Desde sus inicios, el discurso de López Obrador se ha llenado la boca diciendo que “primero los pobres”; sin embargo, con su “gobierno” han sido justo los pobres, los más dañados con sus decisiones. Apenas a un año de haber iniciado su administración, como muchas cosas que hemos visto en los últimos cuatro años, desapareció el Seguro Popular creado en 2003, y sin reglas de operación, planificación y nada “inventó” el Insabi y así de un solo plumazo, en un momento demasiado crítico para la población, sobre todo los más pobres por estar ya en plena pandemia del Covid-19, le quitó a 15.6 millones de mexicanos pobres, los más pobres, el servicio de salud.
Con la llegada de la industrialización y los sindicatos, en el centro de la lucha de los trabajadores mexicanos estuvieron no solo demandas salariales, sino las de la seguridad social, que si bien quedaron planteadas en la Constitución de 1917 fue hasta la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en enero 1943, en el gobierno de Manuel Ávila Camacho, cuando se logró materializar en una institución y con una legislación esos derechos del movimiento obrero. Algo similar sucedió con los trabajadores al servicio del Estado, con la fundación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en diciembre de 1959.
Pero si se observa, ambas instituciones están centradas en trabajadores formarles; sin embargo, toda la población abierta, no asalariada, no tenía garantizada, ya no digamos seguridad social, sino particularmente un seguro médico por parte del Estado. En mayo de 1979 se inició un programa para las zonas más marginadas que tenía al IMSS como institución responsable por la cobertura territorial que este tenía en el país y que se llamó IMSS-Coplamar, bajo un convenio con Presidencia de República. Diez años después este programa se amplió y rebautizó con el programa de Solidaridad, así quedó como IMSS-Solidaridad. Así este servicio de salud para la gente más pobre fue cambiando de nombre conforme se modificaba a la vez el nombre del programa social del gobierno en turno, incluyendo los gobiernos de la alternancia.
La idea de que los mexicanos tengamos todos, por el solo hecho de serlo, una seguridad universal garantizada por el Estado en diferentes coyunturas, ha estado presente, pero es obvio que la limitación de recursos para ello es y ha sido la principal razón para posponer esa discusión, pero sí se logró un avance muy importante en 2003, cuando con una iniciativa del gobierno (PAN), y la disposición de la oposición en ese momento (PRI), se pudo reformar la Ley de Salud para implementar una política pública y dar marco a la creación de una arquitectura institucional en materia de salud para los más pobres que fue el Seguro Popular y de esa manera ir dibujando en el horizonte la unificación de los seguros para una seguridad universal en el largo plazo. Con el Seguro Popular, los mexicanos más pobres, y bajo estrictas reglas de operación, pudieron no solo tener garantizado un seguro médico y medicamentos sino que a través de la creación de un fondo para eventos catastróficos se garantizaba el acceso a servicios médicos de tercer nivel para personas con enfermedades crónicas, dicho fondo contaba con 100 mil millones de pesos a inicio del obradorato, mismos que han desaparecido.
Nunca en nuestro país había existido una crisis en el sector salud como la actual, la falta de medicamentos y la deficiente atención de los servicios de salud se hacen más agudos cuando el bodrio Insabi se “comió” en cuatro años 406 mil millones de pesos, más el fondo de eventos catastróficos que menciono arriba, y ahora, igual que con la mayoría de las cosas, el obradorato, en la opacidad, dicen que “traspasa” al IMSS la responsabilidad de prestar servicios de salud a la población abierta. ¿Cuáles serán las reglas de operación? ¿Qué dirán los derechohabientes y los sindicatos que ya se quejan del deficiente servicio en el IMSS y ahora tendrán que atender a población abierta además?, no olvidemos que el presupuesto del IMSS es fondeado con las cuotas obrero-patronales y la aportación del gobierno, y ahora sin dar explicaciones del porqué de su desaparición (el Insabi), los más pobres ahora están, como ha sido en este sexenio, sin una garantía de servíos médico y siendo los más perjudicados por una doble decisión del autócrata para ellos: 1) cuando desapareció el Seguro Popular, que ya venía funcionado con gente afiliada y con reglas de operación y un fondo financiero ya formado para eventos catastróficos y se tenía asegurado el servicio médico y los medicamentos y 2) ahora con la desaparición del Insabi, los deja en el aire y sin garantía de servicios médicos y medicamentos.
La única respuesta es no solo la incompetencia obradorista de su “gobierno” sino desaparecer como estrategia de tapar también los actos de corrupción que se saben en el Insabi y que López Obrador, como los muchos actos de corrupción de su “gobierno”, piensa que con la opacidad borra lo nefasto de su actuar. Los más pobres en este caso concreto son los más perjudicados y la evidencia de la demagogia populista, que con una desvergüenza y cínica narrativa, los ha usado para su sola ambición personal; pero si desaparecer el Seguro Popular fue un acto autoritario e irresponsable que significó también con la pandemia muchos muertos, ahora dejar a los más pobres sin nada y en el aire de atención médica es por sí mismo ya un acto criminal. El suicidio obradorista del Insabi es sólo una muestra más del fracaso del “gobierno” populista y de la incompetencia que lo ha acompañado por más de cuatro años.