El lunes un candidato a la presidencia municipal de Cuautla sufrió un atentado. La noticia es que ese aspirante dice que seguirá adelante. La no noticia es que el plan para proteger candidatos no está jalando y ni a partidos, árbitro o gobernantes les importa.
Según medios morelenses, Jesús Corona, candidato de PAN, PRI y PRD a la alcaldía cuautlense, fue atacado a balazos tras levantar una denuncia por amenazas. El aspirante resultó ileso y declaró que no se baja de la contienda tope donde tope.
El de Corona es sólo el caso más reciente de violencia política en la actual campaña. También es otra prueba de que el supuesto plan para evitar este tipo de tragedias no jala en absoluto si de proteger a los más vulnerables se trataba.
A principios de marzo el gobierno de la República presentó un esquema de protección a candidatos, que se activaría a petición de aquellos que se dijeran en riesgo y con la mediación del Instituto Nacional Electoral.
Ese plan siempre tuvo un defecto: dejaba a los gobiernos estatales y municipales la custodia de los candidatos locales. Dicho de otra forma, al candidato de Cuautla lo pusieron en manos de Cuauhtémoc Blanco, eso y condenarlo a su suerte es lo mismo.
¿Por qué López Obrador se desentiende de los candidatos que están más en riesgo? Porque si ni le cuestan, o duelen, las cotidianas muertes violentas de ciudadanos, ¿qué tendría de distinto el asesinato si la persona que pierde la vida es un político?
En su entrevista con la CBS Andrés Manuel mostró la poca importancia que le da a esos asesinatos.
La reportera Sharyn Alfonsi le planteó que la cifra de políticos y candidatos asesinados en México creció de 94 en 2018 a 355 el año pasado. “¿Usted lo ve como una amenaza a la democracia?”, le planteó.
Como AMLO respondiera que se trata de circunstancias especiales y alegara que no hay represión de parte del Estado, la periodista insistió: “¿Pero si un candidato tiene temor a participar porque puede ser asesinado, no es eso una amenaza a la democracia?”.
El Presidente contestó: “Generalmente, todos participan, hay muchos candidatos, de todos los partidos”.
En otras palabras, qué tanto es que en estas semanas hayan asesinado a dos candidatos (PAN y Morena) en Maravatío, si eliminan a uno (PRI) en Pihuamo, si matan incluso a un correligionario suyo en Acatzingo, entre otros…
Pero, claro, en los casos mencionados sólo a manera de ejemplo el problema es de los gobernadores de Michoacán, Jalisco y Puebla, respectivamente, no del ocupante de Palacio Nacional, y para el caso tampoco del INE. Y de los partidos, mucho menos.
¿Será que piensan que a quién importan unas decenas de políticos muertos cuando hay miles de posiciones en juego y al final de cuentas ya llegará alguien más para sustituir a quien murió en el intento?
Un plan de seguridad que no cuida a los que están matando pues como que no puede decirse que fue muy bien diseñado. Menos si recordamos que al actual gobierno eso de la federalización le importa bien poco salvo cuando quiere desentenderse de algo.
Hace tres años AMLO presentó un plan similar para que se garantizara que fueran “los ciudadanos los que elijan, no los grupos de intereses creados, no la delincuencia organizada, no la delincuencia de cuello blanco. Que no haya candidatos a modo, que no haya grandes electores”.
Una elección después, al menos en el plano municipal, le da lo mismo que haya grandes electores, en Cuautla o en Atoyac.