Por la razón que sea, si algo ha faltado a México en esta administración es crecimiento económico.
En 2019 la economía mexicana no creció, sino que se contrajo 0.2 por ciento e incluso experimentó una pequeña recesión.
Un año después, en 2020, llegó la pandemia de covid-19 y entre sus efectos económicos adversos dejó una caída histórica del PIB de 8 por ciento.
En 2021 vino el rebote de la economía, pero sólo alcanzó para tener un crecimiento de 4.7 por ciento, que no logró revertir la caída acumulada en los dos años previos.
En 2022 la actividad económica registró un crecimiento de 3.1 por ciento anual, que sorprendió a los analistas, pues habían anticipado un peor desempeño.
De manera que el promedio de crecimiento de los últimos cuatro años, de 2019 a 2022, es un retroceso del PIB de 0.1 por ciento.
Ahora en los ‘Pre-Criterios 2024′, que entregó este viernes el Ejecutivo al Congreso a través de la Secretaría de Hacienda, se prevé que, hacia el cierre de la administración, “la tendencia de crecimiento observada en 2022 se mantenga”.
En el documento de 71 páginas se informa que para 2023 y 2024 “se anticipan crecimientos de 3.0 por ciento en cada año con un rango para 2023 que va de 2.2 a 3.0 por ciento y de 1.6 a 3.0 por ciento para 2024″.
Si bien no se modifica la estimación puntual para 2023 dado que los supuestos sobre la economía mundial se mantienen, “el nivel mínimo del rango de crecimiento se ajusta al alza (de 1.2 a 2.2 por ciento) debido al buen desempeño de los indicadores económicos de la economía nacional”.
Pero llama la atención que el crecimiento puntual se define en el límite superior del rango y no en el punto medio.
Según Hacienda, el buen desempeño de la economía nacional da un piso de crecimiento superior al estimado en los Criterios Generales de Política Económica 2023, publicados en septiembre pasado.
Las expectativas de los analistas encuestados por Citibanamex, que la semana pasada se actualizaron, anticipan otra cosa: un crecimiento económico de México de 1.4 por ciento en 2023 y de 1.9 por ciento en 2024.
Las perspectivas hacendarias de crecimiento para este año y el próximo no coinciden con lo que el consenso de analistas anticipaba tan sólo hace unos días.
En la encuesta Citibanamex con fecha 21 de marzo, con 33 participantes del sector financiero, no hay un solo analista que pronostique que nuestra economía crecerá más de 2 por ciento en 2023 ni que llegará al 3 por ciento en 2024.
A la luz de lo anterior, la estimación puntual del gobierno para este año y el próximo es optimista, si se considera la coyuntura actual, donde el entorno externo es complejo y ahora más, con los problemas que enfrentan algunas instituciones bancarias en Estados Unidos y Europa.
Hacienda reconoce que persiste incertidumbre sobre la actividad económica de EU, pero advierte un efecto positivo de la relocalización de empresas en nuestro país (nearshoring) sobre la inversión privada.
Puntualmente, estima que el fenómeno de la relocalización de empresas podría aportar hasta 1.2 puntos porcentuales adicionales al PIB de manera permanente.
Aunado a la incertidumbre sobre EU, hay que agregar el endurecimiento de la política monetaria de los bancos centrales estadounidense y mexicano, la Fed y Banxico, si bien sus ciclos de alzas en tasas probablemente estén por terminar.
Así como lo que ha faltado en esta administración es crecimiento económico, lo más sólido es la prudencia en las principales métricas fiscales, específicamente en el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), que es el concepto más amplio de la deuda.
Al cierre de 2022 se ubicó en 49.5 por ciento del PIB y en los ‘Pre-Criterios’ estima que la deuda pública se ubique en 49.9 por ciento del PIB en 2023 y se mantenga en ese mismo nivel en 2024.
Es de gran importancia la estabilidad de las finanzas públicas, sobre todo el desempeño de la deuda medida por el SHRFSP.
Como ya es tradicional, los ‘Pre-Criterios’ incluyen perspectivas de crecimiento optimistas, aunque también se debe reconocer la sostenibilidad de la deuda como resultado de una política fiscal prudente del gobierno.