Marko Cortés tiene dos poderosas motivaciones para socavar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ambas provienen de la misma raíz que los ataques de AMLO, a quien el PAN critica un día sí y otro también: porque le conviene a él y a su grupo, así sea pernicioso para México.
La primera motivación es coyuntural. El líder de Acción Nacional no quiere quedarse colgado de la brocha en 2024. Cortés amarró su suerte –así son los matrimonios– a la permanencia de Alejandro Alito Moreno en el PRI de aquí a la elección presidencial.
Si Alito se va, el acuerdo de ambos de que al panista michoacano le tocaría definir el año entrante a los candidatos aliancistas en CDMX y a la residencia de la República se podría convertir en un bilimbique: una nueva dirigencia priista tendría la tentación, y el pretexto ideal, de cancelar lo pactado por el campechano con él.
La permanencia de Moreno al frente del PRI ha sido puesta en entredicho por el tribunal. Ahí la primera motivación del PAN para sumarse a la intentona antidemocrática que se cocinó en San Lázaro en contra de ese organismo de contrapeso judicial. Luego de fuerte resistencia interna, la dirigencia panista anunció ayer que no se sumarán.
La segunda motivación de Cortés es estructural. Pretende que los magistrados “dejen de meterse” en la vida interna de los partidos. Que no definan si alguien que busca eternizarse en la dirigencia nacional puede o no hacerlo –como ya se mencionó en el caso de Alito–, pero sobre todo que el tribunal no le tumbe enjuagues y chapuzas.
El viejo PAN se moriría de pena de ver cómo este PAN recurre a fraudes y engaños para hacer pasar como indígenas, afroamericanos o candidatos de minorías a gente que está lejos de cumplir el perfil. Marko Cortés busca que el tribunal no le vuelva a hacer lo que le hizo en 2021, cuando con apego a la ley le quitó diputadas y diputados juanitos.
El tribunal hace valer criterios para que se cumplan la equidad de género y las cuotas de acciones afirmativas que garantizan curules a indígenas, afroamericanos y migrantes.
Marko se burla de eso. Tanto, que el tribunal le tumbó en 2021 la candidatura de dos diputados: el “indígena” Oscar Daniel Martínez Terrazas y de la “migrante” Karla Karina Osuna.
Y si quieren ver una galería de esos fraudes, lean el trabajo del reportero Ernesto Aroche, quien publicó en El Universal un detallado reportaje titulado Con trampas acaparan curules de grupos subrepresentados.
En ese reporte (https://interactivos.eluniversal.com.mx/2023/acaparan-curules-vulnerables/), que expone simulaciones de varios partidos, el PAN es exhibido con cuatro de las 11 diputaciones en las que se documentan ilegalidades:
Para ser diputada, la “indígena” Genoveva Huerta Villegas entregó una carta de un comisariado de Zapotitlán Salinas, Puebla. El presidente de ese organismo la desconoce y niega que ella sea de ahí.
La diputada “indígena” Karla Verónica González Cruz presentó documentación falsa, según le confirmó el INE a Aroche.
El diputado “migrante” Jorge Ernesto Inzunza Armas terminó por reconocerle a Aroche que no está ligado a los migrantes pero que sí los escucha (¡!).
Eliseo Compeán Fernández despachaba por segunda vez como presidente municipal de Delicias, Chihuahua, cuando se inscribió a una candidatura migrante diciendo que arrendaba un inmueble en California.
Cortés, apadrinado por Santiago Creel y enchufado a Jorge Romero, amarra compromisos y cuela candidaturas que roban espacios a grupos que tienen pocas posibilidades de defenderse legalmente.
Por eso quería maniatar al tribunal. Hasta ahora no ha podido.