La American Chamber publicó el lunes pasado una encuesta sobre inseguridad. Comparar datos de 2021 y 2024 de ese sondeo, que lleva 16 años levantándose, no puede ser más revelador: las empresas no ven al gobierno como alguien aliado en esa batalla.
El sondeo reveló que 84 por ciento de los consultados percibe que el Estado de derecho se hace valer poco o nada en México, y 85 por ciento dijo que la ilegalidad está afectando a sus empresas, una cifra nueve puntos mayor a 2021.
En ese mismo sentido, 81 por ciento de las empresas dice que hay poca o nula coordinación entre las instancias de gobierno encargadas de seguridad: es decir, menos de 20 por ciento ve a gobernantes coordinándose en el tema.
También se preguntó a los empresarios qué estrategia utiliza su empresa para enfrentar los principales incidentes en materia de seguridad: sólo 48 por ciento contestó que “notifica a las autoridades (municipales, estatales y federales) para comunicación preventiva”. Esa cifra es menor que en el sondeo de 2021.
Es importante destacar que ante esa interrogante, 83 por ciento de los encuestados responde que incrementa medidas de seguridad con recursos propios.
En ese sentido, cuando se les pide comparar el presupuesto que destinaron en 2022 para temas de seguridad con el del año en curso, 52 por ciento dijo que “se mantuvo” y 44 por ciento que “aumentó”: sólo 2 por ciento dijo que redujo el dinero gastado en ese rubro.
Finalmente, 17 por ciento de las empresas reconoció haber reducido sus inversiones en lo últimos años por temas de inseguridad, y 21 por ciento incluso dijo que ha suspendido operaciones en algún estado por esos motivos: una de las entidades desde las que se mudaron es Tamaulipas, de donde también salen para irse del país.
La semana que concluye Tamaulipas ha estado en las noticias por la infausta muerte del líder de los empresarios Julio Almanza, que tras denunciar extorsión y crimen atosigante fue ultimado a las afueras de su oficina el martes pasado en Matamoros.
El asesinato llega, por supuesto, apenas tres semanas después de que otra lideresa de empresarios, en este caso de Baja California, tuviera el mismo y lamentable fin: el 8 de julio mataron en Ensenada a Minerva Pérez Castro.
La diferencia acaso sería el contexto de las respuestas de las respectivas autoridades: una más o menos ensayada simulación de la bajacaliforniana frente al cinismo de los gobernantes (es un decir) tamaulipecos.
En el caso de la gobernadora de BC, tras el asesinato de Minerva su gobierno prometió la consabida, y para nada satisfactoria, exhaustiva investigación bla bla bla, y a otra cosa mariposa. En Baja California llevan décadas de pésimos gobiernos, sin importar el color. Aquí hay otro.
Sin embargo, Tamaulipas decidió fijar un parámetro de indolencia muy superior.
El asesinato de Almanza se dio luego de que éste denunciara la situación que se vive en Nuevo Laredo, donde la empresa FEMSA ha cerrado decenas de tiendas OXXO e incluso algunas gasolineras por una situación de extorsión y amenazas.
Lejos de asumir plenamente su responsabilidad, el gobierno tamaulipeco ha deslizado que la empresa debería contratar un sistema de seguridad que le ayude a prevenir ser sujetos de extorsiones o delitos.
En una cosa los gobiernos guindas son muy consistentes, como la encuesta de la American Chamber lo destaca: las empresas tienen que rascarse con sus uñas, y dinero, para darse seguridad. No por nada en ese sondeo bajan la confianza en Ejército y Marina.
La pregunta es qué le queda a la sociedad que no tiene ni los recursos de las empresas, y menos a gobernantes de su lado.