En estas vacaciones, dos conocidos me hablaron de Guanajuato y la inseguridad.
Uno me contó que, semanas atrás, personajes que no podría identificar como policías lo habían bajado del auto en una carretera guanajuatense. Un “falso retén”. Su familia y él, por supuesto, temieron lo peor. Los dejaron ir. Quedó en el susto.
El otro relato es macro. Quizá haya quien lo encuentre normal o nada noticioso:
Tras de que una marca de autos recibiera facilidades para asentarse en Guanajuato, en Apaseo el Grande, sus ejecutivos, de origen japonés, enfrentaron el dilema de la inseguridad de ese estado. ¿La solución? Viven en Querétaro, y tienen un camino, de unos diez kilómetros, prácticamente a su disposición. Así creen que minimizan el azar de ser víctimas de la violencia en los caminos de la entidad que en 2022 era número cinco por su aportación al PIB nacional.
También durante el periodo vacacional terminó el larguísimo tiempo de Carlos Zamarripa como fiscal de Guanajuato. Se fue luego de quince años. No pudo culminar los cuatro que todavía le restaban a su ‘mandato’: fue echado por presión social.
Renunciado el último día de diciembre, Zamarripa deja a su estado en el número uno de asesinatos en términos absolutos por entidad federativa: mil 875 homicidios en 2024.
Medido por cada 100 mil habitantes, Guanajuato está en el top 5 nacional de más homicidios; aparece empatado con Guerrero con 29 muertes dolosas, detrás de Colima (69), Baja California (43), Chihuahua (33)*.
No todo es culpa de Carlos Zamarripa, sin duda. Coautores de esa realidad son los últimos tres gobiernos panistas de ese estado (el único sin alternancias desde los noventa). Y, por supuesto, la Federación, la de antes de 2018 y la de después de ese año.
El cambio a nivel presidencia de la República y gobierno estatal en 2024 plantea una oportunidad para que las y los guanajuatenses logren una paz. Sin embargo, la problemática va más allá de la inseguridad, como lo declaró el 2 de enero Claudia Sheinbaum.
Ese día en la mañanera a la Presidenta le cuestionaron por la renuncia de Carlos Zamarripa. Esto fue parte de lo que contestó:
“Guanajuato sigue siendo el estado con mayor número de homicidios en el país. De hecho, tuvo un pequeño incremento de octubre a diciembre”.
“Nosotros queremos apoyar, colaborar y hacer el trabajo que sea necesario para construir la paz en Guanajuato. De hecho, hay dos grupos que están trabajando en atención a las causas, en Celaya y en León”.
“Esto es producto de varios temas”.
“Uno, evidentemente de que no se ha atendido, y en el gobierno anterior se quiso responsabilizar al gobierno federal, como si los gobiernos estatales no tuvieran responsabilidad”.
“Pero, además, es producto también de un modelo de desarrollo fallido en el estado de Guanajuato (…) es el estado con el ingreso medio más bajo de todo el país, con el mayor número de adicciones”.
“León es la ciudad que, concentrada, tiene la mayor pobreza”.
En el sexenio anterior, Carlos Zamarripa se convirtió en motivo de disputa política. La Presidenta dijo el 2 una verdad a medias, porque el expresidente también prefirió una bronca, a entenderse con autoridades guanajuatenses. Buscó raja política, pues.
Tras la salida del fiscal Zamarripa, la gobernadora Libia García y la Presidenta ya no tienen a quién culpar. Por el bien de las y los guanajuatenses, y de quienes gustamos de visitar esa entidad, ojalá pronto, de manera conjunta, y más allá de la inseguridad, puedan responder con efectividad ¿qué toca hacer con Guanajuato?
Cierro con la carretera semiprivada que se hizo para la planta armadora: al iniciar hay un letrero que advierte: “Camino sin salida”. En efecto, ni la suerte ni un parche (como hacerse una carretera que ‘minimice’ riesgos de unos cuantos) son una solución.
*Datos de Incidencia Delictiva hasta octubre, portal de México Unido Contra la Delincuencia.