CIUDAD DE MÉXICO. El pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas para la regulación constitucional al derecho a la movilidad universal que no choca con otros derechos fundamentales como el de reunión, la libre manifestación, la libertad de expresión y la protesta social.
Las reformas establecen que el principal sujeto regulado es el Estado, pues éste debe garantizar la libre y segura movilidad de los ciudadanos del país, asegurar el funcionamiento de medios de transporte, el rescate de espacios públicos y la conservación del medio ambiente.
A iniciativa del panista queretano Marcos Aguilar Vega, la Comisión de Puntos Constitucionales llevó a la tribuna un dictamen que reformó los artículos 11 y 73 de la Constitución Política, que el Pleno aprobó en lo general con 292 votos a favor, 100 en contra y una abstención.
Algunos legisladores del PRD, PT y MC pidieron retirar –sin éxito– el dictamen del Orden del día.
Luego de que fueron rechazadas las reservas presentadas, el dictamen se aprobó también en lo particular con 287 votos a favor, 82 en contra y una abstención, con lo que el documento se turnó al Senado para su análisis y aprobación, mismo que posteriormente deberá ir también a los Congresos estatales para su ratificación.
El dictamen aprobado argumenta que quienes viven y transitan en las grandes ciudades, tienen el mismo derecho de utilizar el espacio público, que el que tienen las personas que ejercen el derecho a la libre expresión y reunión en el marco de una manifestación.
"Las tensiones que existen entre el ejercicio de los derechos a la libre manifestación, expresión y reunión, así como el derecho a la movilidad, no justifica sacrificar un derecho por encima de otro. Ese es el objeto que tienen estas modificaciones, incorporar el derecho a la movilidad en la Constitución para evitar los altos costos políticos y sociales que desestabilicen los pilares que sustentan a la sociedad", plantea.
Explica que la Ley General que expedirá estas modificaciones, deberá regular la actuación de la autoridad, para permitir el ejercicio armónico de los referidos derechos, "por lo que deberán implementarse planes y procedimientos operativos adecuados para facilitar el ejercicio del derecho de reunión sin poner en riesgo el ejercicio del derecho a la movilidad".
La reforma constitucional contiene en sus transitorios que en un plazo máximo de 180 días el propio Congreso de la Unión deberá crear la Ley General de Movilidad Universal –y después en 60 días en todos los Congresos locales–, que deberá "regular la actuación de la autoridad para permitir el ejercicio armónico de los referidos derechos, por lo que deberán implementarse planes y procedimientos operativos adecuados para facilitar el ejercicio del derecho de reunión, sin poner en riesgo el ejercicio del derecho a la movilidad".
Remarca que "quienes viven y transitan en las grandes ciudades tienen el mismo derecho de utilizar el espacio público, que el que tienen las personas que ejercen el derecho a la libre expresión y reunión en el marco de una manifestación".
A nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, el panista Marcos Aguilar Vega, autor de la iniciativa de reformas, precisó:
"Pueden estar seguros todos los mexicanos que el interés de esta Cámara de Diputados no ha sido ni será evitar que se realicen marchas, obviamente cumpliendo con lo que establece la Constitución y siempre y cuando no afecten a terceros".
Pero el diputado perredista Alejandro Sánchez Camacho aseguró que "eso no es más que la antesala de la reglamentación de las marchas", por lo que la reforma "nos genera alarma" y "no es el momento adecuado para poner esta iniciativa en el debate y su posible aprobación".