1
Para muchos líderes de opinión, las amenazas del presidente Donald Trump de retirarse de NAFTA, construir un muro y correr a los dreamers pueden eclipsar la elección presidencial que se avecina en México. Sin embargo, si los mexicanos votan por un cambio, es más probable que lo hagan motivados por su hartazgo de aflicciones internas, empezando por la flagrante impunidad que ha atizado la violencia criminal y corrupción rampante.
Mientras la tasa de homicidio en ascenso atrae cobertura mediática máxima, la adopción generalizada de malas prácticas corporativas ha afectado a la inversión, la innovación y el crecimiento. Aun cuando la administración del presidente Enrique Peña Nieto ha impulsado reformas estructurales, ha minado sus beneficios al reafirmar el statu quo que se resume en la máxima que dice que 'el que no tranza no avanza'.
En esta área en particular, Estados Unidos ha sido una fuerza de bien. A diferencia de la conformidad de sus contrapartes mexicanas, el Departamento de Justicia estadounidense y la SEC (la Comisión de Valores) han lanzado pesquisas de alto nivel en temas de abuso de información privilegiada, soborno, manipulación de mercados y mero fraude.
El más reciente ejemplo de Estados Unidos tomando el toro por los cuernos, mientras la justicia mexicana se hacía a un lado, tiene que ver con Homex, la empresa inmobiliaria. Ésta, que fue alguna vez considerada la mayor compañía de vivienda y la que más rápido crecía, se comprometió a ayudar a resolver el enorme déficit de vivienda en México, ofreciéndole casas a precios razonables a una clase media creciente, además de un retorno razonable a sus inversionistas tanto locales como internacionales. Esta propuesta convenció a PIMCO, Bank of America, Equity International, el Banco Mundial y otros inversionistas institucionales de primera línea, de que les financiaran más de mil millones de dólares, invirtiendo en sus bonos y otorgándoles líneas de crédito.
Una querella presentada en marzo de 2017 ante la SEC explica cómo todo esto era un fraude por tres mil millones de dólares. Gerardo de Nicolás, cuyo hermano Eustaquio compartió casa con el presidente Peña Nieto cuando ambos eran estudiantes universitarios, trabajó con un pequeño equipo de empleados para cocinar los libros contables, reflejando la construcción y venta de más de cien mil casas fantasma.
Las pocas que fueron construidas eran de tan mala calidad que con frecuencia eran inhabitables, a pesar de que miles de familias pobres y de la clase trabajadora se endeudaron para comprarlas. Para cubrir sus huellas, la directiva de Homex pidió prestados miles de millones a bancos locales con documentación falsa.
A pesar del caso armado en Estados Unidos, que incluía fotos tomadas desde satélite de terrenos baldíos donde la empresa clamaba haber construido miles de casas, el sistema legal mexicano ha hecho poco hasta ahora, imponiéndole una multa de un millón de dólares a la empresa, en vez de levantarles cargos criminales a sus directivos. El que acabó en la cárcel fue quien la denunció.
En un caso previo, la investigación del New York Times, acreedora de un Premio Pulitzer, había delatado la práctica sistemática de Walmart que pagaba sobornos a funcionarios locales y estatales para acelerar el otorgamiento de permisos y inducir cambios de uso de suelo, eliminando obstáculos legales para construir nuevas tiendas a lo largo y ancho del país. El Departamento de Justicia estadounidense está finalizando una negociación que se reporta forzará a la admisión de culpa en México, y a que la empresa matriz pague una multa por 300 millones de dólares. Las cortes mexicanas más bien han guardado silencio.
La SEC también fue detrás del tercer hombre más rico de México, Ricardo Salinas, acusándolo de fraude y de uso de información privilegiada. Eventualmente negoció el pago de una multa de siete millones de dólares. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México también le impuso al multimillonario una multa de…300 mil pesos, que después le sería condonada por las cortes mexicanas.
Y mientras que Estados Unidos trabajó con Brasil y Suiza para obtener un veredicto de dos mil 600 millones de dólares contra la gigantesca constructora Odebrecht, SA por pagos de sobornos y por compartir sus ingresos con los funcionarios que autorizaron los contratos, México comparte con Venezuela la distinción de ser los únicos países involucrados que siguen sentados sobre sus manos. De hecho, en México cesaron al fiscal a cargo de investigar el caso.
La sociedad civil mexicana, los dueños de negocios y los ciudadanos ordinarios han reclamado la apatía de las autoridades. Rechazan la afirmación del presidente de que la corrupción es 'cultural' y han enfocado su ira y energía en fortalecer sus endebles instituciones. En 2016, una campaña logró obtener más de 600 mil firmas para forzar a los políticos a presentar sus declaraciones de impuestos, patrimonial y de conflictos de interés. La presión de la sociedad ha impulsado la creación de un nuevo Sistema Nacional Anticorrupción que busca que prácticas cotidianas de influyentismo sean tipificadas como criminales, creando a su vez mejores herramientas y fiscales más independientes para ir detrás de quienes quebrantan la ley. Algunos han obtenido evidencia, con mucho esfuerzo, que les permite construir casos para una posible persecución legal.
Pero el gobierno ha dilatado y extenuado estas iniciativas, dignas de admiración y respeto. Casi la mitad de los estados siguen sin pasar la legislación necesaria para establecer sistemas locales que luchen contra la corrupción. El gobierno federal sigue sin nombrar procurador anticorrupción (la primera selección era demasiado 'cercana' al presidente), fiscal general, auditor superior de la federación, y un gran número de jueces. También ha mitigado la supervisión de la sociedad civil dentro del nuevo sistema, negando casi toda solicitud de investigación de posibles casos de corrupción originados por el Comité Ciudadano.
Ceder la procuración de justicia a Estados Unidos cuando hay crímenes corporativos no es una solución viable, aun cuando la sociedad mexicana la apruebe y el gobierno mexicano —a regañadientes— lo haga también, las instituciones estadounidenses jamás tendrán el alcance, ni podrán hacer su prioridad que cambien las reglas del juego en el país vecino. En su lugar, mientras un gran número de casos permanece lejos de la justicia, el statu quo será la impunidad.
Tristemente, hasta ahora los tres principales contendientes a la presidencia –Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade y Ricardo Anaya– han esbozado más lugares comunes que programas que detallen cómo enfrentar este reto fundamental. México ha hecho un esfuerzo loable por abrir su economía, reformar leyes laborales y avanzar en regulación que evite prácticas monopólicas. Ha hecho reformas financieras, de telecomunicaciones, educativa y energética, pero seguirá sin alcanzar un crecimiento económico más dinámico e incluyente hasta que estén dispuestos a aplicar reglas y leyes elementales. De eso no pueden culpar a Donald Trump.
* Vicepresidenta y analista del Council on Foreign Relations.
Twitter: @shannonkoneil