Cada sexenio tiene su historia en cuanto a la forma en que la presidencia de la República y la IP se relacionan. Qué tanto se enfrentan, qué tanto coinciden. Ha habido gobiernos en que se les culpa de las crisis, otros donde se les rescata sin recato. Qué pasará a partir de octubre.
La semana pasada Claudia Sheinbaum reveló que tendrá un consejo asesor empresarial, y que éste será presidido por una joven y dinámica emprendedora que le ayudó durante la campaña: Altagracia Gómez.
El nombramiento cayó bien en varios lados aunque, como apunté aquí mismo, tiene un problema de saque: la empresaria jalisciense se enfrentará al próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard, por administrar la interlocución con las y los dueños del dinero.
Además de lo anterior, la decisión de la próxima presidenta constituye una señal a la iniciativa privada. El Consejo Coordinador Empresarial, para empezar, tendrá que tocar en el despacho de Altagracia, o en el de Marcelo, o en ambos, antes de llegar a Palacio.
El mensaje de Sheinbaum a la cúpula empresarial: en ella confío, y en ella deposito una primera aduana, personal y directa, para cualquier asunto en el que anden. Y tienen, como siempre, la Secretaría de Economía.
Cabe aclarar que de tiempo atrás, particularmente durante su paso por la jefatura de Gobierno capitalino, Claudia ha cultivado sus propias relaciones empresariales locales y nacionales, mismas que, es de esperar, mantendrá sin intermediarios.
El tema, sin embargo, debe despersonalizarse. ¿Qué quiere de la iniciativa privada la próxima administración? Un mucho lo mismo de ahora –me explico enseguida– e inversión donde les digan que ya están listos para recibir su dinerito (los famosos polos de desarrollo).
Un “mucho lo mismo de ahora” significa el cuasisilencio que guardan tan comedidamente, por ejemplo, en el CCE sobre la reforma judicial. Eso quiere el gobierno entrante (y eso quiere cualquier administración): que no se metan, que opinen poco, que busquen arreglarse tras bambalinas.
Presidido por la misma persona, el CCE de febrero se preocupaba (o eso decía) por no hacer apresuradamente importantes reformas, mientras que el CCE de julio ni pío dice sobre el alocado galope con que el gobierno avanza para, en septiembre, cercenar el Poder Judicial.
El 6 de febrero, el presidente del CCE, Francisco Cervantes, decía sobre el plan C que “en el contexto polarizado y los tiempos electorales que vivimos será difícil conseguir el ambiente de reflexión serena e imparcial para analizarlas y discutirlas”. En esa ocasión dijo que estaban a favor de la división de poderes, y que en el caso de la reforma judicial debería ser producto de un amplio consenso (Reforma 07/02/24).
Pasada la elección, en el encuentro del 19 de junio entre la candidata ganadora y 300 empresarias y empresarios, el CCE tuvo una posición (mucho) más moderada: dijo que en la reforma judicial no hay margen para equivocarse (declaración que ni siquiera incluyeron en su boletín). El Consejo Mexicano de Negocios, por su parte, sí advirtió de los riesgos –en cuanto a técnica jurídica, independencia e imparcialidad– de la propuesta de elegir vía voto popular a ministros, magistrados y jueces.
Si sobrevive políticamente a Ebrard, Altagracia será el puente con la IP a costa del CCE (menos citas directas en Palacio).
Y es lógico. Si en medio de un gigantesco cambio en la justicia, lo más que dicen es estar a favor de la certeza jurídica que “es indispensable para seguir construyendo un país”, y ofrecer “experiencia y visión para ir construyendo coincidencias”, pero nada de preocupación o propuestas manifiestan frente al plan C, así, ni para qué recibirlos. Palomita y ya.