La discusión sobre la necesidad de un documento nacional de identidad en México lleva mucho y con la polémica por los desaparecidos puede revivir. Ante eso, sin sospechosismo, pero también sin ingenuidad, hay que otear algunas consideraciones.
Uno de los últimos intentos por tener un DNI se dio con Calderón. Una resistencia que a la postre descarriló esa iniciativa vino del órgano electoral: la credencial del hoy INE podría ser el daño colateral, se argumentó, pues ya para entonces era de facto nuestro DNI.
Ahora la presidenta Claudia Sheinbaum, en el marco del reclamo por el rezago en la búsqueda de desaparecidos, reformará (entre otras) la Ley General de Población “para consolidar el Certificado Único de Registro de Población (CURP) como la fuente única de identidad de las personas que permita cruzarla con todos los registros administrativos que existen en el país”, según explicó en Palacio.
Descontemos que las actuales consejeras y consejeros electorales tendrán menos posibilidades de convencer al gobierno de que se desista, de alegar que la gente podría dejar de sacar su INE si se puede identificar con otro documento.
Lo anterior porque sobran elementos para decir que este INE, en general, pero destacadamente por el proceder de su presidenta, tiene una abierta proclividad a consentir lo que desee el obradorismo. Y por esto mismo, el padrón y la credencial corren riesgos.
Hay que consignar, en honor a la verdad, que tras anunciar el reforzamiento de la CURP (hoy sin fotografía), Sheinbaum explicó que del INE y su padrón de un centenar de millones de registros quieren sobre todo respuestas inmediatas a solicitudes de las fiscalías.
Sin embargo, y como diría la presidenta sobre el caso Cuauhtémoc Blanco, hay que tener en cuenta el contexto.
Y el contexto es que a este gobierno le gusta (mucho) centralizar, le disgusta (mucho) lo autónomo, y le fascina usar lo de la austeridad para cancelar cosas del pasado, así sean órganos o leyes que surgieron, no pocas veces, por reclamos de la izquierda.
La credencial del INE es uno de los productos de la desconfianza que durante décadas anidó, justificadamente, por los fraudes electorales de la era priista.
Tomó muchas negociaciones, y no hemos de olvidar ni por un momento que también mucha sangre derramada, configurar el sistema electoral que teníamos hasta 2018.
Éxito incontrovertible del mismo fue que todas las fuerzas políticas eventualmente ganaron la Presidencia con reglas donde destacan un padrón confiable y una credencial para votar difícilmente falsificable.
La credencial con fotografía que hoy damos por descontada nació no del fraude de 1988, sino de la insuficiencia de la promesa de Carlos Salinas de Gortari, que a pesar de prometer que mejoraría la democracia en México, él y su partido volvieron pronto a las andadas.
En 1990, por ejemplo, en las elecciones extraordinarias en Uruapan, Michoacán, el PRI incurrió en sus mañas: “más de 45 por ciento de los electores del padrón fue eliminado y sustituido por ciudadanos extraños a Uruapan, procedentes de la nómina gubernamental, estatal y federal”, denunció entonces el diputado Vicente Luis Coca en el Congreso de la Unión.
Crisis como ésa obligaron al régimen a crear el sistema electoral que le vio caer. Del mismo heredamos, de manera colateral, para todo tipo de trámites, la credencial de elector.
¿Es realmente sospechosismo creer que el gobierno morenista aprovechará la coyuntura para, más pronto que tarde, hacer un DNI que sustituya la credencial del INE incluso en las elecciones?
Que conste que lo mismo que pensaba Calderón lo piensa la actual administración: es para reforzar muchas de las actividades del Estado en que se debería contar con un DNI. Salvo que en México nunca hemos confiado en el gobierno. Y por eso nació el INE y su credencial.
¿Será que estamos iniciando el camino de reversa donde la meta es que las elecciones las organice la Segob? ¿De verdad no se dirá que si ya tenemos CURP, ahorramos matando la credencial del INE? Preguntas sin sospechosismo que no se permiten la ingenuidad.
