Al acercarse el fin del sexenio del ‘gobierno’ morenista, es claro que los saldos negativos lo ubican como el peor que en el México contemporáneo se recuerde, porque la cantidad de temas complejizan no solo el cierre de un gobierno que, en todo caso, eso sería el mal menor, sino la destrucción institucional en la que deja López Obrador al Estado mexicano; el grado de polarización social que alimentó envenenando diariamente el ambiente con sus dichos; la destrucción de las normas democráticas de convivencia que caracterizan a una sociedad democrática; una permisividad con los criminales y sus organizaciones para dejar un país inseguro, violento y ensangrentado, con un saldo cercano a los 200 mil asesinatos y miles de desaparecidos; una crisis en el sector salud que ha costado miles de muertes; una educación pública deficiente y en crisis, además, una economía estancada que, en promedio en el sexenio, alcanzará 0.8 por ciento de crecimiento y con inflación.
Otro tema fundamental de la herencia maldita del obradorato es la grave situación en que deja las finanzas públicas, dado el monto del déficit fiscal; los compromisos por el pago de la deuda; el hecho que se haya terminado todos los ‘guardaditos’ que había en fondos y fideicomisos desapareciéndolos, como el caso del fondo de estabilización, justo para casos críticos de las finanzas públicas; que hay que decirlo, con una economía estancada sin ingresos por el pago de impuestos y la negativa rotunda de llevar a cabo una reforma fiscal, los mismos programas sociales comprometidos constitucionalmente están en riesgo ante las actuales condiciones en que se queda el gobierno.
Pero si aún esto no fuera suficiente, Morena y sus rémoras en el Congreso y uno que otro legislador traidor, se aprestan a dar un golpe mortal a la democracia constitucional mexicana con la aprobación en puerta de las reformas constitucionales al Poder Judicial y desapareciendo los órganos constitucionales. Con la agenda definida sobre la votación de la reforma al Poder Judicial de nuestro país es como saber la fecha de ejecución de la democracia constitucional de México y con mucha preocupación observar que la misma es avalada por la corrupta ‘oposición’ de la partidocracia presente en las comisiones dictaminadoras del Congreso. Una muestra más de la ruindad de los partidos tradicionales, quienes, asegurados los cargos para sus cúpulas, son cómplices de los ataques que de manera abierta López obrador y sus fieles, comenzando por la presidenta electa, dan a la democracia constitucional, al Estado mexicano y a la separación de poderes, para edificar el régimen autócrata en el que durante seis años ha estado obsesionado López Obrador.
Sabemos que para que el sistema constitucional funcione se debe de dar una verdadera separación de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Los poderes Legislativo y Judicial deben de vigilar, y en su caso, controlar al presidente que, de por sí, en nuestra Constitución tiene amplios poderes y también, claro, tienen la obligación de dejar que el gobierno (Poder Ejecutivo) funcione, este equilibrio de poderes supone también un respeto estricto en los límites que la propia Constitución establece y es lo que la ‘reforma al poder judicial’ se propone destruir.
Pero lo que ahora estamos a punto de testificar es una concentración del poder en manos del Ejecutivo, para que sea solo una persona la que mantenga en sus manos todo el control de los hilos del poder del Estado, y sea su única voluntad la que predomine por encima de un Poder Legislativo que ya desde todo el sexenio han mantenido la orden de López Obrador de que las iniciativas que enviaba se aprobaran sin cambiar una coma, y ahora se busca el control absoluto del otro poder, el Judicial, para que con jueces a modo y por consigna, si no es que abiertamente militantes de Morena, acaten las órdenes presidenciales para la dictaminación de sentencias y con ello, echar a la basura la carrera judicial para, demagógicamente, ‘ser electos por el pueblo’ como si de un concurso de popularidad se tratara y no de juzgadores capacitados, con experiencia y especializados para ocupar, justo, los cargos de jueces.
La desaparición de los órganos constitucionales autónomos y el golpe al Poder Judicial, sin duda, llevará también a una serie de litigios no sólo locales sino en instancias internacionales por la violación del Tratado de Libre Comercio, que seguro se definirán en paneles, pero también por los tratados internacionales que México tiene firmados y que con estas acciones legislativas los transgrede, y ni nuestros socios comerciales ni las empresas afectadas se quedarán calladas, y se meterá en graves problemas de credibilidad a la inversión en nuestro país por el NO respeto al Estado de derecho.
El populismo obradorista, durante seis años, ha modificado las normas básicas de la democracia para avanzar en la construcción del régimen autocrático que está a punto de culminar. La destrucción es tan profunda que tal parece que no alcanzamos a dimensionar aún el grado de resentimiento por el que una parte de la sociedad le dio desde el 2018 el triunfo y que los responsables de que eso sucediera, la partidocracia, continúan sus dirigentes de esos cascarones vacíos como si nada, gozando de las migajas que les avientan. La narrativa triunfante de López Obrador habla también del fracaso del largo camino de la liberalización política que culminó en la democracia defectuosa que construimos y de manera particular, de la sobreventa de la democracia como sistema casi parecido a la panacea, pero sobre todo, en la construcción de instituciones y un engorroso sistema legal. Lo que no se construyó fue ciudadanía, hoy estamos pagando todas esas consecuencias. A la democracia mexicana la mata el populismo.