En el retador panorama sanitario ante un previsible repunte de los contagios en México por una nueva oleada de COVID-19 asociada a la propagación de la variante ómicron, se asoman los temas políticos que estarán en juego durante 2022, entre los que destaca la eventual revocación de mandato.
Como ya se sabe, el Consejo General del INE decidió posponer temporalmente las actividades de organización de la revocación de mandato del presidente López Obrador, por insuficiencia de recursos.
Se aprobó posponerla en tanto la Corte resuelve la controversia que le ha sido planteada o instruye a la Cámara de Diputados proveer al INE de los recursos solicitados para garantizar el desarrollo de la revocación.
La revocación es un instrumento de participación ciudadana para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del titular de la presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza.
Este ejercicio ciudadano de 2022 lo promueven Morena y sus aliados no como revocación, sino como ‘ratificación’ de mandato, proceso que no prevé la Constitución.
La revocación no puede ser considerada como un referéndum –figura que tampoco existe en la Constitución– de la gestión de López Obrador en sus primeros 37 meses de presidencia, hasta este diciembre.
Además de que, según las encuestas, AMLO tiene una aceptación superior a 65 por ciento, su legitimidad sigue estando vigente, pues el mandato constitucional del presidente concluye en septiembre de 2024.
La pandemia
La revocación difícilmente reflejará la percepción ciudadana sobre el manejo del gobierno de la pandemia, cuya deficiente gestión sanitaria para contenerla sigue teniendo altos costos en la población.
El año está terminando con cerca de 300 mil muertos oficialmente documentados en México por COVID-19, pero con más de 644 mil defunciones en exceso al cierre de noviembre.
Aunque ya le sigue de cerca Rusia, nuestro país continúa en cuarto lugar por número de fallecimientos totales, después de Estados Unidos, Brasil e India.
México sigue siendo el que tiene el número más alto de muertes (7.6) por cada 100 casos confirmados de COVID-19, por lo que se reafirma como uno de los países más afectados por la pandemia.
La incidencia observada de defunciones asociadas a COVID-19 se ha mantenido estable ante el avance en el proceso de vacunación, que recientemente se desaceleró.
México se ubica por arriba del promedio mundial con 63 por ciento de la población inoculada con al menos una dosis, pero apenas 51 por ciento de los mexicanos tiene esquema completo de vacunación.
Aunque el país ha recibido 195.2 millones de dosis de vacunas desde hace un año –el 23 de diciembre de 2020 se hicieron las primeras entregas–, se han aplicado 146.9 millones de dosis, por lo que habría 48.3 millones ‘disponibles’.
Desde que comenzaron a desarrollarse las primeras vacunas contra el COVID-19, el gobierno mexicano negoció contratos de precompra con diferentes farmacéuticas y laboratorios, además del cuestionado mecanismo Covax, para asegurar un portafolio de 249.3 millones de dosis.
La desconfianza
La eventual revocación se llevaría a cabo en un ambiente político caracterizado por la polarización social y los embates al marco institucional del país, que afectan el crecimiento económico.
Son motivo de preocupación el debilitamiento institucional y los ataques a los organismos autónomos, señaladamente al INE, por parte del presidente, miembros de su gabinete, gobernadores de la 4T y líderes de su partido.
A eso se suman las inquietudes por el Estado de derecho, la inseguridad y la orientación de algunas políticas públicas.
La inversión productiva no sólo se mantiene prácticamente estancada, sino que se ubica 16 por ciento por debajo de su nivel máximo registrado en julio de 2018.
Pero desde una perspectiva histórica, su retroceso es equivalente a una década, pues en septiembre de este año alcanzó un nivel similar al de marzo de 2011.
La recuperación económica y de la inversión requiere necesariamente de acciones en el ámbito de la gobernanza, pero también de fortalecer el marco institucional para generar confianza.
Los ataques al INE y las amenazas a los consejeros electorales son mensajes que socavan la confianza de los empresarios e inversionistas y, peor aún, atentan contra la perfectible democracia mexicana.