CIUDAD DE MÉXICO. Las pérdidas de Pemex por el robo de combustibles en tomas clandestinas superan los 15 mil 300 millones de pesos, alertó el director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin.
Ante legisladores federales, precisó que el volumen de combustible sustraído ilícitamente en dichas tomas ascendió a 7.5 millones de barriles de septiembre de 2013 a agosto de 2014.
"Sin duda se ha invertido una cantidad importante en sistemas de detección de fugas y perforaciones ilegales, pero se trata de un total de 15 mil 300 millones de pesos, eso es lo que lo roban al Estado", declaró Lozoya.
Tan sólo en la planta de Cadereyta, las pérdidas fueron superiores a los 150 millones de pesos.
En su comparecencia ante comisiones, en el marco del análisis del Segundo Informe de Gobierno, el funcionario señaló las tomas clandestinas de los ductos de esta empresa se ha incrementado de manera "preocupante".
"Las cifras: tomas clandestinas en el 2012 fueron de mil 635; en el 2013, dos mil 612, y en el periodo 2014, dos mil 481. Es decir, la tendencia es preocupante, va hacia arriba y, por lo tanto, Petróleos Mexicanos está realizando diversas acciones", dijo.
El funcionario indicó que algunas de esas tomas han causado derrames significativos de productos.
Lozoya se pronunció porque se apruebe la iniciativa para reformar el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal de Delincuencia Organizada y la Ley de Extinción de Dominio para prevenir y penalizar el mercado ilegal de combustibles.
Dicha iniciativa fue presentada por los diputados del PRI Héctor García García y Marco Bernal Gutiérrez, ante la Comisión de Justicia, y aborda "un tema al cual Petróleos Mexicanos apeló desde el comienzo de esta administración", comentó.
El funcionario explicó que Pemex ha invertido en el Sistema Supervisorio de Control y Adquisición de Datos (Scada), el cual permite el control y monitoreo de los sistemas de transporte de gas natural y gas licuado en tiempo real, los 365 días de año, las 24 horas del día, mismo que está implementado en 47 ductos.
"Hemos también propuesto la creación de una unidad especializada en investigación de delitos cometidos en contra del patrimonio de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios", añadió.
Además, se ha implementado una coordinación con autoridades en los tres niveles de gobierno, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Protección Civil, la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Federal y las Fuerzas Armadas.
Asimismo, se ha coordinado con diversas autoridades en los estados de Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Sinaloa, Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla y Veracruz, "para emprender acciones interinstitucionales para el abatimiento de la sustracción y del mercado ilícito de combustibles" y se han establecido convenios de colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional y Marina para dar seguridad a las instalaciones y ductos de Petróleos Mexicanos, destacó.
También se aprobó la reestructuración de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica, organismo interno de Pemex, cuya función es la de garantizar la seguridad de sus instalaciones y se ha fortalecido la atención a la denuncia anónima y ciudadana "para atender el robo de hidrocarburos y emergencias que atentan contra la seguridad de nuestra población".
Lozoya Austin enfatizó que la empresa productiva del Estado que él dirige no es autoridad, ni Ministerio Público.
"Petróleos Mexicanos no es Ministerio Público, no consigna delincuentes. Lo que sí puede hacer es coadyuvar con las autoridades correspondientes, tenemos una fuerza física para prevenir, pero reitero Pemex no es autoridad".