En Jalisco, el 22 de febrero fue, sobre todo, un vacío, tan simbólico como insalvable. En torno a ese vacío estaban, por un lado, criminales en una violentísima y ubicua reacción al operativo en el que fue eliminado un capo; del otro, la ciudadanía –inerme, sin recibir información, incluso sin respuestas de la autoridad cuando la demandaba–. El vacío era la autoridad, que ni contenía a los agresores ni confortaba a sus desvalidos gobernados.
“Código Rojo”. “Estamos en código rojo”. Eso fue de los pocos términos que atinó a decir tal domingo la autoridad jalisciense (en eso de informar y hacerse presente, de acercarse a una comunidad en shock, lo de la Federación también fue lamentable). Pero qué diantres es “código rojo” y ¿qué precisa del ciudadano? Ni idea.
Casi seis meses después, el domingo, el gobierno de Jalisco informó (es un decir) que este lunes habría un “simulacro de seguridad” en siete ingresos carreteros de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Fue originado por iniciativa de la Quinta Región Militar, duró una hora y, por lo que se ha informado, se midieron tiempos de respuesta de distintos cuerpos de seguridad.
Es comprensible que buena parte de la información, la más sensible, que se haya obtenido ayer no se divulgue. Los criminales no necesitan más ventaja.
Cosa muy distinta es creer que se puede anunciar, con escasas 24 horas, la realización de un operativo inédito sin resolver dudas básicas: quienes están fuera de la ciudad, ¿pueden verse afectados de forma que amerite posponer el viaje? ¿Los servicios de emergencia funcionarán normalmente sin pretexto del operativo? Y, por el contrario, ¿hay algo de lo que el ciudadano debería abstenerse de realizar a fin de no entorpecer, desvirtuar, el simulacro?
Un operativo así tardó demasiado en llegar. Los narcobloqueos, como hoy los conocemos en Jalisco, datan de tiempos de Felipe Calderón. Por eso mismo, lo ocurrido el día en que las fuerzas federales detuvieron al líder del Cártel Nueva Generación en Tapalpa provocó aún más indignación: la autoridad estuvo ausente no solo ese día, sino, como muchos dimos cuenta, el día posterior. Un vacío extendido.
Lo que sigue es muy importante. Y no implica, de nuevo, desvelar información que puede ser aprovechada por la delincuencia organizada. ¿A quién le puede gustar que la situación haya llegado al punto de que se necesite instrucción en las escuelas de zonas de riesgo para que los niños sepan qué hacer si hay balacera? A nadie, pero mejor prevenir que negar; mejor repetir operativo que rechazarlo.
“Código rojo” es un concepto hueco si no se socializa y enriquece en instancias donde deben participar –además de autoridades de los tres niveles de gobierno– legisladores, académicos y expertos, en un formato donde se comparta y discuta información de forma discreta, pero franca. Y, a partir de ahí, de una producción plural, establecer ejes de una cultura colectiva de cuidado en emergencias.
Pero, incluso si se repiten y presumen no uno, sino muchos operativos, todo ello será pura palabrería si antes la ciudadanía no tiene, de parte de la policía local y de las instancias federales, pruebas fehacientes y rutinarias de que los uniformados están cuando se les requiere y que su presencia no es solo escenográfica.
Tanto en ejecuciones de alto impacto como en robos comunes, la policía jalisciense muchas veces es solo el primer ladrillo del enorme muro del vacío que la sociedad ha vivido en emergencias como los narcobloqueos. Sin lo primero, lo segundo será una buena idea mal implementada o, para decirlo en plata de ley: puro show.