El 5 de octubre de 2020, el presidente López Obrador y los empresarios del CCE firmaron el Acuerdo para la Reactivación Económica tras la pandemia, que comprendía en un inicio, 39 proyectos de infraestructura por una inversión acumulada de 297 mil millones de pesos.
De esa inversión, 38 mil millones de pesos correspondían a siete proyectos que estaban ya ejecutándose.
De manera que la nueva inversión prevista en el Acuerdo era de 259 mil millones de pesos, monto cercano a 1 por ciento del PIB.
De los proyectos anunciados, cinco eran del sector energía, que sumaban 99 mil millones de pesos, equivalentes a la tercera parte del total a invertir en infraestructura.
El proyecto más importante era la instalación de una planta coquizadora en la refinería de Tula, que implicaría una inversión de casi 55 mil millones de pesos.
Durante la conferencia de prensa matutina del presidente AMLO del pasado 3 de mayo, el director general de Pemex, Octavio Romero, informó que la actual administración invirtió ocho mil 647 millones de dólares en las coquizadoras de Tula y Salina Cruz.
La coquizadora de Tula requirió cinco mil 146 millones de dólares, con el objetivo de reducir la producción de combustóleo e incrementar en 80 mil barriles la de gasolina y diésel.
Según Romero, se prevé que inicie operaciones en julio de este año; o sea, este mes. Lo que no dijo es que terminó teniendo un sobrecosto alto.
Por su parte, la coquizadora de Salina Cruz necesitó de 3 mil 501 millones de dólares y se estima que pueda producir 74 mil barriles de gasolina y diésel.
Sin embargo, esta instalación no logrará estar lista en este sexenio, pues para septiembre se quedará con un avance físico del 54 por ciento.
De regreso al Acuerdo para la Reactivación Económica, el segundo proyecto más relevante por su monto era la construcción del tren Ciudad de México-Querétaro, con una inversión de más de 51 mil millones de pesos.
Esta obra iba a ser ‘revivida’ en junio del 2021, después de que fue cancelada en el gobierno de Peña Nieto, pero tampoco vio la luz en la 4T.
La semana pasada, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, anunció que su programa de infraestructura proyecta la construcción de un tren de pasajeros para la ruta México-Querétaro-Guadalajara, con un periodo de ejecución de 4.7 años para entregar en 2029.
El Acuerdo para la Reactivación Económica era una reanudación del Plan Nacional de Infraestructura, presentado a finales de noviembre de 2019, que contemplaba una inversión de 859 mil millones de pesos en 147 proyectos.
El objetivo del Acuerdo era crear entre 185 y 190 mil empleos, así como alcanzar la meta de inversión pública y privada de 25 por ciento del PIB en 2024, es decir, al cierre de la administración.
En 2023, la economía mexicana registró un crecimiento de 3.2 por ciento anual, resultado principalmente de factores internos como el buen desempeño del consumo y la inversión privados.
En el cuarto trimestre de 2023 se presentó una desaceleración respecto a los tres meses previos, debilidad que prevaleció en el primer trimestre de 2024.
Aun así, entre enero y marzo de este año la inversión fija bruta representó 24.1 por ciento del PIB, después de que en el cuarto trimestre de 2023 su proporción en el PIB fue de 24.6 por ciento.
Además de que casi se alcanzó la meta de 25 por ciento del PIB, la inversión acumuló cuatro trimestres con una participación de más de 24 por ciento, derivada no del efecto del acuerdo, sino de otras obras públicas como la refinería Olmeca-Dos Bocas y el Tren Maya.