Las ominosas escenas del sorteo sabatino donde el Senado destruye al Poder Judicial son lamentables por lo explícito –echan a la calle a la mitad de jueces y magistrados– y muy preocupantes por lo implícito: abren la puerta al imperio de la ley del más fuerte.
Quien no sienta repulsivo el ejercicio de la tómbola donde se machaca la carrera judicial de impartidores de justicia, que se haga revisar sus principios. No es demócrata quien sin pruebas castiga, sin debido proceso sentencia, sin criterio aplica normas.
No caben dos argumentos, a cual más de falaces. Que hiciera falta una reforma al Poder Judicial no autoriza a proceder pisoteando derechos; que se haya votado por elegir a jueces, no implica legislar a tontas y locas para meternos en un pandemonio.
México tiene que hacerse cargo de que el Poder Judicial ha cesado en sus funciones. Simular que esto no ha pasado es ser cómplice de la macabra tómbola.
El aparato que administraba justicia en nuestro país se asemeja a una pirámide.
Las 32 estructuras estatales eran la base. Al ser las de mayor proximidad con ciertos poderes locales –legales o fácticos–, la captura de esos impartidores era más posible y frecuente.
En lugar de resolver los problemas de independencia de esos juzgadores, México reforzó los andamios jurídicos federales. Volvió aspiracional llevar casos a la justicia federal, en teoría menos capturable.
Decapitar la parte alta de la pirámide –la elección de 2025 incluye, desde luego, votar la integración de la Suprema Corte y del órgano ‘disciplinador’ que sustituirá a la Judicatura– hará que toda la justicia colapse.
Aunque jueces y magistrados votaron antier por cesar el paro que tenían, tal decisión sólo implica cierta resignación ante la carnicería que se les avecina. Nadie puede llamar normalidad judicial a lo que se vivirá de aquí a la elección de junio.
La incertidumbre e incluso la discordia se han apoderado de todo el aparato judicial, desde los juzgados más modestos de los estados hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación; los choques públicos en ésta ya no son jurídicos, son politiqueros.
Los tribunales son un poco como los seguros. Es mejor tenerlos que usarlos. Lo segundo siempre es tortuoso, pero al menos hay una serie de considerandos a los que las partes se someten. El sábado se dio un paso gigante rumbo al infierno de no tener un seguro judicial.
Miles de reclamos de víctimas de abusos, fraudes, violencia, despojo y agresiones de todo tipo entraron a un hoyo negro desde el 5 de septiembre, cuando la mayoría morenista del Congreso de la Unión aprobó la reforma sin atender consejos o mejoras a la misma.
Y el sábado, esa misma mayoría cercenó la carrera de juezas y magistradas que serán removidas sin que se les pruebe corrupción o mala práctica. Cómo jode oír a legisladores oficialistas plurinominales invitando a esos impartidores a retener su puesto en una elección.
La parálisis en juzgados no es sólo lo más lógico sino lo único sensato: si de aquí a 2027 no tiene garantías e inamovilidad salvo falta grave, un juez valorará factores más allá de estrictamente la ley. Se volverán presa fácil de intereses creados.
Esos que siempre tienen la pulsión de no someterse a la igualdad que exige la ley, ya saben que los jueces de hoy están condenados, y que los de mañana podrían deberles a ellos –que detentan algún poder económico, político, sindical o criminal– el puesto.
El gobierno que presume credenciales técnicas renunció a contener lo peor de esta reforma. Y en esa claudicación, abre la puerta al horror de vivir en un país donde toda justicia podrá ser torcida por los más fuertes de hoy, o los de mañana. México no será el imperio de la ley.