El 26 de junio, la reportera Verónica Ayala reveló que la Función Pública investigaba la transferencia de 22 millones de pesos del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, que según ella habrían sido triangulados a un proveedor del Edomex justo antes de las elecciones en esa entidad.
Inicialmente el dinero, explica Ayala, fue enviado desde el INEA al gobierno de Chiapas, pero “a una cuenta no reconocida”.
“Las transacciones fueron realizadas a través del Sistema de Contabilidad y Presupuesto (Sicop), que es la herramienta de la Secretaría de Hacienda donde se registran las operaciones presupuestales del gobierno federal”, detalla la reportera.
El presunto desvío era investigado luego de denuncias en el órgano interno de control del INEA y en la Función Pública.
“Según una relatoría de los hechos denunciados, el 11 de mayo fue registrada una cuenta adicional a la que le suministra recursos al gobierno de Chiapas y que correspondería a la proveedora mexiquense”, reportó Ayala, del equipo de periodistas de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
A esa cuenta, el 15 de mayo se transfirieron 2 millones de pesos; luego, el 22 de mayo, dos depósitos más: de 13 y 7 millones. Los movimientos fueron hechos por dos usuarios distintos, y al menos una de las personas cuya clave fue utilizada dice que ella estaba de baja cuando ocurrieron los hechos.
Este presunto acto de corrupción es hoy relevante no sólo por el delito per se, ocurrido justo antes de la elección del Estado de México del 4 de junio en la que ganó la morenista Delfina Gómez. Sino porque quien validó esos pagos acaba de aterrizar en la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB).
“De acuerdo con capturas de los movimientos registrados en el Sicop, éstos fueron validados por el titular de la Unidad de Administración y Finanzas, José Muñoz Gómez, cuyo RFC aparece en los distintos pasos de verificación, revisión y autorización de los trámites”, decía el reportaje de Ayala.
“Tanto para dar de alta una nueva cuenta como para validar las transacciones, explicó personal del área, se requiere la firma electrónica del director (…) los hechos fueron denunciados ante la propia Tesorería el 25 de mayo, como consta en oficios en poder de MCCI, donde también dan vista a los titulares de Asuntos Jurídicos y del Órgano Interno de Control del instituto”.
El 23 de octubre, luego de la renuncia de Karla Quintana como directora de la CNB, el gobierno de López Obrador designó como nueva titular a Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, quien hasta ese día estaba a cargo del INEA.
El nombramiento fue duramente cuestionado por organizaciones de derechos humanos, que deploraron la falta de experiencia de la nueva titular de la dependencia encargada de la búsqueda de personas.
El trasvase de funcionarios del INEA a la CNB no acabó ahí. Tras Reyes Sahagún llegó hace semanas Muñoz Gómez, quien ayer fue formalmente presentado como director del Centro Nacional de Identificación Humana.
Muñoz Gómez es contador público por el Instituto Politécnico Nacional; tiene experiencia como auditor en el Instituto Nacional Electoral (donde laboró de 2006 a 2018), y en este sexenio como director de auditoría en el Banco del Bienestar durante año y medio; y desde agosto de 2021 en el INEA.
Ahora Muñoz Gómez va a identificar desaparecidos. A saber qué conoce de esa delicada materia. Pero sería bueno que contara, en público, por qué validó en mayo dar 22 millones del INEA a un proveedor del Estado de México justo al final de la campaña por la gubernatura de esa entidad.