligro.
Novedad porque con un descaro propio del viejo sistema, el actual régimen no dudará de entrometerse para apoyar a los suyos en todos y cada uno de los procesos electorales de este año y del entrante. Y parte fundamental de esa intromisión consiste en acosar y acotar a los árbitros de la elección.
Novedad porque hubo un tiempo cínico donde el gobierno era juez y parte dado que organizaba, manipulaba, y se atrevía a defender, los comicios que ganaba su partido. Y es cierto que tras la crisis de 1988 ha habido momentos donde la partidocracia metió las manos en el IFE/INE/Tribunal Electoral, pero un gobierno totalmente en contra del INE/Tribunal Electoral no lo habíamos visto.
Tan extraordinarias son estas circunstancias que los consejeros electorales de forma unánime han denunciado los riesgos que se avecinan.
El reto, por su parte, es que la oposición se tendrá que desdoblar para enfrentar no sólo a los candidatos del partido que controla la Presidencia, el Congreso y dos terceras partes de las gubernaturas, sino para –al mismo tiempo– cuidar que no le desnivelen la cancha al socavar términos y procedimientos organizativos que solían darse por sentados: la disputa electoral ocurría en el templete, en la llamada movilización y en los medios. Pero no se daba jaloneando impúdicamente al árbitro para impedirle hacer su trabajo.
¿Qué clase de competencia puede haber si el oficialismo quiere que la elección no ocurra con la normalidad construida en los últimos 30 años, esa que con diversos ajustes permitió a todos los partidos ganar posiciones legislativas y ejecutivas de todos los niveles?
La oposición enfrentará unas elecciones inéditas. De darse el peor escenario, las elecciones de 2021 y 2022, incluso con sus irregularidades en cuanto interferencia del crimen organizado, nos parecerán aspiracionales. ¿Estarán PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano a la altura de este reto? El Presidente cree que no, que puede dividirlos, que puede mermarlos, cooptarlos; que no sabrán reinventarse en esta hora para sacar lo mejor de ellos.
AMLO ha iniciado una batalla en la que cree que la oposición será incapaz de reaccionar. Cuenta con unos partidos carentes de liderazgos creíbles, compromiso y capacidades materiales.
El peligro estriba en la posibilidad misma de que la elección esté plagada de irregularidades y denuncias, de problemas y escándalos, de forma que en 2024 ocurra un retroceso no visto por algunos desde 1988 o por otros desde 2006.
Atrofiar las elecciones sólo incrementará la polarización y devaluará la calidad de la democracia mexicana. ¿Por qué quiere hacer eso quien encabeza un partido que ha ganado 22 gubernaturas y amplias bancadas desde 2018? Porque no se puede dar el lujo de perder en comicios medianamente equitativos. Porque no quiere arriesgarse a que en las zonas urbanas le castiguen las clases medias y se divida el Congreso. Porque ninguno de sus tres candidatos ha descollado en año y medio. Y porque confía en que la sociedad no se lo impedirá.
En México se rompió el acuerdo democrático que cobijaba los desacuerdos. Diga lo que diga la Corte sobre el plan B, el Presidente persistirá en la ofensiva que pone en riesgo las elecciones. La duda es si la sociedad se lo permitirá.