Ayer, en su primera conferencia matutina de enero, el presidente López Obrador expuso que el presupuesto federal de 2024 tiene tres prioridades:
Garantizar los incrementos y el mantenimiento de los programas para el bienestar, así como el acceso a servicios de salud; no dejar obras inconclusas y que no falte presupuesto para las que están en proceso, y mejorar la situación salarial y basificar a trabajadores al servicio del Estado.
Pero, ¿el Presupuesto va a alcanzar para eso y más? Esa es justo la razón que está detrás de la ampliación del déficit presupuestario a 4.9 por ciento del PIB en 2024 desde el 3.3 por ciento estimado para 2023.
El argumento oficial es que el déficit en las finanzas públicas, que en 2024 será el más elevado desde finales de los años ochenta, se dará una sola vez y tendrá impacto directo en el crecimiento a través del desarrollo de los proyectos de infraestructura.
La pregunta que sigue sin respuesta es qué va a pasar cuando concluyan los proyectos prioritarios de infraestructura, como el Tren Maya, en términos de su efecto multiplicador en la actividad económica.
¿Seguirán teniendo un impacto positivo y siendo detonadores de bienestar, desarrollo y prosperidad, como dice el presidente?
La discusión entre los analistas no es tanto sobre el crecimiento económico, que en 2023 sorprendió positivamente y cerrará el año en torno al 3.5 por ciento, ni sobre la inflación, pues el proceso desinflacionario sigue avanzando, sino más bien sobre la política fiscal en 2024 ante la ampliación del déficit propuesto.
Primero analicemos un poco las cifras más recientes de finanzas públicas.
En el periodo enero-noviembre de 2023, los ingresos presupuestarios del sector público ascendieron a 6 billones 346.9 mil millones de pesos.
Estuvieron compuestos en casi 16 pesos de cada 100 por ingresos petroleros y en 84 pesos de cada 100 por ingresos no petroleros.
De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda, el monto de los ingresos registró un incremento de 1.1 por ciento anual en términos reales –descontado el efecto de la inflación– y fue inferior en 113.6 mil millones de pesos a lo programado para ese periodo.
Los ingresos tuvieron su menor incremento en los últimos tres años y, descontando la caída de 2020, primer año de la pandemia, registraron el peor desempeño en lo que va del gobierno de AMLO.
La recaudación tributaria creció 10.9 por ciento en términos reales, pero se ubicó por debajo del monto previsto en el programa para el periodo enero-noviembre en 117.4 mil millones de pesos.
Del lado contrario, entre enero y noviembre el gasto neto total se ubicó 4 por ciento real por encima del nivel observado en el mismo periodo de un año antes.
El gasto de ese periodo de once meses sumó 7 billones 137.4 mil millones de pesos, pero esto implicó un subejercicio de 265.5 mil millones en enero-noviembre de 2023.
En su más reciente reporte trimestral Examen de la Situación Económica de México, publicado ayer, Citibanamex advierte que la política fiscal cerrará el 2023 relativamente estable.
Pero “para 2024 anticipamos que, por razones electorales, por primera vez se romperá la ‘hiperausteridad’ que había caracterizado a la actual administración”.
Además, “vemos difícil que se cumpla la trayectoria de consolidación fiscal propuesta por la SHCP para los siguientes años, por lo que vemos necesaria una reforma fiscal”.
El escenario para el cierre de esta administración hace más difícil que la próxima presidenta, sin importar quién gane la contienda ni su partido o coalición, no plantee una reforma fiscal o un proceso creíble de consolidación fiscal para los siguientes años.
Los analistas de Citibanamex anticipan “un deterioro en las finanzas públicas para 2024″ y dicen que les “preocupa la ampliación del déficit” y la estimación optimista para el crecimiento económico de este año en 3 por ciento, “cuando el consenso de analistas y nosotros estimamos 2.2 (a 2.3) por ciento, que, de no cumplirse, implicaría menores ingresos a los estimados”.
Ciertamente, además de que se incurrirá en un mayor desequilibrio presupuestario este año, se obliga al gobierno entrante a la implementación de un plan de consolidación fiscal en los próximos años donde se privilegie la prudencia en el manejo de las finanzas públicas.