Las acciones que López Obrador ha realizado como presidente de México, muchas de ellas, sin duda alguna, han dañado la democracia y queda claro que busca concentrar como autócrata una serie de facultades y atribuciones que algunas de las instituciones del Estado venían o vienen realizando, pero también sus intentonas de acabar, o cuando menos, minar a otros poderes del Estado que son para equilibrar, justo, el gran poder que nuestra Constitución, de siempre, le ha otorgado al ejecutivo, son una verdadera amenaza a la democracia mexicana. Pero, la violencia que se vive en nuestro país y la manera cómo se viene desarrollando en esta etapa del proceso electoral contra actores políticos es una gran amenaza a la de por sí frágil democracia mexicana, porque a balazos quieren terminarla. De tal forma que, vistos los hechos y no conjeturas, López Obrador y su régimen, sus acciones o sus omisiones son una amenaza para la democracia y el orden constitucional.
Con 183,500 asesinatos en lo que va del sexenio, México se convierte en un gran cementerio donde no solo no existe seguridad, sino que el Estado prácticamente deja en la impunidad a la inmensa mayoría de esos asesinatos, más los miles y miles de desaparecidos en todo lo largo y ancho del territorio nacional son un reflejo claro y contundente del fracaso en materia de seguridad del obradorato, pero no solo es en esta materia (seguridad): una comisión independiente de científicos, académicos y personalidades de la sociedad han concluido en una investigación que las malas decisiones (hasta de criminales se podrían catalogar) en la gestión de la pandemia de Covid dejaron más de 800 mil muertes, pero, ojo, que 224 mil pudieron evitarse. Esta información no solo debe de quedar en estadística sino que, en un Estado de derecho, esto debe de tener consecuencias de responsabilidad para los responsables y si no es aquí en México donde se debe de iniciar por falta de garantías o por la cooptación de las instancias de justicia, dicha denuncia debería de hacerse en el extranjero, donde existen instancias e instituciones internacionales para llevarlos a juicio por dichos actos criminales.
A menos de dos meses de las mayores elecciones de nuestra historia, donde serán electos 1,580 presidentes municipales, 31 congresos locales, 9 gubernaturas, incluyendo la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y sus 16 alcaldías, más el Congreso federal con sus 500 diputados y 128 senadores, y claro, la joya de la corona, la presidencia de la República, la violencia política está desatada, a tal punto que ya ahora se han rebasado los asesinatos de actores políticos que se dieron en otros procesos electorales para ubicar al actual en el más violento de la historia de nuestro país, así lo señala una investigación de Integralia, quien menciona que de septiembre de 2023 (cuando comenzaron las llamadas intercampañas) a fines de marzo, se han registrado 300 incidentes de violencia política asociados a 399 víctimas en el mismo periodo analizado, y se habrían registrado 161 asesinatos, 100 amenazas y 85 atentados. Por su parte, Laboratorio Electoral, al día 2 de abril contabilizó 156 agresiones a aspirantes y personas relacionadas con el proceso electoral, de las cuales, 51 fueron asesinadas, y de ese total, 25 eran aspirantes a un cargo de elección popular. En el proceso electoral de 2018 la consultora Etellekt registró 774 agresiones contra actores políticos, incluyendo 48 asesinatos, y en las elecciones intermedias de 2021 reportó 782 actos de violencia y 35 asesinatos, dichas cifras, en los pasados procesos electorales, han quedado ya rebasados.
Muchas de las personas amenazadas también por el crimen organizado habrían ya abandonado sus aspiraciones a competir y en otros casos, definitivamente los partidos políticos están señalando que no habrán de participar en la disputa por el poder local, justo por las amenazas a sus cuadros políticos o por no existir condiciones de seguridad. Así pues, ahora no solo es la captura territorial por parte de los carteles, sino los espacios públicos para, de esta forma, ampliar sus actividades criminales y el manejo presupuestal de los gobiernos locales a sus intereses. Al 15 de marzo, el INE informó que dado el alto grado de violencia que se vive en el país en este proceso electoral, 73 candidatos a diversos cargos han solicitado protección. Es claro que al día de hoy y después del asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Guanajuato, este número ha subido.
Pero no solo son los candidatos o los actores políticos, la violencia alcanza como presión a a sus familiares, la organización Data Cívica, en un estudio " Votar entre balas”, ha documentado que en lo que va del sexenio de López Obrador, no solo han sido víctimas de la violencia los actores políticos, sino sus familiares y de ellos contabiliza 113 de 2018 a febrero de este año, y que de ellos, 88 fueron asesinados.
Por su parte, el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral, en su Tercer Informe, advirtió sobre cinco focos rojos en este proceso electoral: la intervención ilegal de López Obrador en las elecciones, la violencia política contra los actores políticos, omisión de coaliciones y precandidatos a la legislación, crisis internas y de legitimidad del árbitro electoral (INE y TEPJF) y la violencia general en el país que afecta las elecciones.
Así, en medio de un país en llamas por la violencia generada por el crimen organizado, es que los mexicanos acudiremos a votar el próximo 2 de junio; no, no se puede decir que votaremos en una “fiesta cívica”, pero tenemos que acudir a votar porque justo de lo que se trata es de cambiar a los actuales “gobernantes”, que bajo la premisa de “abrazos y no balazos” a los delincuentes y no aplicarles la ley es que vivimos el estado de putrefacción en materia de seguridad. Para cambiar, pues, el actual estado de las cosas, es que hay que masivamente salir a votar para tener posibilidades de rescatar la democracia y reencauzar la ruta de un Estado donde se aplique la ley como forma ordinaria y natural a quienes la violenten.